Casi 4 de cada 100 empresas encuestadas en la Comunidad Valenciana y Baleares para las Encuestas Empresariales del Banco Mundial declaran haber tenido que enfrentar al menos un soborno a funcionarios públicos para ejercer su actividad, y lo han hecho por un importe equivalente a casi el 1% de su facturación anual.
Así se desprende de los datos por comunidades autónomas de las llamadas ‘Encuestas Empresariales’ que el Banco Mundial realiza de manera global, en todos los países, y cuya última edición, presentada en España el pasado 26 de mayo, abarca 103 países sobre la base de 250.000 entrevistas. En el caso particular de España, el Banco Mundial encomendó el trabajo de campo de su encuesta a la Cámara de España, que, entre enero de 2024 y marzo de 2025, realizó 1.431 encuestas a directivos y propietarios de una muestra representativa de empresas españolas de más de 5 trabajadores en los sectores industriales y de servicios, para diferentes tamaños (según una metodología homogénea del Banco Mundial para todos los países). La muestra incluye 100 empresarios y directivos de la Comunidad Valenciana y Baleares (agrupados en ‘Zona Este’, a efectos de la encuesta)
Las preguntas incluidas en las encuestas abarcan cuestiones como infraestructuras, comercio, finanzas, regulaciones, fiscalidad, licencias de actividad, corrupción, prácticas de gestión, economía sumergida, acceso a financiación, innovación, empleo y percepciones sobre los obstáculos para hacer negocios.
Bloque de corrupción
“¿En los dos últimos años, ha solicitado esta empresa una licencia para operar? ¿Se le ha solicitado para ello algún obsequio o pago informal?”. Este es solo un par de preguntas relacionadas que forman parte de la parte del cuestionario planteado a las empresas para intentar radiografiar el nivel de corrupción de una economía a través de la práctica de sobornos. La misma pareja de preguntas se repite para otros trámites administrativos, como contratos públicos, permisos de construcción, inspecciones fiscales, conexiones de agua o luz o licencias de importación.
Para el conjunto de España, solo el 0,4% de las empresas encuestadas admite haber asumido al menos el pago de un soborno. Es un porcentaje muy bajo, si se comparan los que arroja la encuesta para el grupo de países de Europa y Asia Central (6,1%) o con otros países de alto nivel de ingresos (4,2%).
En particular, el porcentaje de empresas españolas a las que solicitó regalos o pagos informales fue del 0% en reuniones con inspectores fiscales y del 0,3% en el caso de permisos de construcción (3,3% y 3,9% respectivamente, en países de altos ingresos).
Desglose autonómico
Cuando se desciende al análisis de los datos por comunidades autónomas, estos muestran que, prácticamente, solo empresarios encuestados en la Comunidad Valenciana y en Baleares asumieron el pago de sobornos. Así fue en el 3,7% del centenar de empresas que componen la muestra representativa seleccionada por la Cámara de España para la ‘Zona Este’ (Comunidad Valenciana y Baleares).
También lo admitieron el 0,7% de los encuestados en la ‘Zona Sur’ (Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla). Para el resto de comunidades, el porcentaje de empresas que admitieron haber aceptado al menos un soborno resultó nulo (0%).
«Se dice que, a veces, se exige a las empresas realizar obsequios o pagos informales a funcionarios públicos para ‘lograr resultados’ en materia de aduanas, impuestos, licencias, regulaciones, servicios, etcétera. En promedio ¿qué porcentaje de las ventas anuales totales, o del valor anual total estimado, pagan empresas como esta en pagos informales u obsequios a funcionarios públicos para este propósito?», se pregunta en el cuestionario del Banco Mundial.
A esta cuestión respondieron los empresarios de la ‘Zona Este’ que habían pagado, aproximadamente, el equivalente al 0,9% de su facturación anual. Los de la ‘Zona Sur’ lo cifraron en el 0,7%.
Principales obstáculos para la actividad empresarial
A la hora de determinar cuál es el obstáculo principal que condiciona su negocio, los empresarios españoles señalan, sobre todo, la falta de formación adecuada en la mano de obra (opción señalada por el 35% de las empresas encuestadas), la normativa laboral (el 18%) y la administración tributaria (el 15,9%), muy por delante de otras cuestiones como el acceso a la financiación (5,5%), la inestabilidad política (el 5,1%), el transporte (4,4%), o la obtención de permisos y licencias de actividad (el 3,5%). Solo el 2,9% de los encuestados señalan la electricidad como un obstáculo para su actividad empresarial.
El porcentaje de empresas que señalaron la inestabilidad política como principal obstáculo llegó al 8,5% en Catalunya y al 10% en la ‘Zona Noroeste’ (Asturias y Cantabria), mientras que apenas llegó al 1,7% en Galicia o al 1,8% en la ‘Zona Centro’ (Castilla-La Mancha y Extremadura).
Suscríbete para seguir leyendo
