Tras varios meses de negociaciones, PP y Vox han cerrado un acuerdo para aprobar los presupuestos de Baleares. Un pacto en el que se han incluido gran parte de las exigencias de los de Abascal para que el Govern pueda sacar adelante las cuentas.
Entre las principales medidas destacan la reducción del requisito del catalán en educación y función pública, la lucha contra la inmigración irregular y la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares. Así, estas son las claves del acuerdo alcanzado entre populares y ultraconservadores.
Menos catalán
Uno de los puntos clave en el pacto firmado entre PP y Vox está vinculado a la cuestión lingüística, uno de los temas estrella para los ultraconservadores. De esta forma, el Govern modificará la ley balear de educación para introducir el castellano como lengua vehicular. Según reza el pacto, se modificará dicha normativa educativa «para incluir la vehicularidad de las dos lenguas cooficiales y la promoción de las modalides lingüísticas propias de cada isla en los principios rectores del modelo lingüístico, para garantizar el conocimiento del español en el sistema educativo».
El pacto también suprime el requisito del catalán para acceder a plazas docentes de muy difícil cobertura. El objetivo es «permitir que en aquellas oposiciones para plazas docentes de muy difícil cobertura solo se deba acreditar el conocimiento de catalán una vez obtenida la plaza con el objetivo de cubrir las plantillas docentes», determinan PP y Vox.
Otra de las medidas incluidas en el acuerdo es la «exención de la evaluación de la lengua catalana para alumnos de familias que se desplazan de manera temporal por razones debidamente justificadas a las islas». De esta forma, alumnos que vengan de fuera de las islas tendrán un máximo de cuatro años para estar sin aprender la lengua propia de las islas.
En cuanto a la obtención del título de catalán para los estudiantes, PP y Vox apuestan por «rebajar la nota necesaria al finalizar ESO y Bachillerato para obtener el título de catalán B2 y C1 respectivamente, a la nota requerida por los criterios del marco europeo de lenguas de referencia».
Libre elección de lengua
En cuanto al plan de elección de lengua en los centros, el acuerdo señala que se fomentará «la adhesión de al menos un centro educativo al plan piloto en todas las comarcas de las islas, antes de final de legislatura, para que todos los padres puedan elegir la lengua de enseñanza sin necesidad de sacar a sus hijos de su entorno de residencia». En este sentido, también se desarrollará «una campaña en los medios de comunicación durante el proceso de escolarización del curso 2025-2026 para informar a las familias» del plan de lengua.
Función Pública
PP y Vox también acuerdan flexibilizar el requisito de la lengua propia de las islas para los funcionarios de Baleares. Así, el texto habla de «garantizar que el catalán no penalice en el acceso a bolsas públicas de trabajo , analizando las categorías, cuerpos, escalas y puestos de trabajo que no tratan con la ciudadanía para la rebaja o exención del nivel lingüístico exigido, y exceptuando aquellas plazas deficitarias o de difícil cobertura, donde la exigencia lingüística pueda dificultar la prestación del servicio a los ciudadanos, de manera que el catalán no suponga un impedimento para acceder a estas plazas».
También se ampliará el plazo para el personal público estabilizado, pasando de 2 a 4 años para acreditar el nivel exigido de catalán, y se rebajará el conocimiento de la lengua propia de las islas para los celadores.
En relación a las comunicaciones, ambos partidos incluyen un apartado relativo a «garantizar que el ciudadano pueda escoger la lengua oficial en la que la administración pública le responda en el momento de presentar una solicitud» así como el de «garantizar que todos los formularios y trámites de la administración pública dirigidos a los ciudadanos estén disponibles en las dos lenguas oficiales».
Inmigración
Uno de los aspectos clave en este acuerdo PP-Vox es el de la lucha contra la inmigración irregular, impulsando así planes para deportar a los menores no acompañados que lleguen a las islas. Según establece el acuerdo, se colaborará con los consells insulares «en la elaboración de planes de retorno de los menores migrantes a sus países de origen«.
El documento también recoge la voluntad de «no acoger a más menores migrantes procedentes de otras comunidades autónomas», así como la necesidad de «realizar pruebas de edad» a estos menores para expulsarlos si son mayores de 18 años. En este sentido, se establece «un mínimo de tres años de residencia para la ayuda de emancipación a extutelados».
Vinculado al tema de inmigración, ambos partidos determinan «suprimir las subvenciones a organizaciones islamistas» así como la necesidad de «trasladar al Gobierno el rechazo a que el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí se desarrolle en centros educativos de Baleares y emplazarle a buscar espacios alternativos fuera de los centros educativos».
Derogación de la Ley de Memoria
En el acuerdo, PP y Vox han acordado derogar la Ley de Memoria Democrática de Baleares. Ambos partidos han acordado suprimir la norma aprobada por la izquierda en 2018 después de que los populares pactaran hace apenas unos meses con la izquierda no tumbar esta normativa a cambio de que la oposición no ponga obstáculos para eliminar las 34 enmiendas de Vox aprobadas por error en el decreto de simplificación administrativa.
Tanto la presidenta del Govern, Marga Prohens, como los populares han mostrado en las últimas semanas su total disposición para derogar la norma con el objetivo de contentar a Vox y facilitar el pacto de los presupuestos. Prohens incluso reconoció que tumbar esta normativa es «una exigencia» de los ultraderechistas para dar apoyo a las cuentas y aseguró que dicha ley «nunca ha sido una prioridad» para el actual Ejecutivo.
Rechazo del Pacto Verde
La alianza entre PP y Vox también establece un rechazo del pacto verde. En este sentido, ambas formaciones apuestan por «dotar una partida presupuestaria para un fondo de maniobra, para compensar los efectos de las políticas europeas», así como por la «implementación de medidas fiscales para fomentar el relevo generacional en las explotaciones agrarias de las Islas». En este apartado también se apunta hacia la necesidad de «aumentar la partida destinada a la promoción de producto local«.
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