La tenacidad de un funcionario del cuerpo de la Guardería de Medio Natural del Principado documenta la actividad que se desarrollaba en el exterior de la mina de Cerredo (Asturias), en la que únicamente estaba vigente un permiso para gestionar chatarra, maquinaria y acopios de carbón ya extraído, pero en la que el pasado 31 de marzo fallecieron cinco mineros cuando, según reconoció el Principado, extraían mineral de manera ilegal en el tercer piso de la explotación.
Como ya publicó LA NUEVA ESPAÑA, fueron hasta ocho ocasiones en las que el agente informó a sus superiores sobre actividades en el entorno de la mina en las que, de manera irregular, se ocupaban montes públicos o se producían vertidos de lodos por carbón almacenado. Pero hubo al menos dos ocasiones en las que el citado funcionario aseguró que existía acopio de material e indicios de extracción. Sin embargo, las inspecciones llevadas a cabo por los ingenieros de Minas del Principado no hicieron observación alguna.
Mayo de 2022: “Aún no extraemos mineral, estamos esperando autorizaciones”
El 23 de abril de 2022, el funcionario se encontraba en una zona de la explotación ya caducada a cielo abierto. “Se detectaron trabajos de transporte de materiales para explotar en una galería (bocamina) de interior conocida como ‘el sexto’”, refiere en un informe al que ha tenido acceso este periódico. Añade que esa bocamina se encontraba “sin explotar desde hacía tiempo (años o muchos meses)”. En la plaza de entrada a la galería, el funcionario constata la presencia de “maquinaria pesada (pala y retroexcavador), electrogeneradores, y madera (apeas de mina) almacenada”. Realiza varias fotografías. En la zona se encuentra un joven que atiende un generador y le pregunta por los responsables de la empresa; el trabajador le pide que se dirija a las oficinas, en las antiguas instalaciones de Hullas del Coto Cantábrico. No había nadie.
Días después, el 3 de mayo, el funcionario vuelve a las dependencias y se encuentra con el ingeniero R. V. G., que actúa en representación de la empresa Combayl. “Esta persona me comunicó que todavía no habían iniciado la explotación o extracción de mineral, y que solo se trataba de trabajos preliminares y preparación, pues estaban pendientes de autorizaciones”, refiere.
Las fechas son relevantes. Según la dirección Minas, la resolución del Principado que otorgaba a Combayl la titularidad de la concesión de las minas de Degaña se produjo el 21 de abril, pero dos días después ya había trabajos en la zona. La comunicación de que R. V. G. se encargaría de la dirección facultativa no se comunicó a la Autoridad Minera hasta el 8 de junio de 2022; es decir, después de la visita del funcionario de la Guardería de Medio Natural. Ese mismo día, la empresa Combayl registró una memoria de “trabajos de desimpactación” con la cual buscaba permiso para realizar labores de achatarramiento. “Se pretende recoger para su valorización chatarra diseminada y repartía a lo largo de los pisos mineros de la extinta actividad minera”, refiere el acta de la inspección que se realizó poco después, el 21 de junio.
En aquella visita, el autor de la inspección no apreció lo que vio el funcionario de la Guardería de Medio Natural. La autorización para ocupar terrenos de monte comunal no se empezó a tramitar hasta el mes de julio.
El accidente mortal de 2022, en el mismo lugar
Fue precisamente del sexto piso de donde presuntamente procedía el carbón que transportaba el camión que sufrió el 25 de agosto de 2022 un accidente, en el que murió un trabajador de la explotación y otro quedó gravemente herido, al sufrir la amputación de una pierna. Aunque aún no se ha cerrado el proceso judicial por ese accidente, los inspectores señalaron al respecto (en un informe firmado en diciembre de ese año y desvelado por este periódico) que existían «indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada» en la explotación; esto es, se sacaba carbón de forma fraudulenta. La extracción de carbón del sexto piso quedó plasmada en la sentencia del juzgado de lo social número 4 de Oviedo (referido a las reclamaciones laborales de los heridos) en el que se certifica como hechos probados que el camión en el que circulaban los dos trabajadores que sufrieron el accidente «era empleado en el complejo de Minas Cerredo para el transporte de mineral del interior de la mina».
Vagonetas en el exterior de la mina en 2023 / LNE
Consulta a Minas; la solución, “no podemos hacer nada”
Ante los avisos del funcionario, el 25 de octubre de 2023 la Sección de Gestión de Montes de la consejería de Medio Rural pidió información al Servicio de Minas sobre lo que está ocurriendo en el entorno de la explotación. “Hay actuaciones de tránsito de vehículos y personas, y utilización del monte público, además de que continúa habiendo material para explotación minera de interior”, señala el documento enviado a Minas. La empresa quería prorrogar el derecho de ocupación de suelo público que tenía la anterior propietaria, Coto Cortés, pero hacerlo requeriría una aprobación por parte del Consejo de Gobierno, como ocurrió entonces.
La dirección de Minas responde una semana después que en la zona se lleva a cabo la rehabilitación ambiental de la zona, encargada por el Principado a Tragsa y con subvención de fondos europeos. Además, insiste en que Combayl tiene la titularidad de los derechos mineros. Ante esa respuesta, la sección de Gestión de Montes emite un informe el 25 de noviembre en el que señala que dada la situación “no procede realizar actuación alguna contra la empresa, pues según el informe del Servicio de Minas sería la titular de los derechos mineros”.
“Por todo lo anterior, y al menos hasta que no se informe desde el órgano competente en materia de minas de que han finalizado los trabajos de restauración, no procede realizar actuación alguna, pues ni las actividades de la empresa pueden ser denunciadas, ni se considera procedente conceder la prórroga de la ocupación solicitada”, concluye.
La segunda advertencia: Junio de 2024
El mismo funcionario de Medio Natural acude a la zona el 21 de junio de 2024 y anota en un informe: “Se detectan trabajos en el exterior de la bocamina del nivel 3” con “presencia de maquinaria y vehículos, grupos electrógenos y compresores funcionando para ventilar el interior de las galerías, así como apeas, mesillas de madera recién apiladas y sin utilizar”.
Todo ese material estaba en el monte de utilidad 144, así que cumpliendo con sus funciones, el funcionario se acerca a la bocamina: “Está señalizada prohibiendo el paso por motivos de seguridad”. Al no haber personal, se dirige a las instalaciones de la empresa y encuentra al facultativo, en esta ocasión José Antonio Fernández Casillas. Le pregunta por la actividad que se está realizando y asegura que son “labores de ventilación y mantenimiento de las galerías”.
Maderas en el exterior de la mina, en 2024 / LNE
Nueva visita en septiembre de 2024; más actividad
El 3 de septiembre de 2024, el funcionario constata actividad en los niveles 2 y 3 de la mina. En el caso del nivel 3º (donde en marzo de 2025 se produjo el accidente mortal), se aprecia “almacenamiento, depósito y estacionamiento de materiales, maquinaria y vehículos para actividad minera junto a la entrada de la galería allí situada”. Casillas le había indicado que se realizaban “trabajos de mantenimiento, seguridad y retirada de materiales” y “no de extracción de mineral”.
En el nivel 2º, el funcionario encuentra la misma actividad y circunstancias (maquinaria, madera, vehículos estacionados) y, además, “escombrado proveniente de la galería” y a dos operarios. Les pregunta qué están haciendo y le aseguran que “están preparando, limpiando y despejando la galería para más adelante sacar o explotar carbón”.
El empresario: «No te preocupes, tengo contactos a niveles altos»
El funcionario se dirige a las instalaciones de la empresa y se encuentra al dueño de la mina, Jesús Rodríguez Morán, a quien pregunta por el facultativo. “Me comunica que es el ‘dueño’ de la empresa y me concreta más exactamente que su hijo”. Al explicarle el funcionario que están ocupando sin permiso monte público, Rodríguez Morán asegura que ha “solicitado la ocupación de las plazas del nivel 2º y 3º”. “Me confirma que van a ser utilizadas para explotar carbón, que no me preocupe, que ya lo restaurarán y está en contacto a niveles altos y tiene contactos con Medio Ambiente… somos todos paisanos y con voluntad todo se arregla”, llega a registrar en su informe el funcionario.
Las fotografías de aquella visita constatan la presencia de gran cantidad de madera en las bocaminas del 2º y 3º piso. Ingenieros de minas consultados por este periódico señalaron que tal cantidad de madera es compatible con una extracción y no con actividades de achatarramiento. “Se ven piezas serradas que se usan para hacer lo que se denominan llaves de madera, que son necesarias para frenar el hundimiento en una explotación de carbón; nada que ver con la recuperación de chatarra”, asegura una fuente del sector. En otra imagen se aprecian “mampostas y tabla, también para postear el frente de arranque de un tajo”.
“No es lógico; vas recuperando en retirada y dejando colapsar la zona de donde retiras el carril y los cuadros; eventualmente podrías necesitar apuntalar algún punto concreto, pero sería antieconómico”, afirma otro ingeniero.
Una sanción en octubre de 2024 y el tono de la respuesta
La actividad desarrollada por Combayl, al margen de los permisos y autorizaciones para ocupar el monte común, terminó en una sanción en 2024. Entre la documentación que obra en la consejería de Medio Rural consta la respuesta de la empresa a la sanción planteada por el director general de Gestión Forestal. La razón, abrir una zanja de 70 metros de longitud sin autorización. El objetivo era evitar que se inundase la galería de la planta segunda.
La respuesta de Combayl, en enero de este año 2025, mantiene un llamativo tono. Admite los hechos para acogerse a la reducción de cuantía (terminó abonando 600 euros), pero ya señala que en las instalaciones “se intentan desarrollar” los proyectos para la instalación de una planta de valorización de subproductos y escombros de la construcción y otra planta de fabricación de briquetas”. Recalca que ambas tienen ayudas del Instituto de Transición Justa y recalca que “cuentan con gran apoyo municipal, social y sindical, y se espera que, a pesar del presente expediente sancionador, también de las autoridades autonómicas”.
Bocamina del piso 3º en Cerredo, en 2024 / LNE
Además, señala que se desarrollan labores de limpieza y recuperación y que se pretenden evaluar recursos “susceptibles de ser utilizados como materia prima de productos de alto valor añadido” en sectores como los “aceros especiales, grafeno, grafito, fabricación de componentes de las baterías de ión-litio y de plásticos especiales, filtros o paneles fotovoltaicos”. Y recalca que está aprobado un “Proyecto de Investigación Complementario Grupo Cerredo-Piso 1º”
Explica también que la zanja pretende evitar que se inunde la galería del piso 2º donde se realizaban “labores de limpieza y recuperación” así como “de preparación de las tareas de investigación”. Y detalla que en octubre de 2024 el funcionario de la Guardería de Medio Natural mantuvo una “amistosa conversación “y que según su criterio no era grave. Expresa además la empresa la sorpresa al recibir la sanción, “por ocupar un 0,0000013% “del total de extensión del monte.
“Se espera que desde esa autoridad autonómica en materia forestal, al igual que los sindicatos, sociedad civil, autoridades locales e ITJ, también pueda ayudar, en el maco de la escrita (sic) legalidad, la ejecución de los proyectos de inversión empresarial”. Es decir, todo un aviso de que esperaban un poco de “vista gorda” o comprensión.
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