La oferta de compra (opa) del BBVA sobre el Sabadell ha entrado en su fase decisiva, a la espera de que el Gobierno decida si le impone o no condiciones adicionales que pudieran hacer al banco de origen vasco desistir o a los accionistas de la entidad catalana rechazar su propuesta. Una opción que el BBVA viene defendiendo que el Ejecutivo no tiene razones para tomar, como ha vuelto a sostener este martes el responsable de su filial española, Peio Belausteguigoitia. «Consideramos que la unión de BBVA y Sabadell es positiva para el interés general: es positiva para los clientes, los empleados, los accionistas y el conjunto de la sociedad y el país», ha defendido en unas jornadas bancarias del IESE.
La referencia al interés general no es casual. La ley de defensa de la competencia de 2007 da hasta el 27 de junio al Consejo de Ministros para optar entre confirmar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (la CNMC aprobó la operación por unanimidad con compromisos pactados con el BBVA), dar luz verde a la opa sin condiciones (más que improbable), o imponerle otras distintas mediante un acuerdo que «deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia». En una entrevista con EL PERIÓDICO, el presidente del banco, Carlos Torres, ya defendió que no los hay: «No queda ningún aspecto de interés general que no hayamos cubierto».
De la decisión que tome el Consejo de Ministros, esperada en el sector para su reunión del martes 24 de junio (se prevé que apure el plazo pero no que convoque un consejo extraordinario para esta operación), depende en buena medida el futuro de la operación. El Sabadell y buena parte de la sociedad catalana desean que el Gobierno trabe la operación, algo que parece posible dado que la mayoría parlamentaria del Ejecutivo depende de los partidos nacionalistas catalanes, sumado al hecho de que la Generalitat tenga color socialista. Sin embargo, la inusual amenaza de un expediente sancionador a España lanzada la semana pasada por la Comisión Europea ha añadido incertidumbre al desenlace, por más que el Gobierno defienda que su actuación está siendo «absolutamente respetuosa» con la normativa española y europea.
Pendientes del empleo.
En medio de todo este complejo escenario, el argumento principal del BBVA en esta fase de la opa es que los «robustos» compromisos que ha asumido ante la CNMC van más allá de la defensa de la competencia y, responden ya a los criterios de interés general que podría esgrimir al Gobierno. Belausteguigoitia, en este sentido, se ha referido a las medidas que el banco se ha comprometido a adoptar en materias como la inclusión financiera, la cohesión territorial, la protección de los clientes vulnerables y el acceso al crédito de las pymes y los autónomos.
Algunos de estos criterios coinciden total o parcialmente con los utilizados por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para defender su decisión de elevar la opa al Consejo de Ministros: «objetivos de política social» y «cohesión territorial». Pero otros no, o no tanto: el «adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial», la «promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos» y, sobre todo, la «protección de los trabajadores».
Incertidumbre y rumores
Se trata de una cuestión relevante, ya que puede dar una pista de por dónde podría actuar el Gobierno si decide entorpecer la opa. En el entorno de la operación se especula con que el Ejecutivo pudiera poner límites a la destrucción de puestos de trabajo que conllevaría la integración, como también se habla de que pudiera poner coto a la presencia del BBVA en el consejo del Sabadell (es decir, que el banco matriz tuviera en su filial menos puestos de los que le corresponderían por su peso en el accionariado, que superaría el 50% de los derechos de voto) o advertirle de que no le permitirá fusionarse con la entidad catalana durante un número elevado de años (lo que reduciría las sinergias de la operación). La base legal para todo ello, en cualquier caso, es muy discutida en el sector.
La elevada incertidumbre que rodea el proceso, así, está dando lugar a todo tipo de dudas y especulaciones que no se resolverán previsiblemente hasta dentro de unas semanas. Otro de los frentes abiertos, en esta línea, es si el BBVA acudiría a la justicia en caso de que reciba un pronunciamiento que considere ilegal por parte del Gobierno. No está claro, porque tener al Ejecutivo en contra nunca es bueno para ninguna empresa, además de que un dictamen judicial favorable podría demorarse mucho tiempo y no tener un impacto significativo en la opa. Pero, en cambio, sí parece más plausible que algunos de los grandes inversores de alguno o de los dos grandes bancos se pueda sentir perjudicado y acuda a los tribunales.
