La defensa legal de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad bajo el Gobierno del Partido Popular, ha solicitado a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón que revoque la medida de prisión provisional decretada el pasado jueves. Según alega su abogado en un extenso escrito, el principal motivo aducido por la jueza para ordenar su ingreso en prisión —la supuesta capacidad del acusado para destruir pruebas— carece de sustento real.
En el recurso presentado, la defensa insiste en que no existe evidencia concreta que demuestre que Martínez, quien ejerció como número dos del Ministerio del Interior, tenga acceso alguno a las fuentes de prueba cuya protección justificaría su reclusión. “No existe ni un solo elemento en el auto recurrido del que se infiera la capacidad de Martínez para acceder a las fuentes de prueba de este caso y poder destruirlas”, sostiene el documento.
El abogado recuerda que la Fiscalía justificó su solicitud de prisión argumentando que Martínez podría “borrar o alterar la información que guarda sobre sus clientes en su nube”, pero no los datos supuestamente sustraídos por el conocido hacker José Luis Huertas, alias Alcasec, y almacenados en un servidor en Suiza. “Lo cual tiene muchísimo más sentido que el riesgo que pretende conjurar la instructora”, remarca el letrado, cuestionando la lógica del razonamiento judicial.
La jueza María Tardón sostiene que Martínez habría participado en actuaciones destinadas a obstaculizar la investigación, concretamente asesorando a la madre de Huertas en la destrucción de pruebas. La defensa rechaza esta acusación, asegurando que no se ha detallado en qué consistió dicho asesoramiento. “Sin saber en qué consistió exactamente ese asesoramiento telefónico a una madre orientado a destruir pruebas relevantes, entendemos que de su hijo, es muy difícil valorar la capacidad o más bien la telecapacidad de Martínez para hacer desaparecer las evidencias digitales del presente caso”, señala el recurso.
En la misma línea, el abogado niega que exista algún indicio sólido que permita afirmar que el ex alto cargo del PP tenga control remoto o indirecto sobre el contenido almacenado en el servidor suizo. “No hay más indicio para afirmar que Martínez, bien directamente, bien a través de la madre o de los amigos, tiene la llave para apretar el botón remoto de autodestrucción de las evidencias digitales del servidor suizo”, recalca.
Uno de los puntos más polémicos del recurso se refiere al rol que la jueza atribuye a Martínez dentro de la organización criminal investigada. La magistrada lo describe como “coordinador jurídico-operativo y arquitecto de blindaje estructural de la organización criminal”, subrayando su perfil profesional como combinación de “conocimientos jurídicos, vínculos institucionales y experiencia política”. Sin embargo, la defensa rebate esta caracterización, preguntándose cuál ha sido la “contribución concreta y específica de Martínez a esa compleja y sofisticada red tecnológica de sustracción y comercialización de datos”.
“¿No será que la imputación de Martínez es necesaria para completar el trío que permita hablar de organización criminal?”, plantea el letrado, insinuando que su cliente estaría siendo instrumentalizado para encajar en una narrativa procesal que justifique la existencia de una estructura criminal más amplia.
Además, la defensa denuncia que Martínez ha sufrido “indefensión” por la falta de acceso a los elementos esenciales de la imputación debido al secreto de sumario que aún pesa sobre la causa. “El secreto de las actuaciones no puede abarcar a los hechos que se imputan al investigado y a las razones motivadoras de la privación de libertad”, afirma el abogado, quien advierte que la ausencia de esta información impide ejercer adecuadamente el derecho a la defensa. “Se estarían vulnerando sus derechos fundamentales a la defensa y a la libertad”, añade.
En este sentido, sostiene que ni el propio Martínez ni su representación legal pudieron argumentar contra la medida de prisión provisional con pleno conocimiento de los elementos que la fundamentan. “Ya que ni él ni esta su representación procesal y asistencia letrada pudieron evitar la adopción de la medida cautelar de prisión preventiva mediante alegaciones realizadas con un conocimiento directo de los elementos de las actuaciones en los que dicha medida cautelar se sustentaba”, concluye el escrito.
Por su parte, fuentes jurídicas que han tenido acceso al auto de prisión revelan que la jueza describe una evolución de la supuesta trama desde un esquema clásico de ciberdelincuencia hacia una “red de inteligencia criminal privada y transnacional”, capaz de intervenir en sectores estratégicos con finalidades que van más allá del lucro económico, alcanzando incluso niveles de “control y explotación masiva de información sensible”.
La instructora centra parte de su argumentación en la “continuada relación” que Martínez habría mantenido con Huertas desde 2021, año en el que el hacker fue detenido siendo aún menor. Según el auto, Martínez habría asesorado legal y fiscalmente en la creación y gestión de la sociedad Horus Corp, administrada formalmente por Adrián Molina, otro de los investigados y presuntamente vinculado a Alcasec.
“Estos vínculos refuerzan la inferencia de que Martínez conocería en profundidad el rol operativo y técnico de ambos dentro del entramado criminal”, argumenta la jueza. En esta línea, se le atribuye un papel clave en la configuración legal y operativa de la red, diseñando estructuras societarias que funcionarían como fachadas legales para encubrir actividades ilícitas. “Estas sociedades, administradas formalmente por terceros como Molina, se estarían utilizando para canalizar ingresos ilícitos, emitir facturación simulada y aparentar una actividad económica lícita”, apunta el auto.
Además, se considera que esta arquitectura empresarial habría servido para desvincular formalmente a Alcasec de los beneficios económicos del entramado, reduciendo su exposición judicial directa. “Actividades que exceden ampliamente las funciones de la defensa técnica legal y evidencian su participación activa y consciente en las actividades propias del entramado criminal”, apostilla la jueza.
La magistrada señala a Martínez como impulsor de iniciativas para insertar a Huertas en entornos académicos y profesionales legítimos, mediante acuerdos con instituciones educativas, participación en programas formativos y otras actividades vinculadas con la ciberseguridad, lo que, a ojos de la instructora, consolidaría su implicación activa en la organización investigada.
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