El Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde -esta vez de manera definitiva- la ley de la ciencia. El texto supone una reforma de la norma actualmente vigente (2011) y tiene tres objetivos fundamentales. El primero es blindar la financiación suficiente a las labores de Investigación y Desarrollo (I+D): el 1,25% del PIB de aquí al 2030. El segundo, reducir la burocracia y simplificar la carga administrativa en la petición de ayudas. Y el tercero (y quizá el más importante), otorgar estabilidad laboral a los científicos y trabajadores. En la votación final, los diputados han rechazado la enmienda que introdujo en su día el PP para que contratos temporales o definitivos se otorgaran en función de la financiación del proyecto: estatal o europea.
En junio, el Congreso ya dio luz verde a la ley. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, salió muy reforzada del debate y la posterior votación porque el texto se aprobó con 261 apoyos, 59 abstenciones y ni una sola papeleta negativa. La reforma legislativa busca reducir la precariedad laboral consagrando un nuevo contrato indefinido que no estará sujeto a la oferta pública de empleo y que estará dirigido a investigadores, técnicos y personal de gestión. También se podrán beneficiar de este modelo laboral, y con independencia de su nivel de formación, personas con experiencia y competencia suficiente.
“No hay ciencia sin derechos, y sin ciencia no hay futuro”
En el posterior debate en el Senado, sin embargo, se aprobó una enmienda del PP -a petición de la conferencia de rectores universitarios y los centros de excelencia- que modificaba el modelo contractual en función de los fondos con los que estuviera financiado el proyecto en el trabaja el investigador: estatal o europeo. En el segundo caso, los contratos serían temporales en lugar de indefinidos. A juicio del sindicato CCOO en Catalunya, esta iniciativa conservadora «devuelve a los investigadores a la situación anterior: precariedad permanente, reducción de las indemnizaciones y la imposibilidad de desenrollar un proyecto de vida basado en la estabilidad laboral».
“Nos sorprendió mucho el apoyo a la enmienda del PP en el Senado de determinados grupos, como PNV, Junts y ERC, que habían dado su “sí” al texto que salió anteriormente del Congreso”, critica Manuel Fages, Secretario de Políticas Públicas de CCOO. “No hay ciencia sin derechos, y sin ciencia no hay futuro”, concluye. En el debate de hoy, precisamente, muchos diputados han afeado a los grupos haber apoyado esa enmienda del PP a pesar de haber dado luz verde, semanas antes, la ley en el Congreso tal cual estaba. La enmienda del PP es «un retroceso en derechos», según el representante del BNG, Néstor Rego.
Votación
En el debate, y antes de la votación, el diputado de ERC Joan Margall ya anunció que su partido se desmarcaba de la enmienda, así que la ley de la ciencia sale hoy aprobada tal cual se refrendó la primera vez en el Congreso: los contratos indefinidos se aplicarán con independencia de si el investigador trabaja en un proyecto con financiación estatal o europea.
Fuentes del Ministerio de Ciencia e Innovación han valorado positivamente el apoyo de ERC para evitar la convalidación de la enmienda presentada por el PP, que «pretendía seguir precarizando la contratación de los investigadores de nuestro país». Con el acuerdo alcanzado, el Ministerio «mejorará la capacidad financiera de los centros de investigación y universidades de toda España a través de las convocatorias de sus agencias financiadoras, beneficiando así al sistema de ciencia en su conjunto, sin establecer ningún tipo de diferencia territorial».
Para fomentar la estabilidad, la norma promueve los contratos posdoctorales de hasta seis años en universidades, fundaciones y consorcios del sector público. El texto contempla algo que la vigente ley no hacía: el derecho de indemnización, que también se aplicará a los contratos predoctorales. Además, el computo de la duración se interrumpirá cuando se soliciten permisos y excedencias por motivo de conciliación de la vida laboral y familiar. Con el objetivo de atraer científicos de prestigio, la nueva ley redefine el contrato de investigador distinguido.
La creación de la Agencia Espacial Española, uno de los grandes proyectos lanzados por el exministro y astronauta Pedro Duque, también destaca entre las grandes novedades de la ley. Esta entidad se dedicará al «fomento, ejecución y desarrollo» de proyectos relacionados con el ámbito «del espacio, la seguridad y defensa nacional«. Sobre todo en cuanto al uso (y desarrollo) de satélites y la gestión de los datos obtenidos de esta actividad. Estas labores, según constata el documento, se realizará en plena coordinación con la Agencia Espacial Europea (ESA) y otras organizaciones internacionales. El despegue de este proyecto se aprobará en el plazo máximo de un año, cuando el Gobierno apruebe el estatuto de la Agencia Espacial Española de la mano de todos los ministerios implicados en sus labores.
El Sistema Nacional de Salud (SNS) no queda excluido. Los investigadores que trabajen en el SNS dedicando, al menos, el 50% de su jornada laboral a las tareas de investigación tendrán categorías específicas y se les aplicarán los contratos de la ley de la ciencia. El texto especifica que se aprobará un Estatuto del personal de investigación del SNS.
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