El grupo municipal de Hacemos Córdoba ha denunciado la decisión del alcalde de Córdoba, José María Bellido, de dejar «sin terreno público» a más de 8.000 personas residentes en la zona nueva de Poniente Sur, al impulsar una política urbanística que “prima el negocio privado frente a las necesidades reales de la ciudadanía”. La propuesta y el reciente acuerdo de admitir a trámite la cesión de una parcela de 12.000 metros cuadrados junto al hospital Quirón, destinada a la instalación de una residencia privada, es el último ejemplo de este modelo de ciudad, según ha criticado la coalición de izquierdas.
Desde Hacemos Córdoba lamentan que, con esta operación, el equipo de gobierno haya reducido a apenas 4.000 los metros cuadrados disponibles para la creación de infraestructuras y equipamientos públicos en una de las zonas de mayor expansión de la ciudad. “De los 82.000 metros cuadrados iniciales, ya sólo queda un 5% libre, lo que imposibilita planificar a futuro servicios públicos básicos como colegios, institutos, centros cívicos o espacios deportivos”, ha advertido el grupo.
Votó en contra
La coalición ha recordado que fue el único partido que votó en contra de esta cesión en la Gerencia de Urbanismo, y ha reprochado al alcalde que gobierne “a golpe de improvisación y como si esta ciudad fuera su chiringuito particular”. “El negocio por el negocio no puede estar por encima de los derechos y necesidades de nuestros barrios, especialmente de los nuevos desarrollos donde se concentra una población creciente con muchas niñas y niños que necesitarán servicios públicos de calidad”, han subrayado. Desde Hacemos Córdoba han exigido al equipo de gobierno que dé marcha atrás en esta operación, se siente a dialogar con la asociación vecinal recién creada en Poniente Nuevo y se garantice que cualquier intervención futura se realice de la mano de los vecinos y vecinas. “No se puede seguir destruyendo lo que el propio Plan General de Ordenación Urbana establecía como suelos reservados para dotaciones públicas”, han insistido.
Finalmente, la coalición ha advertido que continuará fiscalizando cada paso del gobierno municipal en este barrio para evitar que “se siga consolidando un modelo de ciudad desigual, en el que las familias trabajadoras vean negado su derecho al acceso a los servicios públicos más básicos”.
