La ciudadanía de la Comunitat Valenciana no solo tiene clara su opinión sobre el futuro del president de la Generalitat, Carlos Mazón, sino también respecto a la gestión realizada por el Consell del PP de la catástrofe de la dana que asoló Valencia el pasado 29 de octubre, dejando 228 muertos y millones de euros en destrozos materiales. Y la opinión no difiere en absoluto.
Si la encuesta realizada por Lápiz Estratégico Consulting para los diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana (Levante-EMV, INFORMACIÓN y El Periódico Mediterráneo de Castellón) con motivo del ecuador de la legislatura, que se cumplió este miércoles, revelaba que el 81,2 % de los ciudadanos cree que Mazón debería dimitir y el 90 % considera que no debería presentarse a la reelección, no son nada mejores los resultados para los populares en otra cuestión capital: «¿Cómo valora la gestión que ha realizado la Generalitat Valenciana de la catástrofe de la dana?». Los datos van en la misma línea: duras críticas al trabajo realizado por el Consell de Mazón en los últimos siete meses.
De hecho, los porcentajes apenas varían. Según el sondeo, el 82,5 % de los encuestados considera que la gestión del gobierno autonómico respecto a la gran riada es negativa, con un 54,9 % calificándola de muy mala y un 27,6 % de mala. En el regular se queda el 12,4 % de los encuestados, mientras que las opiniones positivas solo suman al 1,9 % de las personas entrevistadas.
Valoración de los partidos / L-EMV
Por provincias, la más crítica con el trabajo del ejecutivo autonómico del PP es la de Alicante, donde las opiniones negativas alcanzan a nueve de cada diez ciudadanos. En la media, aproximadamente, se encuentra Castellón (con un 80,1 % de valoraciones entre malas y muy malas), mientras que el balance en Valencia se suaviza mínimamente, quedándose en el 77,7 %.
Por el sexo de los encuestados, los hombres son menos benévolos con la Generalitat, con una valoración negativa cinco puntos superior a la de las mujeres.
Por edades, el Consell no convence tampoco, aunque los más críticos se sitúan entre los 31 y 45 años, donde el 86,8 % suspende al Gobierno de Mazón por la gestión realizada de una catástrofe que ha marcado un mandato que, sobre el papel, llega ahora a su ecuador, aunque no se puede descartar un adelanto electoral ante la inestabilidad política.
Fuera del gobierno
La encuesta, por otra parte, también pone el foco en los partidos de las Corts que no forman parte del ejecutivo autonómico, incluyendo tanto a las dos formaciones de la izquierda (PSPV y Compromís) como a los ultras de Vox, que comenzaron la legislatura como socios de Mazón hasta que rompieron el acuerdo de gobierno apenas un año después de rubricarlo y a tres meses de la gran riada, que no ha impedido volver a aprobar ayer el presupuesto autonómico de 2025.
Respecto al principal partido de la oposición en las Corts, cuya líder no tiene escaño en el Parlamento autonómico aunque sí sillón en el Consejo de Ministros, el 55,9 % de los encuestados critica la gestión, mientras que un 14,8 % la aplaude. La provincia más crítica con los socialistas es Alicante (64,6 %), seguida de cerca por Valencia (60,2 %).
Cifras similares obtiene Vox, que cosecha un suspenso generalizado (un 50,4 %), pero que además recibe solo el respaldo a su gestión del 5,2 % de los ciudadanos. En este caso, como le sucede al PP y al PSPV, la provincia de Alicante es la más crítica (63 %), seguida de cerca igualmente de Valencia (56,6 %).
Algo menos malos son los datos para Compromís, aunque también cosecha un suspenso claro, ya que un 41,6 % de la población califica como mala o muy mala la gestión, frente a solo un 13,5 % que la valora positivamente. En este caso, igualmente, Alicante encabeza las críticas (51,4 %), con Valencia de nuevo en cifras cercanas (47,7 %).
Pero la encuesta impulsada por los diarios de Prensa Ibérica no solo valora a los partidos por su gestión en términos generales, sino que va al detalle, a las cuestiones que han marcado la actualidad política en los últimos siete meses.
La opinión sobre las intituciones / L-EMV
Uno de los principales asuntos en torno al que gira la investigación instruida por la juez de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra y que mantiene imputados a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, es el aviso del ES-Alert, que se mandó a la población afectada a las 20:11 horas, un momento en el que, según la instrucción , ya se habían producido buena parte de las muertes. La mayoría de los ciudadanos, según la encuesta, no duda de que la Generalitat y solo la Generalitat fue la responsable del retraso en el envío del mensaje de alerta. En concreto, lo piensa el 67,2 % de los encuestados, mientras que el 16 % señala al Gobierno central. Una culpa generalizada, que además de a esas dos administraciones incluya también a otras entidades como el Cecopi (Centro de Coordinación de Emergencias), la Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y los ayuntamientos, es la opción elegida por el 6,2 % de los preguntados.
Datos similares, aunque con una menor diferencia entre los gobiernos autonómicos, se vierten respecto a sobre en quién recae la responsabilidad de no haber realizado una limpieza previa de ríos y barrancos. Una cuestión sobre la que también ha girado la actualidad mediática desde la gran riada. En este caso, el 56,1 % de los encuestados considera que las culpas deben atribuirse a la Generalitat Valenciana, mientras que el 26,4 % apunta al Ejecutivo de España. En tercer lugar, muy lejos, se encuentra la CHJ, con apenas un 1,9 %, y con cifras residuales se sitúan los ecologistas, la Unión Europea, la Diputación de Valencia y el Botànic.
La historia cambia al buscar a la administración responsable en la tardía llegada de los militares, además de otros efectivos, a los municipios más afectados por la dana. En este caso, la mayoría de los ciudadanos (un 47,6 %) acusa directamente al Gobierno central, aunque no muy lejos se encuentra la Generalitat, a quien responsabiliza el 40,1 % de los encuestados.
