Canarias va a dar un paso más en su estrategia jurídica y política para conseguir que se limite la venta de vivienda a no residentes: implicar a todos los ayuntamientos de España y que esa medida no se aplique solo en el Archipiélago. Esa va ser la propuesta que el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, pondrá sobre la mesa de la Conferencia de Presidentes que se celebrará el 6 de junio en Barcelona y que este martes adelantó en la sesión de control celebrada en el Parlamento.
«Llevaremos un documento que incluye la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para que los ayuntamientos no limiten, pero sí dificulten a través de ordenanzas municipales, la adquisición de viviendas a los no residentes», dijo Clavijo al desvelar los asuntos que las Islas quieren incluir en la agenda de la cumbre presidencial que se va a celebrar en la Ciudad Condal.
Clavijo recordó que este plan canario estatal sobre vivienda es paralelo a la estrategia ante la Unión Europea (UE) que busca realizar nuevas consideraciones específicas para las regiones ultraperiféricas (RUP), adecuadas al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento con el fin de «proteger la vivienda social, luchar contra la especulación inmobiliaria y mantener una oferta suficiente de viviendas destinadas al arrendamiento de larga duración a precios asequibles».
Destensar el mercado inmobiliario
Para ello, Clavijo insistió en que los ayuntamientos «podrían tener herramientas que les permitirán establecer ciertos requisitos para la compra de vivienda por parte de los no residentes, ya que hemos visto que alteran el mercado inmobiliario», recordó.
«Consideramos que el Estado, ejercitando su competencia con carácter básico en materia de régimen local, como recoge la Constitución, puede habilitar a los municipios para que dentro del ejercicio de sus competencias puedan contribuir a la solución del problema habitacional que se está produciendo», añadió.
Una propuesta que, para los socialistas, no soluciona el problema de la emergencia habitacional, ya que a juicio del portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, que el dilema de la falta de vivienda es que «el 14,6% de las casas en las Islas en está en manos de grandes propietarios».
Cuatro personas tienen 620 propiedades
Para Franquis, es «el porcentaje más alto del Estado» y desveló que «solo cuatro personas físicas acumulan más de 620 propiedades y 73 sociedades concentran más de 19.300 viviendas».
Por ello, anunció que presentarán una proposición legislativa para aumentar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) con el fin de que «su recaudación se destine íntegramente a la promoción de vivienda pública» y crear un registro obligatorio de grandes propietarios «para facilitar la intervención pública y controlar la concentración del mercado».
Clavijo se interesó por la propuesta del PSOE e incluso pidió a Franquis que «me haga llegar el texto para ponerlo sobre la mesa de la Conferencia de Presidentes». A cambio, solicitó a los socialistas que luchen para que el Gobierno de Pedro Sánchez «modifique la ley estatal de vivienda que lo único que ha hecho ha sido expulsar casas del mercado de alquiler y lograr que suban los precios». Mientras tanto, Canarias seguirá con su estrategia de limitar la compra de viviendas a foráneos.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
Suscríbete para seguir leyendo
