Oficiales de la Guardia Civil opinan que pudo haber delito en la reunión que mantuvo la militante socialista y cargo en diversos puestos de la Administración Leire Díez con un grupo de abogados y el empresario procesado Alejandro Hamlyn para buscarle irregularidades y fallos a un jefe de la UCO. Un despacho de abogados de Madrid estudia estos días la relevancia penal de lo que ha trascendido en forma de vídeo y audios de aquella reunión, de cara la posible presentación de una querella en los tribunales o una denuncia ante la fiscalía.
Encarga el estudio la asociación profesional APROGC, que tiene dos vocales en el Consejo de la Guardia Civil y que, entre los sindicatos del instituto armado, se caracteriza por ser la entidad que más representa a la cúpula uniformada, el escalafón de los comandantes, tenientes coroneles, coroneles y generales.
La acusación puede girar en torno a una figura recogida en el Código Penal, de las que matizan entre la conspiración y la proposición para delinquir. El artículo 17.2 de la norma dice que «la proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo».
Daño personal
Puede que impulse la querella no tanto la intención que del vídeo publicado se desprende -de obstruir a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que realiza pesquisas por orden de tres jueces en el caso Koldo y en torno al hermano y la esposa del presidente del Gobierno- como de señalar o presionar a uno de los investigadores, al que se señala de forma peyorativa con nombre y apellidos.
«Muy a pesar suyo se le ha dado a conocer en toda España», explica Francisco Javier Pajuelo, portavoz de APROGC. Se refiere al teniente coronel Antonio Balas Dávila, jefe del área de investigación económica de la UCO, al que Leire Díez -actualmente expedientada como militante del PSOE- fija como objetivo de sus propias indagaciones para dañar su imagen. «Él no se puede defender, solo seguir trabajando», indica un alto oficial, que ha trabajado con Balas durante años.
Leire Díez, durante su paso por Correos como directora de Filatelia. / A. Pérez Meca EUROPA PRESS
Ciertamente, no podría llevar a cabo una acción individual ante los tribunales si no quiere que ese proceso enturbie o afecte a la probidad de las delicadas investigaciones en manos de la UCO. En esa unidad de policía judicial de la Guardia Civil «saben por experiencia que muchas personas que pueden acabar en la cárcel por sus investigaciones se defienden intentando tirar abajo los procesos», comenta una fuente cercana a lo afectados.
Guardias con estrellas
La «indefensión» que perciben en APROGC les ha llevado a tomar la iniciativa de encargar el estudio de una denuncia que, de materializarse, se convertiría en derivada no menor de la maraña judicial que envuelve a nombres socialistas. Este martes, Pajuelo, entrevistado por la COPE, dio indicios de que la idea había tomado ya cuerpo.
30/04/2024 Varios agentes de la Guardia Civil, durante un registro en la calle Mimosas, a 30 de abril de 2024, en Barrantes, Ribadumia, Pontevedra, Galicia (España). Una operación antidroga abierta en la provincia de Pontevedra ha detenido al menos a 15 personas por la distribución de estupefacientes en distintos puntos de España. En esta operación participan el Equipo de Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil de Pontevedra, dependiente de la UCO. La operación está en marcha y se va a prolongar durante toda la jornada. POLITICA Elena Fernández – Europa Press / IGAT
El lunes 26, tras publicarse la reunión de Leire Díez, la Asociación Pro Guardia Civil emitió un comunicado en el que advierte de que «cualquier intento de desprestigiar su trabajo [el de la UCO] supone un agravio no solo para quienes integran esta unidad, sino también para el conjunto de la sociedad que confía en sus instituciones y espera de ellas respuestas firmes frente al delito».
La APROGC aprobó sus estatutos en enero de 2016. Promovió su fundación un grupo de oficiales, entonces alarmados por el crecimiento de iniciativas en favor de la desmilitarización del Cuerpo y la percepción de una amenaza de pérdida de las esencias de la institución. Desde entonces -si bien ha obtenido en procesos electorales representación en la escala básica- es conocida en el instituto armado como la asociación más próxima al generalato.
Entre los principales promotores de la APROGC estuvo el coronel Manuel Sánchez Corbí, entonces una figura muy reconocida entre la alta oficialidad de la Guardia Civil por sus servicios en la lucha contra ETA. Sánchez Corbí había sido el jefe del operativo de liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. En el momento de la fundación de la Asociación Pro Guardia Civil, el coronel llevaba un año al frente de la UCO… la misma unidad a la que ahora la entidad profesional planea defender en los tribunales.
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