Las causas que desencadenaron el peor apagón de la historia de España están lejos de poder detallarse. Un mes después del histórico ‘cero energético’ que paralizó el país desde las 12.33 horas del 28 de abril y hasta el día siguiente, las múltiples investigaciones en marcha van para largo y conocer los motivos concretos que lo provocaron llevará aún semanas o, más probablemente, varios meses.
Así lo anticipa la experiencia internacional con otros colapsos energéticos, en los que las conclusiones tardaron en llegar muchos meses. Y así lo advierten también todos los que están al frente de las diferentes investigaciones sobre el gran apagón, con pesquisas abiertas por el Gobierno a través del Consejo de Seguridad Nacional, por un comité de expertos europeos de gestores de redes eléctricas (Entso-e) y de reguladores (ACER), por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, en paralelo, también por la Audiencia Nacional.
La enorme complejidad del funcionamiento del sistema eléctrico, el colosal volumen de información recabada y la que está aún por recabar de miles de instalaciones de instalaciones energéticas cada milisegundo, la necesidad de analizar cientos de millones de datos de aquel día fatídico y compararlos con la operativa habitual del sector… Son factores que anticipan que las indagaciones serán largas.
La falta de explicaciones concretas lo que sí ha provocado ya es que en el último mes se haya abierto una gran guerra por dominar el relato en torno al apagón. Todos los agentes del sistema eléctrico implicados se han enzarzado en señalamientos mutuos y en un serial de autoexculpaciones. Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico; las compañías energéticas, como responsables de las redes de distribución y/o de las plantas de generación; y el propio Ejecutivo se han embarcado en un aparente ‘todos contra todos’ en busca de posibles culpables y con un recital de desconfianzas recíprocas.
Esclarecer las causas implicará poder determinar quiénes fueron responsables. Y poder depurar responsabilidades conllevará establecer quién puede hacerse cargo de las potenciales indemnizaciones multimillonarias para compensar las pérdidas provocadas por el apagón y también de posibles sanciones si se determina que hubo infracciones graves cometidas por alguno de los agentes del sistema (de hasta 60 millones de euros, según ha advertido la propia CNMC).
Saber lo que no pasó
El Gobierno, responsable principal de investigar el incidente, admite que aún no puede determinar qué sucedió. Pero, en cambio, dice poder asegurar qué no pasó. Y es que el Ejecutivo da por descartadas varias hipótesis, y todas ellas están entre las podrían vincular el origen del apagón con la actuación de Red Eléctrica, que tiene como máximo accionista al Estado con un 20% a través del holding público SEPI.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen y encargado de dirigir el comité de análisis del incidente, descarta que el colapso se pueda achacar a un exceso de renovables y ausencia de las energías tradicionales que dan estabilidad e inercia al sistema (nucleares, centrales de gas e hidroeléctricas), porque otros muchos días se había operado con un mayor peso de las energías verdes y no se registró problema alguno. Y también da por confirmado que antes de que el sistema eléctrico se viniera abajo había suficiente producción de electricidad disponible para cubrir la demanda prevista, que había energía de respaldo (la que ofrecen las energías tradicionales) dentro de los parámetros exigidos para evitar eventuales problemas y que las redes tenían capacidad para absorber toda esa energía.
A pesar de que el Gobierno y Red Eléctrica no ven un exceso de renovables y también descartan grandes fallos en los cálculos en oferta y demanda antes del apagón, desde entonces el sistema eléctrico funciona con un modo de ‘operación reforzada’ para dar más seguridad y conseguir estabilidad extra. ¿Cómo? Precisamente REE está frenando un poco el uso de las energías renovables y primando las energías tradicionales para producir electricidad estos días, singularmente de las centrales de gas y las hidroeléctricas. No hay fecha prevista para poner fin a este funcionamiento especial y, en principio, no se retirará hasta conocerse las causas del colapso.
En paralelo, el Gobierno mantiene viva la vía de investigación de un posible ciberataque. De momento sólo ha descartado que Red Eléctrica sufriera un problema de ciberseguridad, pero continúan los trabajos de rastreo en los sistemas informáticos de las compañías energéticas, actualmente sólo en los equipos de los centros de control de las redes de distribución y posteriormente se seguirá con los de las plantas de generación de electricidad.
¿Cuál la causa y cuál la consecuencia?
Los datos recabados por el Gobierno, procedentes tanto de REE como de las eléctricas, muestran de momento que en la media hora previa al apagón se registraron dos grandes oscilaciones en el sistema eléctrico europeo, una a las 12.03 horas y otra a las 12.19. Aún está por determinar cuál fue la procedencia de estas perturbaciones y si tuvieron relación con el colapso posterior. Lo que sí está claro es que en ambos casos el sistema eléctrico funcionó y que esas oscilaciones sí se consiguieron amortiguar.
Fue a partir de las 12.32 horas cuando se desencadenaron los problemas que derivaron finalmente en el gran apagón. Se registraron tres eventos de pérdida masiva de generación eléctrica, con un acumulado total de 2.200 megavatios (MW), en subestaciones de Granada, Badajoz y Sevilla en poco más de veinte segundos, y se detecto también una situación de sobretensión en el sistema eléctrico peninsular. El Gobierno reconoce que aún no ha podido concretar cuál fue la causa y cuál la consecuencia.
Los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica aún no pueden determinar si la sobretensión hizo que se desconectaran las plantas de producción o fue la desconexión de las instalaciones de generación la que provocó la sobretensión. Del mismo modo que la investigación aún no ha esclarecido de manera definitiva por qué el sistema eléctrico no pudo amortiguar estas oscilaciones como lo había hecho con las registradas en la media hora anterior, o por qué no se consiguió aislar el problema y los diferentes cortafuegos no evitaron que se extendiera a toda la Península.
Cruce de dardos
Mientras se resuelven todas estas incógnitas, Red Eléctrica de España (REE) niega con rotundidad haber cometido ningún fallo antes del colapso, ni en la operación del sistema eléctrico ni en la gestión de sus redes de transporte de alta tensión, y en todo caso señala al resto de instalaciones gestionadas por las compañías eléctricas como posible origen del problema. Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), ha llegado a decir que la actuación de su compañía antes del apagón «fue absolutamente correcta, en tiempo y en forma”, que se “siguieron estrictamente y escrupulosamente los procedimientos de operación” y, dado que según el operador todos los parámetros de operación eran normales, que lo que hay que determinar es “qué pasaba en el resto de las infraestructuras del sistema” en manos de las compañías energéticas.
Las grandes eléctricas han insistido desde el primer momento que ellas se limitan a operar siguiendo las instrucciones de Red Eléctrica, señalándola como responsable último de garantizar el buen funcionamiento del sistema, y que en sus instalaciones noregistrado ningún mal funcionamiento. Y también han trasladado sus dudas sobre la imparcialidad o la amplitud de las investigaciones en marcha. Tanto en el caso de las pesquisas del Gobierno como en el de las indagaciones de la Unión Europea, lideradas por la agrupación de operadores de redes de transporte continentales (en la que se integra la propia Red Eléctrica de España).
Por un lado, la patronal Aelec, que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP, reclamó sin éxito participar en el comité de análisis del Gobierno para tener acceso a los datos secretos que sólo están en manos de Red Eléctrica y poder así sacar sus propias conclusiones sobre las causas.
«Los datos clave de un sistema eléctrico que pertenece a todos los ciudadanos no deberían ser confidenciales, sobre todo si, al mismo tiempo, se lanzan mensajes parciales en foros y medios de comunicación», subrayó este martes la patronal Aelec en un claro ataque a Red Eléctrica. “Por el bien de una resolución óptima de los hechos, sería conveniente que dejara de emitir juicios públicos que sólo redundan en la confusión y la obstaculización del proceso hacia un análisis técnico objetivo«.
Por otro lado, la asociación de las grandes eléctricas también ha denunciado que en los días anteriores y en las horas previas al colapso energético ya se detectaron fallos graves en la red, con “variaciones extremas y generalizadas” en la tensión de la red gestionada por Red Eléctrica, y también han puesto en duda la corrección de la gestión de las interconexiones con Francia antes del ‘cero energético’. Y por eso la patronal de Iberdrola y Endesa ha exigido ampliar las indagaciones para incluir estos episodios y no circunscribir las pesquisas sólo a los segundos previos al histórico apagón. El Ejecutivo replicó a las compañías que la comisión gubernamental ya ha incluido en su investigación estos episodios registrados en días anteriores al apagón.
“Nadie avisó a este Gobierno”
Moncloa insiste en que está volcada en aclarar las causas de apagón para que adoptar “cuanto antes” las medidas y las reformas legales necesarias para evitar que se repita, y sólo después depurar las responsabilidades por las actuaciones de los “operadores privados” (entre los que el Gobierno incluye no sólo a las eléctricas, también a la propia Red Eléctrica). Pero esquiva las presiones para explicar si se podían haber adoptado medidas preventivas suficientes y niega que hubiera advertencias reales al respecto.
«Nadie avisó a este Gobierno de que esto podía pasar. Nadie, nadie, nadie, nadie», ha llegado a sentenciar la vicepresidenta Aagesen en mitad de la vorágine de las últimas semanas, en las que se ha constatado que Red Eléctrica y la CNMC venían trabajando durante años en cambios en el sistema para reforzar su estabilidad tras la entrada masiva de renovables y recogiendo en informes la necesidad de reformas para evitar perturbaciones graves.
Redeia advirtió en febrero en un informe remitido a la CNMV del riesgo “desconexiones severas” en la red por el despliegue masivo de renovables, e incluso apuntando que se trataba de un escenario probable para “el corto y el medio plazo” (pero el Gobierno alega que se trataba de un informe a los inversores sobre sostenibilidad y no era un aviso técnico); Red Eléctrica y la CNMC han venido recogiendo desde 2020 en varios documentos el riesgo de apagón por sobretensión mientras se ponían en macha proyectos piloto para que renovables y grandes consumidores participaran en dar estabilidad a la red (pero el Ejecutivo esgrime que es la propia la CNMC la responsable de esta regulación); y Red Eléctrica trasladó en enero a Transición Ecológica una propuesta para reformar los protocolos de protección del sistema eléctrico frente a perturbaciones (pero el Ministerio repone que el operador planteaba adoptar nuevos mecanismos en un plazo de cinco años, por lo que no se trataba de una alerta urgente).
Sin embargo, el propio Departamento de Seguridad Nacional (DSN), dependiente de Presidencia del Gobierno, reconoce en su informe anual de 2024 que la transformación de todo el sector energético para impulsar la descarbonización de la economía, con el ‘boom’ de renovables como gran palanca, implica la aparición de “nuevos riesgos” para la seguridad del sector y del país. Y, en paralelo, el Gobierno afrontó el apagón con una Estrategia de Seguridad Energética Nacional aprobada hace ya una década y que ha quedado obsoleta. En 2020 El Ejecutivo activó el proceso para actualizar la estrategia, pero no se aprobó el nuevo texto. Fuentes de Moncloa ahora guardan silencio sobre la posibilidad de acelerar la aprobación de un nuevo plan tras el apagón.
Suscríbete para seguir leyendo
