El PSOE ha querido despejar cualquier duda sobre su apoyo a Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE extremeño. Justo antes de que se comunicase la apertura de juicio oral en su contra (así como en contra de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz), el dirigente socialista dio el salto al Parlamento autonómico, pasando a ser aforado. La maniobra, muy polémica, ha reabierto heridas en la federación del partido, pero cuenta con el respaldo de Ferraz, pese a que Gallardo se ha mostrado crítico en numerosas ocasiones con el presidente del Gobierno.
“Los afiliados del PSOE le dieron a Gallardo un mandato claro: liderar la oposición a un gobierno desolador del PP en Extremadura. En Extremadura existía la posibilidad de hacerlo desde la Asamblea y eso es lo que se ha hecho. Lo apoyamos. El compañero Gallardo es otra pieza más de la cacería de la ultraderecha política y mediática contra el Gobierno, el PSOE, nuestras familias y cualquiera que les moleste para recuperar el poder del que fueron expulsados por corruptos”, ha señalado este lunes en rueda de prensa la portavoz socialista, Esther Peña.
Poco antes, Gallardo había comparecido para proponer al PP una reforma del estatuto de autonomía para limitar los aforamientos, precisamente ahora que él ha decidido beneficiarse de ellos. Peña no ha querido extender la iniciativa al resto de comunidades autónomas y al Estado.
El objetivo
Fuentes de la dirección del PSOE reconocen que el momento elegido para dar el salto al Parlamento autonómico no es el mejor. “Los tiempos indican que lo hace por otra cosa”, señalan. Es decir, para disfrutar del aforamiento. Por eso creen que Gallardo “debería haberlo antes”.
En cualquier caso, el barón socialista no piensa dimitir, pese a que el código ético del PSOE señala que tiene que hacerlo con la apertura del juicio oral. Un cambio aprobado sin ninguna publicidad en el congreso que los socialistas celebraron a finales del año pasado sitúa el nuevo listón en la condena, pero solo en los casos donde se estime que el proceso tiene una “motivación política”. Y los socialistas consideran que la hay, ya que uno de los demandantes es el sindicato ultra Manos Limpias.
