El Gobierno admite su preocupación porque el caso de los audios contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de una “militante” del PSOE, Leire Díez, estén centrando el debate público. Construyéndolo a través de “mentiras” y alentando una trama “falsa” de presunta corrupción, que se encargaría de agitar el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, según acusan fuentes de Moncloa. Es por ello que, con el argumento de no alimentar “barbaridades” ni caer en la trampa de darles credibilidad, defienden que el presidente del Gobierno no haya respondido este jueves en La Moncloa a preguntas de los periodistas.
Antes de que saliesen a la luz los audios difundidos inicialmente por el diario ‘El Confidencial’, estaba prevista una rueda de prensa entre Sánchez y el primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, que finalmente se convirtió en una declaración institucional sin preguntas. En medio de la tormenta por la que Alberto Núñez Feijóo ha reclamado a los socios del Ejecutivo sumarse a una moción de censura y convocado una manifestación contra la “corrupción” el próximo 8 de junio, el jefe del Ejecutivo ha seguido su guion en política internacional y elevado la presión para exigir sanciones individuales a Israel por la guerra en Gaza. Esta semana se cumple un año de que España, junto a Eslovenia, diesen el paso de reconocer unilateralmente el Estado de Palestina.
En el Ejecutivo descartan cualquier posibilidad de que sus socios parlamentarios recojan el guante lanzado por Feijóo para desalojar la “corrupción” de Pedro Sánchez de la Moncloa. Entienden que no le dan ninguna credibilidad a la trama que denuncia Feijóo o que exista algo parecido a unas «cloacas» con la participación de Ferraz o Moncloa para desprestigiar a mandos de la UCO y sus investigaciones a familiares o dirigentes socialistas.
Ni se habrían dirigido a los socialistas interesándose por estas informaciones ni tampoco habrían dejado de trabajar en asuntos pendientes a nivel parlamentario o ejecutivo. Eso sí, desde Sumar, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pidió más diligencia al PSOE para depurar responsabilidades con Leire Díez. “No hay ninguna trama de corrupción” y los socios no viven en la película de Feijóo, ironizan fuentes de Moncloa, para concluir que “por tanto, no entrarán en una moción de censura contra nosotros”.
Para el PP estaría probado que la dirección del PSOE diseñó una “operación” para “atacar a la Guardia civil y a jueces y fiscales con el objetivo de proteger” al presidente “de las diferentes tramas de corrupción que le afectan a él, a su mujer, a su hermano, a su partido y a su Gobierno”. «La gravedad de los hechos conocidos trasciende cualquier ideología. Ponen a prueba la integridad de un país entero», aseguró durante una intervención desde Génova, también sin preguntas.
En el Gobierno ya siguieron los pasos de Ferraz para desmarcarse desde el primer momento de quien definen como una “militante de base”, con el paso añadido este miércoles de abrírsele un expediente informativo. Fuentes de la Moncloa señalaron así que ni era intermediaria, ni estaba autorizada para hablar en nombre de nadie cuando buscaba material comprometedor contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO.
Medidas disciplinarias
La toma de medidas respecto a la afiliada llego tres días después de que se difundiesen los audios y entre presiones de varios líderes territoriales. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, casi siempre crítico con Sánchez, urgió a Ferraz a mover ficha y tomar medidas incluso «legales» contra Díez. El líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, criticó las declaraciones de esta militante, por estar «fuera de tono», y también abrió la puerta a la aplicación de medidas disciplinarias. La decisión puede implicar la suspensión de militancia o incluso su expulsión. De momento, sin embargo, no se ha tomado «ninguna medida cautelar» contra Díez, según explicó la dirección socialista este miércoles en un comunicado.
Al mismo tiempo, los socialistas están realizando un análisis técnico «para cuantificar económicamente el daño reputacional causado» por las informaciones que vinculan a esta militante con la dirección, definiéndola como una «fontanera de Ferraz», para incorporarla «a las acciones legales que se tomen en su momento».
En Moncloa, además de desvincularse, ponen el foco en que, según el audio completo donde esta militante maniobra contra la UCO, no hacen referencia en ningún momento a que responsa a directrices de partido o de Gobierno. En su entrevista el pasado febrero con el empresario Alejandro Hamlyn, en la que llegó a ofrecerle beneficios judiciales y “sentarse con Fiscalía” a cambio de material comprometedor contra la UCO.
