En plena tormenta política por las grabaciones que implican al entorno de Pedro Sánchez en una supuesta trama de desinformación y espionaje, el Ejecutivo intenta proyectar una imagen de fortaleza. Las revelaciones publicadas por El Confidencial han sacudido los cimientos del PSOE y puesto en el foco a figuras clave como Leire Díez, Santos Cerdán y el propio presidente del Gobierno. Sin embargo, el círculo de Sánchez se aferra al bloque de investidura como tabla de salvación, convencido de que las alianzas parlamentarias resisten a pesar del escándalo.
“El entorno presidencial reniega de la realidad de país del líder del PP”, resume el periodista de COPE, Ricardo Rodríguez, en su análisis. Y esa negación se manifiesta en el recurso sistemático a los mantras habituales: hablar de conspiraciones de la derecha mediática, acusar a la oposición de “usar el fango” y denunciar maniobras de distracción para tapar otros asuntos. Pero en privado, la preocupación es patente: “Altos cargos avisan con frustración del riesgo de que el resto de la legislatura sea ya una encerrona”.
Sánchez, vinculado a la trama
El eje del escándalo está en las grabaciones que comprometen directamente a Sánchez. En una conversación revelada por El Confidencial, el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en la Audiencia Nacional, no se anda con rodeos: “Esto es Pedro Sánchez, directamente con Cerdán, con Santos Cerdán, y directamente con Leire”. Las grabaciones detallan cómo se habría puesto en marcha una operación para obtener información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, responsable de investigaciones que salpican a la mujer y al hermano del presidente.
En otro momento del audio, Dolset afirma con rotundidad: “El gran jefe quiere… dice… que hay que acabar con esto como sea”. Y por si quedaban dudas, aclara: “Se llamaba Pedro y se apellidaba Sánchez”.
Las grabaciones también salpican al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien, según las mismas fuentes, tuvo que cancelar reuniones clave por una intervención quirúrgica en el rostro. Y sitúan en el centro de la trama a Leire Díez, asesora política que, además de participar en encuentros con personajes implicados en escándalos internacionales —como el venezolano Nervis Villalobos—, habría sido la encargada de manejar el aparato de propaganda de Ferraz.
Una legislatura acorralada
A pesar del terremoto político, el Ejecutivo trata de mantenerse firme. En La Moncloa reina la convicción de que la aritmética parlamentaria sigue siendo favorable. “Se sienten muy seguros de la solidez del bloque de investidura”, afirma Rodríguez. Y esa seguridad se traduce en una estrategia clara: aferrarse a sus socios y desmarcar al presidente de cualquier implicación directa en la trama.
El problema es que la opinión pública empieza a recibir otra señal. La percepción de que Sánchez podría estar relacionado con estas maniobras ha calado en sectores cada vez más amplios. Incluso dentro del PSOE hay quien reconoce en privado que el daño reputacional es enorme, y que el escándalo amenaza con “convertir el resto de la legislatura en una encerrona”.
Mientras tanto, desde Ferraz se intenta contener la hemorragia. A Leire Díez se le ha abierto un expediente informativo, y los portavoces socialistas repiten el mensaje de que actuaba “al margen de la dirección”. Pero las pruebas que siguen saliendo contradicen esa versión. Los audios y documentos apuntan a un plan cuidadosamente orquestado para atacar a la UCO, presionar a fiscales concretos y erosionar la investigación contra Begoña Gómez, la esposa del presidente.
Todo apunta a una legislatura donde la estrategia de supervivencia se impone a la de gobierno. Y aunque Sánchez siga contando los votos en el Congreso, el cerco judicial y mediático no parece aflojar.
