Nuevo flanco de polémica, de consecuencias potencialmente relevantes, en torno a la oferta de compra (opa) del BBVA sobre el Sabadell. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado este miércoles que «no debería haber ningún tipo de conflicto» con la Comisión Europea sobre la operación. Su pronunciamiento se produce horas después de que fuentes comunitarias manifestaran este martes no conocer «ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo» de la integración por parte del Ejecutivo español, el mismo día en que Cuerpo decidía elevar la opa al Consejo de Ministros y abría con ello la puerta a que le imponga condicionales adicionales.
En una entrevista en la ‘Ser’, el ministro ha defendido que el Gobierno está siendo «absolutamente respetuoso» con la normativa española, que a su vez está «alineada» con las reglas europeas. Con ello ha querido transmitir que Bruselas no tiene motivos para intervenir: el Ejecutivo comunitario es responsable de velar porque las leyes y actuaciones nacionales no vayan en contra de los tratados y directivas de la UE y, en caso de considerar que ese no sea el caso, tiene la potestad de abrir expedientes sancionadores a los Estados miembros y de llevarles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Con toda intención, Cuerpo ha querido desligar las «cuestiones legales» -esas que ha defendido que la Comisión no tiene argumentos para esgrimir- de la defensa que viene haciendo Bruselas de la necesidad de crear bancos europeos más grandes para competir globalmente. Sin ir más lejos, la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Alburquerque, lo defendió este mismo lunes y consideró «irrelevante» que sea a través de fusiones nacionales (como la opa) o de integraciones entre entidades de distintos países miembros. Y significativamente, lo hizo durante una comparecencia conjunta en Madrid con el propio ministro.
Interes europeo o nacional
Frente a esta necesidad europea de crear entidades financieras de mayor tamaño, Cuerpo ha argumentado que también existen otros objetivos de política económica nacional por los que debe velar el Gobierno, como que fluya el crédito a las pymes en todo el territorio, proteger el empleo o garantizar la inclusión financiera de la España rural. Eso explica, ha defendido, su decisión de elevar la opa al Consejo de Ministros para analizar si resulta conveniente imponerle «condiciones adicionales» a las que pactaron la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el BBVA.
El ministro, asimismo, ha desvelado que los ministerios de Industria, Trabajo, Seguridad Social, Derechos Sociales, y Transición Ecológica y Reto Demográfico también le transmitieron que eran partidarios de que elevase la operación al Consejo de Ministros para profundizar en el análisis de la operación. También ha informado de que este martes llamó a los presidentes de BBVA, Carlos Torres, y Sabadell, Josep Oliu, para transmitirles su decisión y que estos no se mostraron sorprendidos. En cambio, ha negado tajantemente que la posición del Gobierno respecto a la opa haya formado parte en ningún momento de las negociaciones entre el Ejecutivo y Junts.
