Proporcionar la atención necesaria a los menores no acompañados, sean o no solicitantes de asilo, es un problema difícil de gestionar. Tanto que ni siquiera el Tribunal Supremo ha conseguido que el Gobierno evalúe a un solo menor solicitante de protección internacional desde el requerimiento que dirigió al Ejecutivo el pasado 25 de marzo. Así lo han admitido los cinco altos cargos del Ejecutivo que han declarado como testigos para explicar por qué no han podido hacerlo, en lo que se han amparado en las distintas competencias entre ministerios y entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
El expresidente del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes, que presidió la Sala compuesta por siete magistrados, dejó constancia de ello al final del interrogatorio que realizó a cada uno de ellos el abogado del Estado Luis Serrano de Gonzaga, que actuaba en nombre del Gobierno, y de la abogada que representaba a Canarias, Aridia Díaz. En ese momento el magistrado no dejó de preguntar por las medidas concretas adoptadas para poder tramitar la solicitud de asilo de los menores no acompañados tras el auto de medidas cautelares en el que se fijó la celebración de esta vista.
