Profesionales de la Justicia se han reunido este martes en Sevilla para manifestar públicamente su rechazo frontal a los planes del Gobierno para controlar el Poder Judicial.
Se trata de las entidades firmantes del Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho, nacido tras la Ley de Amnistía, que se han reunido en la biblioteca del Palacio de Justicia de la Audiencia de Sevilla.
El objetivo del encuentro ha sido elevar la voz desde Andalucía contra el proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, remitido por el ministro Félix Bolaños a las Cortes, que modifica el acceso a la Judicatura y la Fiscalía.
«Nos llamaron alarmistas, pero estamos en un momento histórico ante la demolición deliberada del Estado de Derecho a través de distintas fórmulas«, ha subrayado Ana de la Herrán, de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.
Esta entidad forma parte del citado pacto junto a una serie de asociaciones que engloban a los cuerpos de funcionarios relacionados con la defensa del Estado de Derecho, tales como jueces, fiscales, notarios, policías, letrados, vigilancia aduanera, entre otros.
Todos se han unido en la capital andaluza para alzar la voz contra el intento del Gobierno de Pedro Sánchez de cambiar el sistema «objetivo, igualitario y justo» de oposiciones a la carrera fiscal o judicial o a la administración pública por un sistema que consideran «subjetivo, a dedo» y con «sesgo ideológico».
Esta ha sido una de las peticiones de la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus. A su juicio, este cambio no preserva el sistema objetivo existente actualmente de oposición, que garantiza unos cuerpos constituidos por profesionales que han ganado una oposición basada en «mérito, capacidad, igualdad y objetividad».
Un paro el próximo 11 de noviembre
Además de esta petición, todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, han convocado un paro de diez minutos para las 12,00 horas del 11 de junio a las puertas de las sedes judiciales para expresar su rechazo a las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y de la Fiscalía.
El objetivo es la retirada del proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal, así como del anteproyecto de ley que reforma que pretende reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para adaptar la Fiscalía al nuevo modelo procesal que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales que hasta ahora dirigen los jueces.
Las asociaciones firmantes como representantes de cuerpos de funcionarios del estado y la administración local, jueces y fiscales y profesionales del derecho han creado un comité de coordinación con el propósito de trasladar a la sociedad civil, nacional e internacional la importancia de los valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y separación de poderes.
También la independencia de los cuerpos profesionales como muestra de su compromiso en la defensa del estado de derecho social y democrático.
Cristina Dexeus ha recordado el motivo que generó la creación de este pacto. Fue la tramitación de la Ley de Amnistía y lo que ello comportaba «de ofensa al estado de derecho» y, posteriormente, unas reformas que se están tramitando, algunas ya aplicadas a los cuerpos de funcionarios del estado, así como a las carreras judicial y fiscal.
A su juicio, cualquier otro sistema que admita «la subjetividad» puede dar lugar al acceso a estas carreras de personas que no estén tan capacitadas y que, sin embargo, cumplan con unos determinados sesgos ideológicos.
