La Agencia valenciana antifraude (AVAF) ya no realizará informes para la Fiscalía Anticorrupción. Era una de las funciones destacadas desde su creación en noviembre de 2016 por la ley de la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunitat Valenciana. Una potestad que escocía, mucho, a las defensas en las principales causas de corrupción en las que ha intervenido Antifraude en los últimos años. Una colaboración natural, casi que se podría decir que de exigencia democrática, que desde ayer ha pasado a la historia.
Una enmienda de adición del grupo parlamentario Vox a la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, más conocida como la ley de acompañamiento de los presupuestos, aceptada por el Partido Popular (han pactado un total de 110) permite cortar de raiz esta colaboración entre Antifraude y Anticorrupción. Prácticamente congelada desde el cambio en la dirección de la agencia, creada de la nada desde 2016 por el jurista Joan Llinares y que desde julio de 2024 dirige el economista Eduardo Beut.
Aunque la enmienda de Vox es más de supresión que «de adición», al menos en lo que respecta al artículo 5.2 de la ley que creó la AVAF, que modifica. El inicio del artículo 5.2 es un calco del aprobado en la ley en vigor desde el 28 de noviembre de 2016. La modificación introducida por Vox consiste en eliminar el resto del articulado que concedía a Antifraude la potestad concedida Antifraude de «proporcionar el apoyo necesario, siendo un órgano de apoyo y colaboración con la autoridad judicial y el ministerio fiscal cuando sea requerida. La agencia solicitará a la fiscalía información periódica respecto del trámite en que se encuentran las actuaciones iniciadas a instancia suya».
El apoyo de Antifraude a la Fiscalía Anticorrupción siempre ha estado en la diana desde el cambio de dirección de la agencia. De hecho, el nuevo director de la Agencia Antifraude Eduardo Beut cesó en septiembre de 2024 a la número dos y al número tres de la entidad por desatender su trabajo al colaborar con la justicia en la elaboración de informes periciales para la Fiscalía Anticorrupción. Beut, elegido gracias a la mayoría del Partido Popular y Vox en las Corts, tomó posesión el 23 de julio de 2024. Tras un periodo vacacional, apenas tardó unos días en comunicar el cese a Teresa Clemente, directora adjunta de Antifraude y jefa de asuntos jurídicos y a Gustavo Segura, director de investigación de la agencia y su rival para dirigir la agencia.
La lucha contra la corrupción es lo que había convertido a la Agencia Antifraude en una aliada de la Fiscalía Anticorrupción para la elaboración de periciales en diversas causas ya juzgadas como el caso Erial que condenó al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. También en el caso Taula y el caso Azud. Una función amparada por la ley de creación de la Agencia Valenciana Antifraude, que ahora se borra de un plumazo.
La colaboración con Anticorrupción se reflejaba en la ley de creación de la Agencia Antifraude, el reglamento y las normas internas. Pero también se había materializado en la firma de un convenio con la Fiscalía General del Estado para que los organismos antifraude apoyaran «al Ministerio Fiscal mediante dictámenes, informes u otras actuaciones técnicas que sean necesarias». Una competencia que parecía molesar a la nueva dirección de Antifraude ya que entre los motivos con los que se justificó el cese de Clemente y Segura se consideró que ambos han excedido sus competencias al colaborar con los órganos judiciales y, «especialmente», la Fiscalía Anticorrupción, como adelantó Levante-EMV.
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