El exconsejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero ha declarado ante el juez que instruye una de las causas sobre muertes en residencias durante la primera ola de la pandemia que los protocolos de derivación de residentes a hospitales aplicaron criterios discriminatorios en la atención sanitaria.
El juez de Instrucción número 6 de Leganés ha interrogado esta mañana en calidad de testigos además de a Reyero; al presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón; al exasesor Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como asesor de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para la lucha contra la pandemia; y a las dos querellantes.
El próximo 17 de junio están citados en calidad de investigados los exaltos cargos del Gobierno regional Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. También comparecerá como investigada la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina.
En los exteriores de los jugados, se han concentrado decenas de personas convocadas por Marea de Residencias con motivo de las comparecencias. A la entrada de Juan Abarca, los manifestantes le han increpado al grito de 7.291 muertos.
A los investigados se les imputa la presunta comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. El procedimiento se encontraba archivado provisionalmente, pero fue reabierto el 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial.
Tras concluir la declaración, el exconsejero ha reiterado que él no elaboró los protocolos y que tendrían que «ser otros autores o las propias personas de la Consejería de Sanidad los que tendrán que decir cuál fue el proceso de elaboración de esos protocolos».
«Los protocolos estaban fundamentalmente dirigidos a los hospitales y se pedía que se informara a la Consejería de Políticas Sociales y que se informara a las propias residencias, pero realmente el protocolo iba dirigido hacia el ámbito sanitario, que eran los que habían establecido además un sistema que hasta ese momento había existido de geriatras de enlace», ha señalado.
El exmiembro de Ciudadanos ha explicado que cuando conoció los textos el día 21 de marzo de 2020, se dirigió al consejero de Sanidad, en aquella época Enrique Ruiz Escudero, y a Carlos Mur, diciéndole una frase que luego se hizo famosa: «que si esos protocolos se aplicaban, las personas morirían de forma indigna». «Les explicaba las razones por las que creía que se estaba produciendo una discriminación de personas que vivían en residencias y que tenían un nivel de discapacidad y dependencia elevado», ha señalado.
«Yo siempre insisto, los protocolos, para mí, tienen una componente discriminatoria clara, una discriminación en función del lugar de residencia y del nivel de discapacidad y dependencia. El que eso sea delito, a mí no me corresponde, me corresponde a un juez, que es el que tiene que decir si eso es un delito», ha subrayado.
Por su parte, el abogado de las asociaciones de víctimas, Carlos Castillo, ha detallado que las querellantes han podido ratificar su relato durante su declaración judicial. En cuanto a Abarca, ha indicado que «de su declaración se ha podido desprender claramente que no existieron derivaciones directas desde las residencias a los hospitales privados que estaban bajo su control».
«Las derivaciones que hubo de residentes se hicieron previamente habiendo pasado por un hospital público. Es decir, que no se utilizaron los recursos de los hospitales privados que estaban en manos de la Consejería de Sanidad gracias al mando único que se estableció en la pandemia», ha subrayado. A su juicio, ha quedado confirmado que «no existía una posibilidad de derivar directamente desde la residencia a los hospitales privados».
La fiscal ha solicitado la suspensión de la declaración de Burgueño después de que éste relatara que fue citado por vía telefónica por la presidente regional, Isabel Díaz Ayuso, en una reunión, el 11 de marzo. En esa reunión, le planteó que debía haber un mando único sanitario en relación a la pandemia.
«Fue nominado como ese posible mando único y a partir de esa declaración la Fiscalía ha solicitado la suspensión de su declaración en calidad de testigo ante la posibilidad de ser citado en el futuro en calidad de investigado», ha indicado el letrado.
Altos cargos en pandemia
Carlos Mur era director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del Covid-19.
Javier Martínez Peromingo era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado.
Pablo Busca era el director gerente del Summa 112 y responsable de las ambulancias en la primera ola de la pandemia. Las asociaciones consideran que «las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad, ya que dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos».
El procedimiento que se sigue en el Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes.
