hacer oficial el catalán conduce a una UE con 75 lenguas

«Hay más de 50 idiomas» que, de acuerdo con los diferentes criterios del informe, tienen un cierto «reconocimiento» y son utilizados «tanto en los Estados miembros como en los países candidatos».

Lo que podría llevar a elevar hasta las 75 la cantidad de lenguas de uso en la Eurocámara. Un temor similar a algunos de los ocho Estados miembros que, el pasado martes, ya expresaron su rechazo a la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez en la reunión del Consejo de Asuntos Generales (CAG), en Bruselas.

El informe reservado de la Eurocámara, elaborado por el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (EPRS), fue solicitado tras la petición formal del Ejecutivo español en septiembre de 2023.

En aquella fecha, José Manuel Albares envió una carta a la presidenta, Roberta Metsola, pidiendo que el catalán, el euskera y el gallego fueran reconocidos como idiomas oficiales de la UE.

La petición se ha renovado, tras el inicio de la actual legislatura europea el verano pasado, en otras dos misivas y varias reuniones cara a cara entre el ministro de Exteriores español y Metsola.

El informe ha sido entregado al llamado Grupo de Lenguas, un órgano interno de la Mesa de la Eurocámara compuesto por cinco vicepresidentes (de cinco grupos distintos) y un cuestor, representante parlamentario asimilable a la figura de un letrado.

Los otros casos

El grupo ha trabajado con discreción desde entonces. «Sin ruido, sin filtraciones, sin fechas, con calma y un espíritu constructivo«, explican fuentes comunitarias.

El documento plantea que, en caso de aceptar lenguas cooficiales como las españolas, se abriría la puerta a muchas otras. «

En los Estados miembros, se identifican hasta 15 idiomas que son considerados ‘oficiales’ a nivel nacional o regional», pero que «no son idiomas oficiales de la Unión Europea», se lee en el informe.

Entre ellos, figuran el luxemburgués (oficial en Luxemburgo), el turco (oficial en Chipre), el samí (Finlandia), el feroés y el groenlandés (Dinamarca), el frisón y el papiamento (Países Bajos).

Además, el EPRS detalla hasta 30 lenguas más que, sin ser oficiales, tienen un «uso plenamente autorizado en determinadas circunstancias».

Entre ellas, el ruso (en Estonia y Letonia), el mirandés (Portugal), el bretón, el occitano o el alsaciano (Francia), el romané o el sorabo (Europa central) y otras lenguas minorizadas pero reconocidas.

En total, serían más de 50 idiomas que añadir a los actuales 24 ya oficiales en la UE. Según los distintos criterios con los que está elaborado el profuso informe del EPRS, todas ellas podrían ver abierta la puerta se podrían alcanzar las 75 lenguas, un imposible.

El documento distingue entre idiomas oficiales en todo el Estado o en algunas de sus regiones -como el caso español-, las autorizadas para dirigirse a la Administración, las habladas legalmente con un cierto reconocimiento y «las 11 lenguas oficiales de los países candidatos».

Así, se advierte de que el precedente del catalán podría desencadenar una cascada de peticiones con base legal comparable.

Turco, luxemburgués y ruso

El informe recuerda que no todos los países regulan sus lenguas oficiales en sus constituciones: «Algunos lo hacen en leyes ordinarias o estatutos regionales o locales«. Eso complica más aún definir qué lenguas podrían o no acceder al estatus oficial europeo.

Fuentes parlamentarias señalan que entre los casos más problemáticos estaría el del turco. Aunque es lengua oficial en Chipre, ningún gobierno chipriota ha pedido su oficialidad en la Unión.

La razón es la de no favorecer el statu quo que mantiene la isla dividida tras la invasión turca del norte del territorio, en 1974.

Alemania, con una comunidad de más de tres millones de ciudadanos de origen turco, considera inaceptable que ese idioma se sitúe al mismo nivel que el alemán en la UE.

De hecho, Berlín amenazó con el veto individual a la propuesta española en la reunión del CAG si al final se sometía a votación la iniciativa.

Otro punto de fricción es el luxemburgués. Aunque este idioma comparte oficialidad en el Principado con el francés y el alemán en Luxemburgo, nunca ha sido lengua de trabajo en la UE. Pero un eurodiputado de ese país ha registrado ya una petición formal similar a la española.

En Bruselas se admite que, según los criterios legales, «el luxemburgués y el turco deberían tener prioridad sobre las lenguas cooficiales españolas«, porque sí cumplen los requisitos del Reglamento nº 1/1958, que rige las políticas lingüísticas de la UE.

El caso del ruso plantea aún mayores reticencias. Es idioma oficial en determinadas regiones de Estonia y de Letonia. Su situación jurídica es, en este sentido, idéntica a la del catalán, el euskera y el gallego. Pero ni Riga ni Tallin están dispuestos a elevar su estatus.

Menos aún con el contexto geopolítico actual. El ruso es también idioma oficial en Ucrania, país candidato. Y tras la invasión a gran escala lanzada por Vladímir Putin en 2022, nadie en las instituciones europeas quiere asociar la oficialidad a una lengua identificada con el agresor.

El informe de la Eurocámara incluye también un anexo sobre los nueve países candidatos a la UE, donde se habla del ucraniano, el albanés, el georgiano o el bosnio. Y reconoce que en todos ellos hay minorías lingüísticas que podrían reclamar el mismo trato que el catalán.

«El riesgo es que se abra una espiral incontrolable», alerta una de las fuentes del Parlamento. «No hay un criterio jurídico firme para cortar las futuras peticiones».

Sin fecha

Pese a ello, el informe del EPRS no contiene conclusiones. Aún está en fase de estudio. Ni los otros nueve vicepresidentes de la Mesa ni Metsola han tenido acceso. Sólo el Grupo de Lenguas, que sigue deliberando.

El ambiente, según fuentes parlamentarias, muestra «sensibilidad con la diversidad lingüística de España, pero ningún sentido de urgencia ni oportunidad«. Tampoco hay fecha prevista para que el grupo eleve sus recomendaciones.

El Consejo de Asuntos Generales de esta semana ya dejó claro que el tema no se reabrirá al menos hasta dentro de un mes. Además, las conclusiones de la reunión incluían la indicación de consultar a las otras instituciones europeas.

Ésa podría ser la razón de la visita de Pedro Sánchez a Bruselas este miércoles, donde se reunió con Ursula von der Leyen, pero no compareció después en rueda de prensa, como es habitual.

«No hay duda de que hablaron de esto», dicen las fuentes, «porque Sánchez está comprometiendo todo su capital político en cumplir su acuerdo con Junts».

De momento, el Consejo no está cerca de la unanimidad necesaria. Alemania, Francia, Italia, Finlandia, Austria, Eslovaquia, Croacia y República Checa se posicionaron explícitamente en contra.

Otros como Chipre o los países bálticos no se tuvieron siquiera que pronunciar, pero albergan dudas o rechazos internos.

Mientras, el Gobierno español insiste en que «20 países apoyan» su iniciativa. Pero los datos recabados por este periódico no lo confirman.

Lo que hace año y medio comenzó como una iniciativa política de Moncloa para contentar a sus socios independentistas, hoy está ante una barrera europea de orden técnico, jurídico y diplomático. Y de momento, sin horizonte claro de avance.