A la supuesta consecución de privilegios mediante favores sexuales a un vigilante por Ana Julia Quezada, que cumple condena en la cárcela abulense de Brieva por el aseinato del niño Gabriel Cruz, se le une el hallazgo en la prisión de manchega de Herrera de un dispositivo wifi durante un registro practicado a Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, que lo habría obtenido, presuntamente, a cambio del mismo tipo de servicio a un funcionaria. Ambos casos han ocupado amplios espacios en programas de televisión, basados en la explotación de los casos con el testimonio de otros presos.
El impacto televisivo de ambos casos polémicos recientemente acaecidos en las cárceles está causando indignación entre los funcionarios penitenciarios, hasta el punto de que el sindicato mayoritario, ACAIP-UGT, ha emitido una nota de protesta pidiendo un ejercicio de responsabilidad por encima de la búsqueda de audiencia.
La central sindical se manifiesta en términos de «profundo malestar y rechazo» ante un tratamiento televisivo «sesgado y sensacionalistas» de la labor de los trabajadores penitenciarios, según testimonios emitidos por ex presos y familiares de internos «sin ningún respaldo probatorio».
Sin respuesta institucional
El relato resultante, en opinión de ACAIP-UGT, es «estereotipado y desfasado» y «contribuye a sembrar la sospecha, el descrédito y la criminalización injusta» de trabajadores públicos que «desarrollan su labor en condiciones muchas veces extremas» a menudo ante «aquelles individuos que han cometido los crímenes más execrables».
Los funcionarios lamentan que no se haya producido ninguna respuesta a esos contenidos por Instituciones Penitenciarias. «Se han difundido insinuaciones o acusaciones sin fundamento, carentes de pruebas -dice el sindicato en un comunicado emitido este jueves-, que no solo vulneran la dignidad personal y profesional, sino que contribuyen a un relato sexista perpetuando una narrativa anacrónica, sexualizada e injusta».
Los trabajadores penitenciarios se presentan como un colectivo que «rechaza cualquier conducta irregular o contraria a la legalidad, venga de quien venga», y creen que, con los espacios televisivos centrados en los dos casos, se daña «el prestigio de una institución fundamental para la sociedad«, sostenida con una labor «muchas veces invisible, pero esencial» que «merece el máximo respeto».
