El Ayuntamiento de Cullera ha exigido formalmente a la Generalitat Valenciana que reconsidere la reciente prohibición de la pesca recreativa en la desembocadura del Júcar, una actividad tradicional profundamente arraigada entre los vecinos del municipio. Esta medida, comunicada a través de carteles restrictivos instalados en la zona, ha generado un amplio rechazo entre los aficionados locales, que no comprenden por qué se les impide practicar una afición que se ha desarrollado durante generaciones en este emblemático espacio natural.
El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, trasladó directamente esta preocupación al conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, durante su reciente visita para inspeccionar las obras de reparación en el puerto afectado por la dana. En el transcurso del encuentro, Mayor expresó el profundo malestar que ha causado esta medida, tanto entre los pescadores como en la ciudadanía en general, al considerar que la prohibición no tiene en cuenta la historia, la identidad ni las características específicas del tramo afectado.
Una prohibición sin consenso vecinal
La medida de la Generalitat se enmarca en una regulación más estricta de las actividades en zonas portuarias o de especial protección medioambiental. En este caso, la desembocadura del Xúquer está catalogada como zona de dominio público marítimo-terrestre y se considera que forma parte de la infraestructura portuaria. Las autoridades autonómicas alegan que, por motivos de seguridad y ordenación del espacio portuario, no se permite la pesca en aquellos lugares donde no esté expresamente autorizada.
Además, desde la conselleria también se esgrimen razones medioambientales. La pesca recreativa, aunque sea de bajo impacto, puede interferir con la fauna acuática, especialmente en zonas sensibles como las desembocaduras de los ríos, donde confluyen distintos ecosistemas. También se ha mencionado el riesgo de contaminación derivado del uso de anzuelos, restos de cebos o sedales, así como la necesidad de preservar la biodiversidad y garantizar la compatibilidad con otras actividades portuarias.
Tramo sin instalaciones portuarias activas
Sin embargo, el Ayuntamiento de Cullera insiste en que el tramo afectado no cuenta con instalaciones portuarias activas ni supone riesgo alguno para la seguridad o el funcionamiento del puerto. «Se trata de un espacio al que los vecinos y vecinas han acudido históricamente para pescar, de forma tranquila y respetuosa, sin que hasta ahora se haya generado ningún conflicto», ha explicado el alcalde.
El consistorio considera que la Generalitat ha adoptado esta decisión de manera unilateral y sin diálogo previo con el municipio ni con los colectivos de pescadores afectados. Por ello, además de la comunicación directa al conseller, el ayuntamiento ha enviado una petición formal por escrito para que se reconsidere esta prohibición y se busque una solución que permita compatibilizar la protección del entorno con la práctica de la pesca recreativa.
«Estamos dispuestos a sentarnos con la Generalitat para establecer normas claras, horarios o zonas delimitadas si es necesario, pero lo que no se puede hacer es prohibir sin más una actividad que forma parte de nuestra vida y nuestro paisaje», concluyó Mayor.
El ayuntamiento no descarta nuevas acciones si la conselleria no da marcha atrás, al tiempo que animan a los vecinos a expresar su desacuerdo de forma cívica para defender una tradición que consideran injustamente vetada.
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