La decisión del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de elevar la oferta de compra (opa) del BBVA sobre el Sabadell al Consejo de Ministros provocó este martes una reacción controvertida -por inmediata e inusual- de la Comisión Europea. Bruselas advirtió de que no conocía «ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo de la transacción» por parte del Gobierno y le amenazó veladamente con un expediente sancionador. Desde entonces, Cuerpo viene defendiendo que su actuación está siendo «absolutamente respetuosa y alineada» con la normativa española y europea. Significativamente, es el mismo argumento que empleó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012 para suavizar las condiciones fijadas por Competencia a la fusión entre Antena 3 y La Sexta.
Resulta relevante porque se trata del único precedente que existe de que un Consejo de Ministros se haya pronunciado sobre una operación de concentración según lo previsto por la ley de defensa de la competencia de 2007 y no provocó una reacción de Bruselas similar a la actual. En el acuerdo que adoptó el Ejecutivo de Rajoy sobre dicha fusión, argumentó que el precepto legal español que le permitía «valorar» operaciones por criterios de interés general distintos a la defensa de la competencia «mimetiza (…) el aplicable en el ámbito de las concentraciones de dimensión comunitaria» sometidas al control de la Comisión Europea.
En la misma línea, destacó que el reglamento europeo sobre concentraciones empresariales de 2004, todavía en vigor, «preserva la competencia de los Estados miembros para apreciar la concurrencia de intereses legítimos distintos de los considerados por la Comisión Europea cuando evalúa una operación de concentración». La norma europea, así, establece que «los Estados miembros podrán adoptar las medidas pertinentes para proteger intereses legítimos distintos de los considerados en el presente Reglamento que sean compatibles con los principios generales y demás disposiciones del Derecho comunitario«.
18 años en vigor
La ley de defensa de la competencia de 2007, impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, redujo de forma notable los poderes del Ejecutivo sobre las concentraciones empresariales. Con todo, le reservó la posibilidad de pronunciarse en las operaciones más complejas, las analizadas en segunda fase por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Apenas 24 de las 1.522 que ha estudiado el organismo desde su creación han pasado a dicha fase y, de ellas, solo las integraciones Antena3-La Sexta y BBVA-Sabadell han sido elevadas al Consejo de Ministros, que no puede prohibir una concentración, pero sí confirmar el dictamen de la CNMC o aprobar la operación con o sin condiciones, lo que abre la puerta a que entorpezca la opa al BBVA, como desea el Sabadell.
Se trata de un precepto legal que causó cierta polémica en su día. Además de provocar algunas críticas académicas, partidos nacionalistas con CiU y el PNV trataron de extender esa potestad a los Gobiernos autonómicos. Y el PP intentó limitar su alcance: «Si bien no nos oponemos a la posibilidad de que el Consejo de Ministros pueda valorar las concentraciones (…) estos criterios deberían estar estrictamente tasados (…) (el proyecto de ley) hace referencia a un elenco no exhaustivo de criterios, que, sin ninguna duda, podrían ser ampliados al arbitrio del Gobierno, lo que genera inseguridad jurídica».
Sin embargo, el Ejecutivo de Rajoy argumentó unos años después su intervención en la fusión televisiva usando dos de los criterios que de manera «no exhaustiva» cita la ley: el «adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial» (que su partido había propuesto sin éxito eliminar de la norma) y la «promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos«. También los ha invocado el ministro Cuerpo para elevar la opa bancaria al Consejo de Ministros, junto a la «protección de los trabajadores» y los «objetivos de política social» (contemplados por una Comunicación de la Comisión Europea sobre materias de interés general) y la «cohesión territorial» (amparado también por una ley española sobre el medio rural).
Cuestión política
La reacción de la Comisión Europea del pasado martes ha causado sorpresa, habida cuenta de que la ley española de competencia lleva 18 años en vigor sin que haya recibido objeciones europeas relevantes, unido a que Bruselas tampoco rechazó el pronunciamiento sobre la fusión Antena3-La Sexta. También porque el Ejecutivo comunitario no se ha mostrado tan beligerante con los Gobiernos de Alemania (que se ha opuesto públicamente a que el italiano Unicredit se haga con Commerzbank), Italia (que ha impuesto duras condiciones a la opa Unicredit sobre Banco BPM) o Portugal (que ha rechazado que los bancos españoles aumenten su peso en el país, donde la venta Novobanco parece interesar a CaixaBank).
El pronunciamiento de la Comisaría de Servicios Financieros -liderada por la lusa Maria Luís Albuquerque, adscrita al PP europeo– tiene un evidente componente político. Bruselas lleva tiempo apostando por fusiones bancarias dentro de la UE para crear entidades más grandes que puedan competir globalmente, como reveladoramente defendió la propia Alburquerque en Madrid este lunes en una comparecencia conjunta con Cuerpo. Su departamento, en esta línea, destacó el martes que la CNMC y el Banco Central Europeo han dado luz verde a la fusión BBVA-Sabadell, por lo que no ve «ninguna razón que pueda justificar el rechazo o bloqueo» de la operación por parte del Gobierno, que debería «alinearse» con dichas autoridades «competentes».
Cuestión legal
La comisaría admitió que los Estados miembro de la UE pueden «imponer restricciones a las libertades fundamentales, incluida la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales, si tales restricciones son proporcionadas y se basan en intereses públicos legítimos» (concepto asimilable al de interés general que contempla la ley de defensa de la competencia española). Pero advirtió de que el «recurso a estas excepciones debe enmarcarse, interpretarse y aplicarse estrictamente, para reflejar amenazas reales y suficientemente graves a un interés fundamental de la sociedad. Tales restricciones no pueden justificarse por motivos puramente económicos«. En esa línea, advirtió de que puede tomar «medidas coercitivas» y de que estudia la «compatibilidad de las medidas del Gobierno español con el Derecho de la UE».
Bruselas pidió información al Ejecutivo el año pasado a través de un procedimiento informal (conocido como EU Pilot). Fuentes conocedoras del proceso, con todo, matizan que los intercambios entre ambos ejecutivos no estaban centrados en la actual fase, sino a una posterior. Así, si la opa triunfa y compra el Sabadell, el BBVA tenía inicialmente la intención de pedir al Gobierno que le permita fusionarse con su entonces filial. Una ley bancaria de 2014 habilita al Ejecutivo a negarse y eso sería lo que está en debate. Así, lo impediría una directiva europea que está en fase de transposición, pero que todavía no ha sido incorporada a la legislación española, para lo que hay plazo hasta el año que viene.
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