La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no afronta la reunión del próximo viernes en Pedralbes en son de paz. El mismo día que se anunció que se convocaría la Conferencia de Presidentes en Barcelona para este 6 de junio, el portavoz de su gobierno, Miguel Ángel García Martín, ya acusaba a Pedro Sánchez de «deslealtad institucional» por no informarles previamente y haberse tenido que enterar por los medios de comunicación. Desde entonces, el tono no ha bajado, más bien al contrario. Esta misma semana, tras la fallida reunión del comité preparatorio para configurar un orden del día, el mismo García Martín aseguraba que la conferencia corría el riesgo de convertirse en el «monólogo» de un Sánchez que «solo busca una foto» y vinculaba la asistencia de Madrid a la aprobación de un orden del día, algo que no se consiguió en la reunión del comité preparatorio del miércoles. «La llave la tiene el Gobierno», zanjaba.
Con Ayuso al frente, el Gobierno regional está acostumbrado a la confrontación y ha buscado asumir el papel de ariete entre las comunidades populares en cuestiones como el rechazo a la condonación de deuda autonómica o a los criterios de reparto de menores migrantes. Una actitud que se mantiene ante la cita en Barcelona, en la que aseguran en Sol que se deberían abordar la financiación autonómica, lo que llaman «el caos migratorio» e iniciativas para reforzar el Estado de derecho. Todo ello en un clima de guerra total con el Ejecutivo, al que se acusa de montar «operaciones de Estado» contra la presidenta madrileña en referencia al procesamiento por fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador, o la imputación de ex altos cargos por dos juzgados diferentes en relación con la gestión de las residencias durante la primera ola del covid.
En materia de financiación autonómica, la Comunidad de Madrid no ha llegado a calcular una deuda histórica por considerarse infrafinanciada, pero sí considera el modelo caducado y ha reclamado una revisión de las variables de población ajustada y hasta 5.000 millones de euros no percibidos del Fondo de Competitividad. Además, se denuncia el aumento de competencias a asumir que no vienen convenientemente financiadas desde el Estado. Se suele citar las ayudas a la dependencia, financiadas al 50% por cada administración pero de las que, afirma la Comunidad de Madrid, el Estado solo aporta el 30%.
El gobierno madrileño también ha sido muy crítico con la condonación de deuda autonómica pactada para Cataluña con ERC y extendida luego por Hacienda al resto de territorios. La madrileña Rocío Albert lideró el plante de consejeros del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en que se acometió la quita el pasado febrero y Madrid entiende que es un tema que se debe abordar ahora. Su postura es de total rechazo. Se defiende que no se trata de una condonación, sino de una mutualización de la deuda que premia a las comunidades presupuestariamente irresponsables y que, al pasar a ser asumida por el Estado, supondrá un incremento de 483 euros para cada madrileño.
La Comunidad de Madrid también pide que se hable de inmigración, otro asunto en el que polemiza a menudo con el Gobierno. Es frecuente que el Ejecutivo madrileño pida públicamente un plan del Gobierno «para frenar el caos migratorio» en el que se escuche a las comunidades autónomas, aunque no detalla qué medidas cree que debe incluir. Madrid continúa manifestando su oposición a los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados y es una de las cuatro comunidades que lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional. Además, considera que en la Conferencia de Presidentes se debe tratar la «indelegable competencia exclusiva de la Administración General del Estado en el control de fronteras e inmigración». Un aldabonazo contra el pacto anunciado en marzo entre PSOE y Junts para que Cataluña gestione competencias en la materia pese a que aún ni siquiera se ha registrado la proposición de ley en el Congreso de los Diputados.
Foto de familia de la última Conferencia de Presidentes, en diciembre de 2024, en Santander. / C. Ortiz – Europa Press
Desde el primer momento, el Gobierno incluyó la vivienda entre los temas a tratar en la conferencia. Las comunidades del PP han exigido que se aborde en relación con ello la okupación ilegal, una cuestión en la que Ayuso y su gobierno andan particularmente activos. Este jueves, el Gobierno regional ha organizado por primera vez una jornada sobre el tema con representantes institucionales y dueños de viviendas que han sido okupadas y hace dos semanas, la presidenta firmaba un convenio con los colegios de abogados de Madrid y Alcalá de Henares y el colegio de procuradores de Madrid para ofrecer un primer asesoramiento legal gratuito a propietarios de afectados. En ese acto, Ayuso hablaba de 9.000 viviendas okupadas en la región. Madrid reclama en este sentido un endurecimiento del Código Penal y reformas legales para agilizar los procesos de desalojo.
El mismo día que se supo que se convocaría la Conferencia de Presidentes, García Martín mostró su escepticismo esgrimiendo un folio en blanco. «Estos fueron los asuntos tratados y las conclusiones de la conferencia de Santander [la última celebrada], el pasado diciembre», señalaba. El portavoz del gabinete de Ayuso, sin embargo, sí mencionaba un asunto que creía se debía tratar ahora: la justicia. En concreto, aludía a un fortalecimiento del Estado de derecho, «que se ha puesto en cuestión por el propio Gobierno». Es otro de los escenarios de confrontación habitual. El propio García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local además de portavoz, encabezó el plante de consejeros populares al ministro Félix Bolaños en la última Conferencia Sectorial de Justicia, el pasado abril en Barcelona, porque el Gobierno se había negado a incluir en el orden del día, argumentaron, un punto específico sobre la financiación de la nueva ley de eficiencia judicial, una norma definida por Ayuso como «caballo de Troya de la ideología que no cree en la separación de poderes». Lo que ahora se pide retirar, en cambio, son las propuestas de reforma del acceso a la carrera judicial y el Estatuto fiscal.
Los presidentes del PP quieren también hablar de seguridad energética y del déficit de infraestructuras. El primero es uno de los temas preferidos de Ayuso. Tras el apagón del pasado 28 de abril repite que España va camino de ser “un país bolivariano al que se le funden los plomos” y ha intensificado su demanda de que se paralice el calendario de cierre de las centrales nucleares, un reclamo que ya había escenificado unos meses antes con una visita a la central cacereña de Almaraz junto a la presidenta extremeña, María Guardiola. Una semana después del apagón, la interrupción durante horas del tráfico de trenes entre la capital y Sevilla volvió a darle alas para criticar las infraestructuras ferroviarias, asunto que en Madrid tiene además un motivo de queja permanente con el servicio de Cercanías: más de 950 incidencias en 2024, el triple que en 2022.
