La obligación del Tribunal Constitucional es determinar si la ley de amnistía tiene cabida en la Constitución y la ponencia preparada por su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, considera que sí, que es compatible con la carta magna, y que no es arbitraria, puesto que una ley tan excepcional como esta se promulgó con el fin de pacificar el conflicto que se vivía con Catalunya, como la propia norma exponía en su exposición de motivos. La propuesta de sentencia solo da la razón al recurso del PP en tres puntos concretos, todos ellos menores, señalaron fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO.
El borrador de sentencia, que no se entregará a los 12 magistrados que componen el pleno hasta este lunes, cuando se publique el orden del día del pleno que comienza el próximo día 10, avala en líneas generales la primera ley que establece esta medida de gracia en democracia, pero no en todos sus extremos, puesto que ve tachas de inconstitucionalidad en tres de ellos, aunque todos de entidad muy menor. En esa reunión, Montalbán explicará a sus compañeros en detalle la resolución que propone dictar.
Una de las pegas que el borrador de sentencia pone a la amnistía es que entre los beneficiarios por la amnistía no se incluyeron los que se manifestaron contra el ‘procés’, lo que supone una vulneración del principio de igualdad, aunque se haya aplicado tanto a independentistas como a policías. El segundo es que la norma establecía el perdón de los actos comprendidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, pero añadía que “también se entenderán aquellos cuya ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha”, lo que supone una proyección de futuro inconstitucional, según Montalbán, que en su ponencia reduce el ámbito de la ley a los hechos del pasado sin conceder una carta blanca indeterminada.
La tercera objeción que hace la propuesta de sentencia pasa por el Tribunal de Cuentas. La ley pretendía evitar que el procedimiento por responsabilidad contable seguido contra Puigdemont, Junqueras y una treintena de encausados por el 1-O y la acción exterior pudiera quedar excluida y estableció el archivo de sus actuaciones, «previa audiencia del ministerio fiscal y de las entidades del sector público perjudicadas por el menoscabo de los caudales o efectos públicos amnistiados, cuando estas no se hayan opuesto”.
La propuesta de sentencia considera que se debe dar audiencia previa a todas las partes, lo que incluye a las entidades que ejercieron la acusación popular en el procedimiento. El Tribunal de Cuentas dejó en suspenso la sentencia que estaba a punto de dictar a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolviese la cuestión prejudicial que le había elevado respecto al desvío de dinero público a un fin ilícito.
Aplicación a la malversación
Sobre lo que el alto tribunal todavía no se pronuncia en esta primera sentencia que dictará es respecto al extremo más importante para los condenados y procesados en rebeldía del ‘procés’ por el Supremo, porque no entra en la negativa del alto tribunal a aplicar la amnistía al delito de malversación, al considerar que se enmarca en las excepciones de la propia ley.
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los ‘exconsellers’ Dolors Bassa y Raül Romeva, aún siguen cumpliendo la pena de inhabilitación que les impuso el alto tribunal en su sentencia de octubre de 2019. Y sobre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los ‘exconsellers’ Toni Comín y Lluís Puig aún pesan órdenes de detención para el caso de que vuelvan a España, aunque sería extraño que con una amnistía en el horizonte estuvieran muchos días en prisión, con independencia de que el TC aún no se haya pronunciado sobre la malversación. En cualquier caso tanto condenados como procesados en rebeldía podrán intentar esgrimir ante el Supremo el aval que el Constitucional hará a la amnistía para tratar de agilizar la resolución de sus recursos de amparo que se prevé para final de año.
Se prevé que el TC dicte su primera sentencia sobre la amnistía, con la que marcará el camino de todas las demás, en el pleno de la semana del 24. En ese pleno participarán seis magistrados de sensibilidad progresista y cuatro conservadora, proporción con la que se espera que salga adelante la resolución que propone Montalbán. En el bloque de la mayoría se abstuvo el magistrado Juan Carlos Campo, porque como ministro de Justicia se pronunció sobre la amnistía en los informes que proponían el indulto de los condenados. En el conservador José María Macías ha sido apartado de los debates de los recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad.
