La causa abierta por los contratos formalizados por la vía de emergencia por el Servicio Andaluz de Salud tras la pandemia sigue ampliándose y abriendo nuevos focos de investigación. El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha emitido una nueva providencia, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, en la que, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y del PSOE como acusación particular, solicita una nueva ampliación de la documentación reclamada al Gobierno andaluz que justifique todos los contratos, las cuantías, prórrogas y las empresas elegidas entre 2020 y 2024.
Y dentro de esta nueva batería de documentación apunta específicamente a un contrato: la obra de reforma del antiguo Hospital Militar de Sevilla (ahora Vigil de Quiñones) con una inversión de más de 70 millones de euros adjudicados en su mayor parte por vía de emergencia (un procedimiento con menos control y sin apenas concurrencia). Se trata de un expediente que ha aparecido a lo largo del proceso de forma secundaria pero que de pronto en esta última providencia del Juzgado ha pasado a tener un papel protagonista.
El Juzgado solicita «todos los contratos derivados de las obras de emergencia del Hospital Militar de Sevilla” y específicamente se centra en el uso de los fondos europeos en la ejecución de este proyecto que fue el gran emblema del Gobierno andaluz tras la pandemia.
«Se requiere a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS que remita el expediente completo que da lugar a la emisión del informe del proceso de verificación de los gastos con fondos europeos derivados de los contratos de emergencia para la terminación del antiguo Hospital Militar de Sevilla», recoge la providencia que además extiende estas indagaciones a todos los contratos sanitarios de emergencia que hayan dispuesto de fondos europeos para su ejecución.
Más contratos de emergencia e informes sobre selección de empresas
Pero no queda ahí. Hasta ahora, la investigación se había centrado principalmente en los contratos de emergencia suscritos desde que el Consejo de Gobierno aprobó pasar al control financiero posterior (en vez de la fiscalización previa). Ahora da un paso más el juzgado y solicita a la intervención “todos los expedientes de fiscalización de contratos entre el 23 de junio de 2020 y el 6 de octubre de 2020 y durante todos los años 2020 y 2021 que no hayan sido objeto de control financiero posterior”. Es decir, se quiere comprobar si ya se habían producido advertencias en determinados expedientes con fiscalización previa antes de que se optara por cambiar el sistema de control de los contratos.
Asimismo, amplía la documentación que solicita en relación con los expedientes de contratos de emergencia entre 2020 y 2024, de forma que solicitan que se incorporen todos los correos electrónicos, comunicaciones previas o informes en relación con las empresas adjudicatarias. Es decir, toda la documentación que avale por qué se eligió a unas empresas y no a otras, por qué se establecieron unas cuantías y no otras, y por qué se aprobaron adendas o prórrogas en algunos expedientes y no en otros.
Además, se pide complementar la información disponible en la causa en torno a los contratos de emergencia para pruebas diagnósticas, pruebas quirúrgicas que se han formalizado durante los años posteriores a la pandemia, así como sus adendas y prórrogas.
Tres gerentes investigados
Por último, esta completa providencia pide nueva documentación a la asesoría jurídica del SAS en torno a las prórrogas de contratos de emergencia firmadas en distintos servicios alegando razones de “interés general” mientras se formalizaban los nuevos contratos. Precisamente, la condición de investigada de la actual gerente del SAS, Valle García, deriva de expedientes de prórrogas incorporados a la instrucción por parte del PSOE.
De esta forma, la providencia sigue abriendo nuevos campos de investigación en la causa por los contratos de emergencia del SAS que van más allá de los expedientes incluidos en la denuncia inicial por parte del PSOE. Se trata, además, del segundo requerimiento de documentación en apenas dos meses por parte de la Fiscalía y del Juzgado que están recabando información antes de tomar declaración a las tres personas que figuran como investigados en la causa: los últimos tres gerentes del SAS incluyendo la actual.
Entre esta última documentación requerida al SAS se encuentran todos los informes que justifican la decisión adoptada en Consejo de Gobierno para cambiar el sistema de control de los expedientes, una línea de investigación que analiza la actuación de todos los miembros del Gobierno andaluz.
