La militante socialista Leire Díez Castro se defiende este martes ante Ferraz. Llegó esta tarde a la sede federal del partido, antes de las 17 horas, para dar explicaciones sobre sus reuniones con empresarios presuntamente delincuentes y abogados y sus supuestas maniobras contra mandos de la Unidad Central Operativa (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil.
La dirección federal del PSOE abrió el miércoles de la semana pasada un expediente informativo a Díez Castro, después de tres días de muchos titubeos, y lo hizo en buena medida por la presión interna. Pero no había dado más pasos. Ayer lunes, la propia afiliada socialista, motejada como la fontanera de Ferraz —algo que ella y el partido niegan tajantemente—, apuntaba que aún no había sido citada para defenderse. Finalmente, la reunión con la cúpula se está desarrollando a lo largo de la tarde de este martes, 3 de junio. Ella, a su llegada, no quiso hacer declaraciones ante los medios apostados en la puerta: se limitó a «agradecer» la «amabilidad» de los periodistas que han estado tratando con ella estos días. «No voy a decir nada, y voy a seguir sin decir nada», señaló.
Según figura en el artículo 92 de los estatutos federales del PSOE, la dirección puede, si lo estima necesario, abrir un expediente informativo antes de ir a uno disciplinario. La cúpula nombra entonces un instructor encargado de recabar la información. Y una vez que tenga todas las pruebas pertinentes, ese instructor, «pondrá en conocimiento del órgano ejecutivo correspondiente todas las actuaciones realizadas, quien adoptará la decisión de incoar el expediente disciplinario o archivar la causa».
Ahora mismo, la ejecutiva de Sánchez no ha dado pistas sobre qué hará en los próximos días. Ni siquiera quiso confirmar la cita de este martes con Díez. Pero la presión interna va a más. La afiliada, que fue concejala en Vega de Pas (Cantabria) entre 2011 y 2014, y luego directiva de las empresas públicas Enusa (2018-2021) y Correos (2022-2024), fue grabada en sus reuniones con empresarios imputados y abogados, a los que ofreció tratos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de material comprometedor, para empezar, contra el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del área de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa, la que está encargada de las causas que afectan al Ejecutivo y al PSOE —las que atañen al hermano y a la mujer del presidente, al fiscal general del Estado y al exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García—. Díez también llegó ofrecer a varios medios un vídeo de contenido sexual del fiscal anticorrupción José Grinda.
Este martes, y ante el silencio de Ferraz, fue preguntada por los periodistas la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. La ministra insistió en que Díez «no habla en nombre del Gobierno», es solo una militante a la que se ha abierto expediente informativo. Más que desmarcarse de lo que hizo, la titular de Educación manifestó la «reprobación» del Ejecutivo a «cualquier tipo de mensaje agresivo o violeno».
«Si hay que tomar cualquier tipo de decisión o iniciativa, saben que el PSOE será absolutamente contundente, como siempre lo ha demostrado el propio Partido Socialista en este caso», sostuvo la portavoz en rueda de prensa en la Moncloa. «Se ha abierto un expediente para conocer toda la verdad y actuar si hubiera que actuar», zanjó, dando a entender que la cúpula puede ser más drástica contra ella.
Lo que ya está claro es que el presidente, antes o después, tendrá que comparecer por el affaire Leire Díez. El PP pidió su comparecencia en el pleno del Congreso, y desde el principio ERC lo vio con buenos ojos. Este martes, Junts anunció su respaldo a la comparecencia de Sánchez y finalmente Podemos y los republicanos registraron una iniciativa conjunta para que lo haga. La duda es la fecha, dado que el periodo de sesiones acaba el 30 de junio. Todo apunta, por tanto, a que ese pleno puede llegar en julio. «Si el Parlamento lo pide, el presidente acudirá», prometen desde la Moncloa, donde recuerdan que el jefe del Ejecutivo también tendrá que explicar las conclusiones de la cumbre de la OTAN en La Haya y del Consejo Europeo ordinario en Bruselas, citas que se celebrarán ambas en la última semana de este mes.
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