Hacienda ve anomalías en un contrato a Barrabés que Begoña avaló pero también en dos que le dio Almeida y uno Carmena


Tribunales
CASO BEGOÑA

La IGAE ha enviado un extenso informe técnico al juez Juan Carlos Peinado, que investiga tanto a Barrabés como a la esposa de Pedro Sánchez.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado irregularidades formales en varios contratos públicos recibidos por una empresa de Juan Carlos Barrabés.

Una de estas adjudicaciones fue otorgada en 2021 por la entidad pública Red.es, también adscrita a Hacienda. Y la oferta había sido respaldada, a través de una manifestación de interés (una suerte de carta de recomendación que avala un proyecto), por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Ahora bien, la IGAE detecta una irregularidad muy similar (una cuestión formal en el proceso de valoración de las ofertas) en un contrato otorgado a la misma empresa de Barrabés por parte del Ayuntamiento de Madrid en 2021. Es decir, con José Luis Martínez-Almeida al frente.

Así lo ha hecho constar la IGAE en un informe de 144 páginas ya enviado al juez que investiga a Gómez, Juan Carlos Peinado.

En esta misma causa, conocida como caso Begoña, el magistrado también mantiene investigado a Juan Carlos Barrabés.

El dosier también detecta anomalías formales en otro contrato licitado con Almeida al frente del consistorio madrileño y en uno de 2016, adjudicado cuando Manuela Carmena dirigía el Ayuntamiento de la capital.

Las irregularidades

La irregularidad que la IGAE detecta con respecto al contrato de Red.es consiste en que «la ponderación real de los criterios evaluables de forma automática [en este caso, el único era el criterio precio] sea inferior a la ponderación real que corresponde a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor».

«La valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor debió realizarse por un comité de expertos no adscritos al órgano proponente del contrato [Red.es] o por un organismo técnico especializado».

Por ello, Hacienda concluye que se vulneró la Ley de Contratación del Sector Público en esta licitación, en lo relativo a este extremo.

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