La Justicia filipina ha emitido una orden por la que niega la libertad bajo fianza a los tres policías acusados de asesinar al joven coruñés Diego Bello Lafuente en enero de 2020, según informa la asociación Justicia Para Bello. El Tribunal de Primera Instancia Regional de la región de la capital de Filipinas considera que los acusados, a los que también se les imputa colocar pruebas falsas para fingir que Bello era un narcotraficante que se enfrentó con los agentes, tuvo en cuenta que la Fiscalía ha presentado pruebas, incluyendo declaraciones de testigos, reconstrucción de la escena del crimen y análisis balístico, que van en contra de la versión de los policías, y la jueza Mary Jean Cajandab Ong fundó su resolución en el artı́culo 13 de la Constitución Filipina, que prohı́be la concesión de fianza en casos de delitos capitales cuando la evidencia de culpabilidad es sólida.
En el fallo, siempre según información por la agrupación que pide justicia para el joven coruñés, el Tibunal subrayó que los acusados admitieron haber estado en la escena del crimen y desempeñar funciones dentro de la supuesta operación antidroga que llevó a la muerte, pero tiene en cuenta la investigación del NBI, un organismo filipino similar al FBI estadounidense, que desmonta sus declaraciones de que mataron a Bello respondiendo a los disparos del español. «El Informe de Investigación elaborado por el NBI, respaldado por pruebas documentales, testimoniales y forenses, demostró que la muerte de Lafuente no fue consecuencia de un enfrentamiento armado (…). Existen factores relevantes que refutan convincentemente la teoría de un «enfrentamiento armado», tal como se presenta en el Informe de Investigación del NBI», citan desde el entorno del joven coruñés.
El juicio de los acusados seguirá según lo programado el 23 de julio de 2025 en sesiones de mañana y tarde, indica Justicia para Diego, que señala que «la decisió n del Tribunal marca un precedente en la lucha contra las ejecuciones extrajudiciales y la manipulación de pruebas dentro de las fuerzas del orden, reforzando el compromiso del sistema judicial filipino con la justicia y los derechos humanos». La familia del joven asesinado expresó su «satisfacción por el avance judicial», un «paso crucial en la búsqueda de justicia», pero también indica que será la sentencia final la «determinante para que se haga plena justicia».
