Del silencio total a la condena absoluta por hechos «de extrema gravedad». El caso de Leire Díaz salpica de lleno al PSOE y tiene a Sumar como una víctima colateral, tras su estrategia fallida del primer momento, donde intentó esquivar el asunto y evitó cualquier tipo de consideración al respecto. Después de cuatro días de mutismo y tras un incesante goteo de noticias, Yolanda Díaz dio un giro de 180 grados, calificando de «muy graves» los hechos y reclamando medidas al socio mayoritario de Gobierno. Un cambio radical que llegó tras un error de cálculo, al no calibrar el impacto de las primeras informaciones, y ante el temor a dar alas a PP y Vox en su intento de desgastar al Gobierno.
El lunes, El Confidencial publicó el primer audio sobre Díez, excargo público y militante socialista que mantuvo diversas reuniones con empresarios investigados por fraude fiscal para obtener información comprometedora contra jefes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), encargada de investigaciones en casos que afectan al Gobierno, como que los que salpican a la mujer y al hermano del presidente, el caso Koldo o el fiscal general del Estado.
Ese mismo día, tras las primeras informaciones, fue el portavoz del partido y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien esquivó pronunciarse sobre este asunto. «Son filtraciones en medios de una conversación privada«, desdeñó el dirigente, que determinó que «es simplemente una filtración». El martes, hizo la propio la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, aun cuando el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, había calificado lo ocurrido como «absolutamente rechazable». «No entramos a valorar noticias sobre conversaciones privadas», defendió la portavoz de Sumar.
El silencio se mantuvo el miércoles, cuando Yolanda Díaz tuvo que afrontar en solitario las críticas de la oposición en la sesión de control al Gobierno, ante la ausencia de Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Desde el PP acusaron a la vicepresidenta segunda de «comerse la corrupción con patatas» y de «tapar» al PSOE. Sumar se mantenía en silencio. Lo justificaba en un intento de blindar al Gobierno y frenar la estrategia del PP para sembrar la discordia entre los socios de coalición. Mientras, Izquierda Unida, el partido más importante del grupo parlamentario de Sumar, ya había mostrado contundencia hacia el asunto y había llamado al PSOE a tomar medidas al respecto.
Giro de guion
El jueves, al cuarto día del caso, fue la propia vicepresidenta segunda la que pasó a defender que los hechos eran de «extrema gravedad» y exigió «medidas contundentes» al PSOE contra Leire Díez. Este giro de guion fue una manera de corregir lo que algunos ven como un fallo inicial a la hora de calibrar la envergadura y la repercusión de estas informaciones, que en un primer momento quedaron fuera del radar. El partido no prestó «demasiada atención» a este episodio y hay quien admite cierta «torpeza» a la forma de abordar el asunto.
El punto de inflexión es produjo tras la rueda de prensa de Martínez Barbero el martes en el Congreso, ante la insistencia de los periodistas sobre este asunto y después de que el Partido Socialista ya hubiera condenado las actuaciones. Fue tras esta comparecencia donde se planteó abordar el caso de Leire Díez, en un debate que presentaba ciertas aristas.
Una de ellas es el alcance real de este caso a su socio de Gobierno. Una incógnita que dependerá en buena medida de la implicación del PSOE en la actuación de Leire Díez y si ésta recibió alguna instrucción de lpartido, actuaba por cuenta propia o atendía a intereses de terceros.
Sin embargo, el principal escollo era el temor a que las críticas a este caso, que entronca directamente con el PSOE, pudiera alimentar «el marco de la derecha». En el socio minoritario de la coalición se resisten a contribuir al «clima» que a su juicio quiere instalar la oposición, y se esfuerzan en diferenciar la actual etapa con el Gobierno de Mariano Rajoy, donde estallaron escándalos como la Gürtel, el caso Bárcenas o la policía patriótica, defienden.
Las declaraciones de Yolanda Díaz, respaldadas después por otros dirigentes de Sumar como Ernest Urtasun, están extremadamente calculadas, guardando un difícil equilibrio entre la condena a unos hechos que la vicepresidenta segunda consideró «incompatibles con la democracia» y su intento de delimitar el caso para no contribuir a la percepción de que existe una corrupción extendida.
Con este mismo afán, Díaz se ha esforzado en recordar estos días la batería de medidas anticorrupción que presentaron hace más de un año, que incluye recomendaciones del Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. Sumar lanzó esta propuesta nada más estallar el caso Koldo y para poner un cordón sanitario al escándalo. Pero lo cierto es que, más allá de los titulares, la iniciativa está parada en el Congreso y las negociaciones, apuntan fuentes conocedoras, tampoco se han puesto en marcha entre los grupos parlamentarios.
