La absorción de Bankia por parte de CaixaBank ha sido la gran apuesta del Gobierno para tratar de aumentar el porcentaje de ayudas que se podrá recuperar de los 24.069 millones de euros de capital inyectados por los Ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en el grupo nacionalizado en 2012. Un envite que no ha dejado de dar buenas noticias al Estado desde que se consumó la fusión en 2021. Los dividendos pagados por la entidad catalana y, sobre todo, su revaloración en bolsa elevaron el importe considerado «recuperable» de la inversión pública en el banco hasta los 8.961 millones de euros al cierre de 2024, un 32,8% y 2.213 millones más que en 2023.
Pero aún más relevante resulta que dicha cifra supera actualmente los 11.000 millones por primera vez en una década (11.187 millones en 2015) y se aproxima al máximo alcanzando en 2014 (12.324 millones). Desde que se consumó la absorción de Bankia por CaixaBank en 2021, el incremento supera los 7.000 millones, desde los 4.491 millones iniciales (el punto más bajo, ya que al pasar el Estado de tener una posición de control en el banco madrileño a ser el segundo accionista en el catalán tuvo que cambiar la forma en que valoraba su participación con un notable impacto negativo).
La normativa contable, así, obliga a ir plasmando la cantidad recuperable cada año en las cuentas del público Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía. El organismo presidido por Álvaro López Barceló calcula esa cifra a partir del patrimonio neto individual de BFA (la antigua matriz de Bankia, 100% pública y propietaria del 18,1% de CaixaBank), más las plusvalías latentes de más fácil ejecución. Dicho patrimonio subió en 266 millones el año pasado (por los dividendos cobrados del banco catalán, principalmente), hasta los 5.560 millones.
Pero lo que realmente disparó la cantidad recuperable fueron las plusvalías latentes (en 1.946 millones, hasta los 3.401 millones) gracias a que CaixaBank subió en bolsa un 40,5%. Desde el cierre del año pasado hasta el pasado viernes, el banco catalán se ha revalorizado otro 42,7%, lo que por sí mismo explica que la cantidad recuperable supere los 11.770 millones. Además, BFA cobró en abril 367,5 millones de dividendo de CaixaBank, con lo que puntualmente la cifra recuperable sería aún mayor (por encima de los 12.100 millones) por su efecto en el patrimonio neto. Con todo, BFA ha empezado a su vez a pagar dividendos al FROB, con lo que es previsible que dicho patrimonio neto permanezca estable a final de año respecto al cierre de 2024.
Factura final
La factura final del rescate de Bankia, en todo caso, no se conocerá hasta que BFA se liquide, una vez venda sus acciones de CaixaBank (el Gobierno ha vuelto a ampliar el plazo hasta finales de 2027). La participación en la entidad catalana suponía el 59,5% del balance de BFA al cierre del año pasado, mientras que el resto lo constituían básicamente los 1.366,8 millones de euros de bonos que recibió de la Sareb como pago por los activos inmobiliarios tóxicos que le transfirió en 2013. El FROB tiene contratado a STJ Advisors para que le ayude a analizar cuándo y cómo salir del banco catalán (se puede hacer mediante ventas en bloque o pequeñas desinversiones en bolsa).
Pero mientras CaixaBank siga subiendo en bolsa, el Gobierno tiene poco incentivo para vender. El 18,1% que el Estado posee de la entidad catalana ha incrementado su valor bursátil hasta los 9.572 millones de euros, frente a los 1.965 millones previos a que se anunciaran los contactos entre Bankia y CaixaBank en septiembre de 2020. Además, BFA ha cobrado 1.560 millones en dividendos desde 2021, que ayudan a reducir el déficit público estatal en algunas décimas. Si hubiera vendido cuando se produjo la fusión, no habría podido aprovecharse de todo ello.
Devolución del rescate
La buena evolución y perspectivas de CaixaBank, además, permitieron el año pasado a BFA dejar de necesitar financiación externa y poder pagar por primera vez un dividendo de cerca de 490 millones al FROB (334,8 millones por su beneficio de 2023 y 155 millones a cuenta de los 702,3 millones de dividendos cobrados de CaixaBank en 2024). A esta cantidad se le sumarán un mínimo de 510 millones en 2025 (por el beneficio de 2024), a los que previsiblemente se les añadirá otra cantidad millonaria en otoño (por el dividendo a cuenta de los resultados de 2025 que pague CaixaBank como anticipo el próximo noviembre).
Se trata de unos pagos con una gran carga simbólica: estaban contemplados en el plan de reestructuración pactado con la Comisión Europea en 2012 como «mecanismo de repago del capital» inyectado al grupo nacionalizado. Estaba previsto que dicha devolución de capital comenzara en 2015, pero no fue posible realizarla debido a la caída del patrimonio de BFA provocada por las pérdidas que acumuló precisamente desde el 2015 a causa de la continua bajada en bolsa de Bankia por el entorno de tipos de interés negativos, así como por los 2.634 millones que tuvo que pagar a los afectados de las preferentes y la salida a bolsa de su participada.
Al Tesoro
El FROB, por su parte, tiene que hacer frente todavía a 932 millones de euros del préstamo que recibió del Tesoro para canalizar los fondos del rescate europeo a la banca de 2012. Pero el hecho de que haya comenzado a recibir dividendos de BFA abre la puerta a que el ente público comience a realizar pagos al Tesoro en 2026. El Tesoro, a su vez, ha devuelto ya 29.472,27 millones al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el 71,3% de los 41.333 millones que recibió, y tiene pendientes otros 11.860,73 millones hasta finales de 2027.
De momento, la participación en CaixaBank aportó al FROB un beneficio de 2.213 millones el año pasado (el incremento de la cantidad recuperable) y le permitirá anunciar en unas semanas ganancias por tercer año consecutivo, tras acumular pérdidas los 13 primeros ejercicios desde su creación en 2009. Se trata, eso sí, de un beneficio contable, que no disminuye la cifra del rescate estatal a la banca ni reduce la deuda y el déficit públicos. La mayoría de estos impactos, así, se reflejaron en las cuentas del Estado cuando este desembolsó los fondos necesarios para salvar a las entidades quebradas en 2012 y 2013.
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