Moncloa no se resigna a asumir un fracaso anunciado de la XVIII Conferencia de Presidentes convocada para este viernes en Barcelona. El choque entre el Ejecutivo y las comunidades gobernadas por el PP se tradujo el pasado miércoles en un inédito desacuerdo durante la reunión del comité preparatorio, de donde se salió sin lograr fijarse un orden del día para cita del órgano multilateral. Este mismo lunes, desde Génova no se descartaba un plante de sus barones en caso de seguir excluyéndose todas sus propuestas a debatir. En el Gobierno, por su parte, retaban a las comunidades del PP a mover ficha y enviarles una nueva lista de asuntos con el compromiso de volver a estudiarla.
Un escrito que los populares que han remitido la noche de este lunes, con la firma de las once comunidades que presiden, además de Ceuta y Melilla, pero sin variaciones sobre la propuesta inicial sobre la que no hubo acuerdo. El Gobierno de Canarias, donde los populares son la parte minoritaria de la coalición, no se ha sumado a esta nueva petición en la que persiste el pulso.
En el Gobierno esperaban una propuesta reformulada para poder ajustarla al visto bueno de los servicios jurídicos, pues el descarte de alguno de los temas requeridos por los populares se justificó por exceder el marco competencial de este foro de cooperación. Concretamente, las “indelegables” competencias en el “control de fronteras” y la retirada de proyectos de ley promovidos por el Ejecutivo, como la reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal. A escasos cuatro días para la reunión del Gobierno con las comunidades autónomas, lejos de avistarse un acercamiento, el debate ha derivado a una interpretación reglamentaria para descargarse mutuamente las responsabilidades de esta confrontación, sin cerrar la puerta a su judicialización.
Los populares apelan a su capacidad para incluir asuntos al contar con mayoría, como permite el reglamento, mientras que en el Ejecutivo hacen valer su papel para someter a examen previo los asuntos que puedan incluirse en el orden del día. Asimismo, recuerdan que la inclusión de asuntos a posteriori por razones de urgencia requerirán del visto bueno tanto del presidente del Gobierno como de diez comunidades autónomas. El escrito firmado por los populares insiste en el artículo 5.2.C del Reglamento de la Conferencia de Presidentes, que establece que «se incluirán en todo caso como asuntos en el orden del día aquellos solicitados a instancia de la mayoría de los representantes del conjunto de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía».
Los otros seis asuntos que solicitan incluir las comunidades presididas por el PP fueron aceptados en la propuesta de orden del día ampliada por el Gobierno, aun con cambios en su abordaje. Ahora, en el PP vuelven a reclamarlo con la misma literalidad, como el enfoque de «la ocupación y la inquiocupación» dentro de la temática de vivienda; la «retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda» en el de financiación autonómica o «las energías de respaldo para evitar un nuevo apagón» en el marco del plan energético.
A las puertas de la manifestación del PP
Sin demasiado optimismo, en el Ejecutivo todavía veían posibilidades este lunes de encauzar el conflicto para salvar la Conferencia de Presidentes. Sin embargo, entienden que tampoco ayuda el anuncio del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de convocar una manifestación dos días después contra la “corrupción” de Pedro Sánchez. La mayoría de barones populares han confirmado ya su presencia en dicha manifestación en Madrid, bajo el lema de “mafia o democracia”.
En Moncloa desconfían que esta agenda de los populares aliente en el sector más duro del partido un boicot al órgano multilateral. De hecho, fue la Comunidad de Madrid la primera en poner en duda su presencia este viernes en Barcelona. Si las posibilidades de llegar a puntos de acuerdo ya eran escasas, los socialistas temen que en este contexto se alimente más la crispación entre instituciones.
Antecedentes de plantón
Además de la manifestación contra el Gobierno para este domingo, Feijóo ha puesto sobre la mesa una eventual moción de censura si socios parlamentarios del Ejecutivo rompen amarras ante tormenta por el caso de los audios contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En ellos, una “militante” del PSOE, Leire Díez, ofrece beneficios judiciales al empresario Alejandro Hamlyn a cambio de material comprometedor contra el teniente coronel Antonio Balas, responsable de investigaciones que afectan al entorno del Gobierno.
El disenso y la confrontación política entre el Gobierno y las comunidades del PP es una tendencia que viene acentuándose durante los últimos meses en los órganos multilaterales. El pasado mes de abril, las comunidades con presidentes populares plantaron al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la conferencia sectorial del ramo. Los consejeros de Justicia de las comunidades gobernadas por el PP se desplazaron presencialmente para la reunión, pero finalmente declinaron participar alegando que no se abordaría la financiación sobre la nueva ley de Eficiencia.
El principal precedente de un plantón de los representantes de las comunidades del PP se produjo en Consejo de Política Fiscal y Financiera. Entonces, abandonaron la reunión en protesta por la quita parcial de la deuda, optando por hacerlo todos en bloque. De reproducirse en la Conferencia de Presidentes, significaría un salto cualitativo. Por un lado, el rey Felipe VI preside la foto de familia. Por otro, la Conferencia de Presidentes es el máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
