El Ministerio de Sanidad ya ha ratificado que las enfermeras podrán prescribir medicamentos pese al rechazo de los médicos. Pero, además, las enfermeras cuentan con el respaldo de la población. Así, se desprende de una encuesta demoscópica que ha hecho pública este miércoles el Consejo General de Enfermería (CGE) que concluye: cerca del 90 % de los encuestados está de acuerdo con que prescriban determinados medicamentos dentro de su ámbito de competencia, puedan solicitar analíticas, radiografías o atender de forma autónoma urgencias leves.
En el estudio -con entrevistas a 2.000 personas- se pregunta a los encuestados en qué medida estaría de acuerdo con que las enfermeras deberían indicar (prescribir) medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, omeprazol, para heridas… El respaldo es «mayoritario», acentúa el Consejo: un 61% se muestra de acuerdo y «según los casos», un 26% (un 87%). Solo el 12% estaría en contra de la prescripción enfermera. La aceptación crece en los mayores de 65 años.
Un apoyo que continúa en el caso de la atención a urgencias leves: totalmente aceptada por 7 de cada 10 ciudadanos y, «según los casos», por el 19%. En total, más de 9 de cada 10 ciudadanos respalda esa participación. La aceptación social también se traslada a que las enfermeras puedan solicitar pruebas diagnósticas, como analíticas o radiografías (‘de acuerdo’ y ‘según casos’ con un total del 86%). Los jóvenes están especialmente a favor de esa medida, superando el 90%.
Sistema más ágil
El organismo que representa a las enfermeras ha remitido este estudio al Ministerio de Sanidad y lo presentará sucesivamente a los distintos grupos políticos ante las reformas sanitarias que hay sobre la mesa y que, subrayan, «deben dar lugar a un sistema más ágil, universal, sostenible y capaz de dar respuesta a la cronicidad y envejecimiento de la sociedad española«.
El anteproyecto de la ley del medicamento, que es la primera gran reforma del sector desde los años 90, fue aprobado el 8 de abril por el Consejo de Ministros y, a partir de ese momento, ha desatado toda una serie de pronunciamientos de los sectores afectados.
Oposición de los médicos
Hace apenas unos días, el Foro de la Profesión Médica volvía a insistir: la prescripción de medicamentos «es un acto médico para el que se requiere la formación de seis años en el Grado de Medicina y cuatro o cinco años de especialización, es decir, un mínimo de once años para asumir la responsabilidad del diagnóstico, tratamiento y la atribución de prescribir, un trayecto formativo que tiene un único objetivo final: la seguridad clínica«.
Medicamentos. / Europa Press
El Foro, del que forman parte el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME) o la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha expresado en varias ocasiones «su honda preocupación» al anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios por «su posible impacto perjudicial en la seguridad clínica de los pacientes en nuestro país ante la dilución de competencias y atribuciones«.
Equiparación
Por otro lado, más del 95% de los encuestados, según el estudio del CGE, defiende que la Administración equipare a las enfermeras con otras profesiones con estudios de Grado similares, es decir, que se encuadren en el grupo A1 o el equivalente que se instaure tras la prevista reforma del Estatuto Marco.
El respaldo social a la profesión, cuyo trabajo se puntúa con una nota de 8,7 de media, realza el CGE, se corresponde con un mayor conocimiento de sus funciones. De hecho, respecto a otra oleada llevada a cabo por el Consejo hace cuatro años, la población resalta el rol de las consultas enfermeras, su función docente e investigadora y, la mayoría, identifica el carácter universitario de su formación -un 85%-, así como la posibilidad de especializarse –EIR, enfermera interna residente– que manifiesta un 69% de los encuestados.
Se indica, finalmente, que nueve de cada diez personas ha tenido contacto con una enfermera a lo largo del último año y casi el 60 % de los participantes en el estudio cree que perciben un salario por debajo de su nivel de responsabilidad y funciones en el marco de unas condiciones laborales que son más duras que las de la mayoría de las profesiones.
