El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz avala las investigaciones dirigidas por el jefe de los grupos de delitos económicos y contra la administración de la UCO, Antonio Balas, en relación con las tramas que se instruyen en su juzgado por fraude millonario en hidrocarburos. Y ello pese a que en el marco de estas pesquisas –como ocurre en el caso Gaslow-– las defensas buscan resquicios legales para conseguir la anulación de estos procedimientos atribuyendo conductas irregulares a los agentes designados al procedimiento.
La decisión que tiene pendiente adoptar el juez sobre esta petición de nulidad coincide con la difusión pública del vídeo en los que el teniente coronel Balas, junto al exmiembro de su equipo Juan Vicente Bonilla –-actual jefe de seguridad en la Comunidad de Madrid– y el fiscal Anticorrupción José Grinda aparecen como objetivos de un complot cuyo origen aún no está muy claro en el que ha participado Leire Díez, una militante del PSOE que fue concejal en un pequeño pueblo cántabro (Vega de Pas) y logró la confianza suficiente del partido para ocupar un cargo directivo en Correos. En la reunión en la que se habla de conseguir información sensible sobre todos ellos para perjudicarles participan varios abogados, entre ellos Jacobo Teijelo, defensor en el caso Gaslow.
Por su parte, Pedraz ha pedido recientemente un informe al fiscal sobre las quejas presentadas concretamente por uno de los investigados en la trama Gaslow, un capitán de la Guardia Civil llamado Juan Sánchez Yepes que desde el pasado mes de octubre viene reclamando al juez que tenga en cuenta diversas «irregularidades» que a su juicio fueron cometidas por Bonilla en el marco de sus investigaciones y que deberían tener como consecuencia el archivo de todo el procedimiento.
Pedraz se quitó de encima estas quejas hace varios meses rechazándolas de plano y argumentando que no era el momento procesal oportuno para plantearlas, pero tras presentarse los respectivos recursos por parte de la defensa de Sánchez Yepes, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha obligado a motivar esta decisión en sendos autos: uno el pasado mes de enero y otro más reciente del pasado día 23 a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Ante dicha orden, fuentes jurídicas señalan que en los próximos días, y tras la consulta a la Fiscalía, Pedraz deberá entrar en el fondo, analizará las quejas presentadas y resolverá definitivamente la cuestión.
El capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre enero de 2008 y julio de 2022. Según los informes realizados en el marco del caso Glasgow este agente recibió 132.510 euros en criptomonedas del empresario Antonio Rodríguez Estepa, considerado por los investigadores como uno de los presuntos cabecillas de la organización liderada por el empresario Claudio Rivas, socio del comisionista de la trama Koldo Víctor de Aldama, al que se imputa un presunto fraude de 136 millones de euros con el IVA de los hidrocarburos a través de la empresa Gaslow.
Decisiones de la Sala
Pese a las denuncias de este capitán contra sus compañeros, en especial contra Bonilla –al que acusa de haber investigado a Koldo García, asistente del exministro José Luis Ábalos, antes de que la Fiscalía Anticorrupción iniciara sus pesquisas sobre esta trama– el juez Pedraz ha venido avalando la actuación de Balas y su equipo, avanzando en la investigación por fraude y desoyendo todos los argumentos sobre una actuación irregular de los agentes.
No obstante, el pasado 23 de mayo los magistrados Francisco Javier Vieira Morante, Ana María Rubio Encinas y Carlos Fraile Coloma, que integran la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, acordaron obligar a Pedraz a admitir a trámite un recurso de queja que había presentado el capitán Sánchez Yepes pidiendo la nulidad de las actuaciones.
Ya el pasado 16 de enero los mismos magistrados habían estimado un primer recurso del abogado Jacobo Teijelo, que es el que defiende a Sánchez Yepes, para que tramitara la solicitud, que el juez Pedraz había rechazado en octubre pasado por considerar que no se había solicitado de la forma reglamentada. Los magistrados de la sala de apelación admiten, en todo caso que su orden a Pedraz no presupone cuál debe ser la decisión del instructor, que debe “pronunciarse en el sentido que considere apropiado”.
Sánchez Yepes acusa a la UCO de ocultar el atestado inicial que dio origen al caso Gaslow, y carga especialmente contra Bonilla en relación con un empresario –igualmente implicado en fraude de hidrocarburos, que le hacía de confidente– y que habría sido la primera persona que le mencionó a Koldo, según reveló Las Provincias en una información publicada el pasado mes de octubre. Según desgrana Sánchez Yepes en el escrito en el que solicita a Pedraz la nulidad de actuaciones, «guardias del máximo nivel que también informaban a los investigados del grupo», coincidiendo con el hecho de que «la prensa informa sobre el caso Koldo y el resto de sociedades investigadas».
También se habla en dicha denuncia de una «constelación de causas paralelas utilizadas al libre albedrío de la UCO sin control judicial alguno y instrumentalizadas a favor de una opción política concreta» y ocultadas para las defensas. De Bonilla dice que su función «era recabar información de personas y sociedades cercanas al exministro Ábalos y su auxiliar Koldo».
La reunión de Leire Díez
La grabación de la conversación que fue difundida por El Confidencial, entre Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo y los empresarios investigados en dos casos diferentes en la Audiencia Nacional Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn evidencia el interés en buscar información comprometedora contra el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, pero también contra el fiscal José Grinda, responsable de la acusación contra Pérez Dolset.
Es precisamente el dueño de la tecnológica Zed el que los señala durante la reunión: «Aquí hay varios sujetos que interesan: Balas, Bonilla y Grinda. Aquí hay que ser muy concretos, hay que tener una actuación de cirujano, y con muy pocos cortes poder ser capaces de desmontar todo el entramado que tienen ahí», llega a afirmar.
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