El Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso ha pedido al Gobierno la repatriación de diecinueve menores migrantes no acompañados con dificultades de adaptación, como ha publicado El País y han confirmado a EFE fuentes de la Consejería madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. La Comunidad de Madrid, que ha recurrido el decreto de reparto de niños migrantes, comenzó a hacer peticiones de reagrupación familiar el pasado mes de abril.
Hasta el momento, la Comisión de Infancia y Adolescencia ha remitido a la Delegación del Gobierno en Madrid quince expedientes de menores inmigrantes no acompañados con dificultades de adaptación para su reagrupación familiar y tiene pendientes de enviar otros cuatro. Este órgano colegiado continuará valorando todos aquellos casos que presenten imposibilidad real de integración.
Desde el departamento que dirige Ana Dávila han señalado que esta medida se adopta para evitar que sigan siendo blanco fácil de las mafias de tráfico de personas y del consumo de drogas y resulta imprescindible proteger a la mayoría de los menores, que sí desean integrarse y que están siguiendo su proyecto educativo de manera ejemplar. Cada caso es valorado de forma pormenorizada en este órgano colegiado, formado por profesionales de la protección a los menores, que remiten los casos a la Delegación del Gobierno cuando se constata que llegan a España sin margen ni tiempo para abordar una intervención educativa eficaz para la atención de sus necesidades.
Por ello, según lo previsto en el reglamento de extranjería, la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia decide que en estos casos la mejor opción para su desarrollo es el regreso a su entorno familiar. Para el Ejecutivo regional, es imprescindible que el Gobierno central actúe en los países de origen, solicitando a las representaciones diplomáticas de estos países los informes sobre las circunstancias personales de los menores, como exige el artículo 35 de la Ley de Extranjería.
Asimismo, la Comunidad de Madrid pide que se despliegue con urgencia una política exterior eficaz en materia de protección de menores, al considerar que «la respuesta no puede limitarse a la acogida indiscriminada sin mecanismos adecuados para gestionar estos casos específicos». La Comunidad de Madrid presentó el pasado 2 de abril un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Extranjería aprobada por el Gobierno, porque, desde su punto de vista, los criterios fijados por el Ejecutivo para el reparto de menores migrantes invaden competencias autonómicas y vulneran sus derechos fundamentales, al desplazarlos «por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia».
