Los gobiernos de la Unión Europea apoyaron este martes la simplificación del arancel contra la importación de productos de terceros países fabricados con altas emisiones de CO2 y que, en la práctica, eximirá al 90 % de las empresas de tener que pagar este recargo una vez se empiece a aplicar en 2026. El objetivo es que las empresas europeas afectadas por esta norma no estén en desventaja respecto a las de otros países menos exigentes en esta materia.
Los Estados miembros han fijado así su posición negociadora en las conversaciones que deben comenzar ahora con el Parlamento Europeo, la otra institución con poderes legislativos, de cara a acordar la redacción definitiva de la legislación.
La medida entrará en vigor en 2026, pero afectará a muchas menos empresas / Agencias
La modificación sitúa en 50 toneladas de CO2 al año el umbral para que los operadores estén obligados a abonar este arancel, llamado Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM), lo que reduce a un 10 % las compañías afectadas por el mismo.
El Consejo de la UE (que representa a los países) informó de que este cambio beneficiará principalmente a pequeñas y medianas empresas e incluso personas que importan «cantidades pequeñas o insignificantes de bienes cubiertos» por este arancel climático (hierro, acero, aluminio, cemento y fertilizantes).
Así, esta institución ha subrayado que la modificación «no compromete los objetivos climáticos» de la UE porque «alrededor del 90 % de las emisiones (de CO2) asociadas a los bienes importados cubiertos por el CBAM seguirán cubiertas».
Ademas, las modificaciones simplifican los trámites de autorización para los operadores que importen bienes sujetos al arancel, facilitan el cálculo de las emisiones y mejoran la gestión de la responsabilidad financiera, además de reforzar las medidas destinadas a prevenir abusos.
Primera fase de «simplificación legislativa» de la Comisión Europea
Estos cambios sobre el funcionamiento del arancel del bloque para gravar las importaciones con elevada huella de carbono forma parte de la primera de las rondas de simplificación legislativa que la Comisión Europea está impulsando en sus primeros meses de mandato como parte de sus esfuerzos para mejorar la competitividad del bloque.

La UE no quiere perjudicar la competitividad de sus empresas / Agencias
El objetivo de este instrumento es conseguir que las compañías europeas que están sujetas a las normas climáticas del bloque y tienen que pagar por sus derechos de emisión de CO2 no estén en una desventaja competitiva frente a sus rivales de terceros países en los que las exigencias climáticas son menos ambiciosas.
El Ejecutivo comunitario recopila desde octubre de 2023 datos sobre importaciones de cemento, acero, aluminio o fertilizantes en una fase «transitoria» hasta que empiece a recaudar este arancel a partir de 2026.