La Unidad Central Operativa (UCO), el organismo central de la Policía Judicial de la Guardia Civil, tiene claro que 85 personas -uno de ellos ya falleció- fueron enchufadas en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) hasta su extinción en 2011. Pasando luego todos a trabajar al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Ahora en el informe que ha trasladado al juez la Guardia Civil pone nombre y apellidos a estos enchufes, denunciados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF). Entre ellos hay casos llamativos, como familiares de los propios trabajadores y directivos, o de cargos relevantes del PSOE, incluso de sindicatos.
Tal es el caso de las sobrinas de Gaspar Zarrías, a la que había que «contratar sí o sí» según consta en uno de los correos aportados, y de Cándido Méndez.
El primero fue consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía entre 1996 y 2009 y condenado por el Supremo por el caso ERE. El segundo fue secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) durante 22 años.
Este informe, consultado por EL ESPAÑOL, ofrece más nombres y apellidos. En el listado aparecen familiares directos del que fuera su director, Fernando Villén, condenado hasta en dos ocasiones por sus funciones como director a seis y a tres años y medio de prisión, respectivamente.
Primero por crear una caja b y gastar hasta 32.000 euros de fondos públicos en prostíbulos. En segundo lugar fue condenado por contratar de manera arbitraria al que fuera alcalde de Lebrija, Antonio Torres, durante ocho años por un sueldo global de 360.000 euros sin acudir a trabajar.
Otro de los casos llamativos es el de Carmen Ibanco, la mujer de Juan Espadas, portavoz socialista en el Senado y ex secretario general del PSOE andaluz. Esta aseguró que envió su curriculum tras ver un anuncio en prensa.
Sin embargo, desde la Guardia Civil constataron que envió su currículum por correo directamente al Director de Recursos Humanos, lo que pudiera denotar, a priori, «la privilegiada posición que de partida poseía la investigada».
En aquellas fechas Juan Espadas era viceconsejero de Medio Ambiente en el Gobierno andaluz y fue contratada para realizar tareas de apoyo técnico al proyecto de acciones para la mejora de la calidad en los procesos de intermediación con una nómina de 1.783,81 euros brutos mensuales.
Además, los agentes constatan, tras las investigaciones, que la investigada «no sólo habría sido beneficiaria de una contratación que no se habría ajustado a la normativa vigente, sino que
también se habría beneficiado de un ascenso en su categoría laboral, con la correspondiente mejora salarial, sin haberse llevado a cabo el proceso de selección correspondiente».
Ahora la UCO constata que el resto de los 84 contratos se hicieron casi con el mismo modus operandi. Entrevistas cortas a personas recomendadas por altos cargos de la Junta o directivos de la fundación.
No obstante, además del puesto de trabajo y cobrar un salario por ello, otra de las prebendas a posteriori fue convertirse en indefinidos dentro de la Administración sin pasar por los procesos selectivos pertinentes como cualquier funcionario a través de la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, que finalmente fue aprobada en 2011.
Al principio se les ofrecía un contrato por obras y servicios de unos meses, que se le iba renovando. Otra cuestión en la que repara la UCO es en los pluses «arbitrarios», que en algunos casos rozaban los 500 euros y percibían algunos de estos contratados.
Sin embargo, dentro del convenio colectivo de la Faffe no rezaba este complemento salarial. Por tanto, desde la UCO deducen que habría sido «arbitrario y discriminatorio» porque tampoco todos lo cobraban.
