El sindicato UGT ha presentado un escrito ante el Consejo de Europa en el que le reclama que presione al Gobierno español para que este endurezca de manera inmediata el despido. Hace un año y dos meses la central logró que el Comité Europeo de Dechos Sociales dictaminara que España incumplía la normativa en materia de despido, ya que esta no protege suficiente a los empleados. Ocho meses después, en noviembre, el Consejo de Ministros de la UE aprobó una recomendación para España en la que le requería que actuara en esta materia y endureciera el despido. A día de hoy el Ejecutivo español, pese a que públicamente se ha comprometido a ello, todavía no ha modificado la norma.
Es por ello que desde la UGT han presentado un escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, ante las instancias europeas recordándoles los dos fallos precedentes favorables a sus intereses. Y reclaman que presionen a España para que cumpla. Desde la central consideran necesario que la legislación española cambie en tres sentidos cuando se produzca un despido improcedente. Por un lado, que se recuperen los salarios de tramitación, es decir, que la empresa está obligada a pagar el sueldo al trabajador que despida, desde el momento que le despide hasta que el juez le reconoce que el despido ha sido ilegal.
Por el otro, y sin que sea excluyente con el primero, la central reclama que la readmisión ya no dependa de la empresa, sino del trabajador. Actualmente, cuando un trabajador es despedido y se le reconoce la improcedencia del cese queda en manos del empresario decidir si lo readmite o lo mantiene despedido, pero le paga una indemnización.
Y, tercero, UGT reclama que la indemnización por despido improcedente sea superior a los actuales 33 días por año trabajado, con tope de 24 mensualidades. La última vez que se modificó la normativa en este sentido fue en la reforma laboral de 2012, cuando el PP abarató las indemnizaciones por cese improcedente, fijadas entonces en 45 días por año trabajado.
«Para que España cumpla con la Carta debe ajustar la regulación actual de despido improcedente para que en el caso de despido injusto, la victima perciba los salarios de tramitación, se prevea la posibilidad de readmisión de la persona trabajadora- y que esta no dependa del empleador infractor-, y/o que la indemnización por tal acto contrario a derecho sea lo suficientemente elevada para disuadir al empleador y reparar el daño causado por la víctima», resume el sindicato liderado por Pepe Álvarez en su escrito.
Promesa pendiente
PSOE y Sumar ya incluyeron en su acuerdo de Gobierno modificar las condiciones del despido, anticipándose al previsible fallo de las instancias europeas. A partir de ahí, tanto en el Plan Anual Normativo de 2024 y 2025, la agenda de reformas que prevé el Ejecutivo durante el ejercicio, figura esta modificación, sin que se haya llegado a producir.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es partidaria de introducir el concepto de «despido restaurativo» dentro del marco legal. Lo que implicaría incrementar de forma variable la indemnización en función de la casuística personal de cada trabajador, bajo la premisa que a mayor vulnerabilidad, mayor protección. No obstante, el actual ejercicio está siendo marcado por la ley para reducir la jornada a 37,5 horas semanales y tanto las negociaciones en el seno del diálogo social como luego las del Gobierno con los grupos parlamentarios en el Congreso se están viendo ensombrecidas por esta.
Otro factor que no contribuye a dar salida a esta demanda sindical y recomendación europea es la división en el seno del propio Gobierno. Mientras Sumar se ha mostrado partidario de abordar esta cuestión, desde el PSOE no existe una posición nítida y parte de los ministros socialistas -con Economía como máximo detractor- se han mostrado contrarios a aumentar la indemnización por despido. De hecho, durante la pasada legislatura el Ministerio de Justicia, en su versión de los hechos dada al Comité Europeo de Derechos Humanos, consideró que la actual normativa en materia de despido ya protegía suficiente a los empleados españoles.