Más de un año después, el Consejo de la Unión Europea volverá a debatir este martes si incluye el catalán, el gallego y el euskera en la lista de lenguas oficiales. La delegación española pidió hace unas semanas que este asunto volviera al orden del día de las reuniones de los 27, pero, a menos de 24 horas de la cita, aún no hay garantías de que sea una realidad. En las últimas horas, España ha intensificado los contactos diplomáticos para convencer a sus socios y seguirá haciéndolo hasta el último momento. Así lo ha indicado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que asegura tener una «propuesta sólida» y «muy trabajada y mejorada con todos los estados miembros». Del mismo modo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que el Gobierno «está trabajando intensamente y a todos los niveles» para que la oficialidad sea una realidad.
Pero también el PP ha levantado el teléfono para tratar de influir en los países gobernados por fuerzas conservadoras y evitar una decisión unánime, ya que para que el catalán sea realmente oficial en Europa se necesita que todos los Estados miembros estén de acuerdo. Lo ha admitido el secretario general del PP en Cataluña, Santi Rodríguez, quien ha reconocido que su formación ha realizado «llamadas» a otros Estados miembros para exponer «su opinión» de cara al debate que se producirá este martes. «Si hay llamadas es porque las ha habido en sentido contrario. Aquellos que llaman deben asumir que los otros podemos hacer exactamente lo mismo», ha declarado.
Ante todos estos movimientos, los gobiernos europeos han evitado pronunciarse antes de la votación. «Mañana estará en la agenda de Bruselas y participaremos en el debate», ha declarado el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, tras reunirse con Albares en Madrid. El dirigente alemán ha reconocido que la cuestión ha sido abordada «de forma extensa» durante el encuentro, pero ha evitado avanzar su posición y se ha limitado a decir que se lleva todos los «argumentos» que le ha trasladado el ministro español que, no obstante, no se desplazará este martes a Bruselas. En su lugar estará su número dos Fernando Sampedro.
La oficialidad del catalán en la UE empezó a debatirse en septiembre de 2023, después de que tanto Junts como ERC lo reclamaran como contrapartida para apoyar que la presidencia del Congreso recayera en la socialista Francina Armengol. Sin embargo, en aquel momento, varios Estados -muchos de ellos gobernados por los populares- ya expresaron reticencias en relación con los costes y la complejidad técnica que podía suponer la apertura a más lenguas, y también surgieron recelos por parte de países con minorías lingüísticas dentro de sus fronteras. Para tratar de sortear estas reticencias, el Ministerio de Exteriores ha puesto encima de la mesa una implementación progresiva de dicha oficialidad, que de momento no está claro que compren sus socios.
La posición del PP
Ante toda esta situación, en la sede nacional del PP no han querido aclarar si Alberto Núñez Feijóo está a favor o en contra de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea. Tras ser preguntado de forma directa sobre esta última cuestión, el portavoz, Borja Sémper, ha desviado la atención. «Lo que sí puedo decirle es que el PP quiere más a las lenguas oficiales que Pedro Sánchez, porque nosotros no las utilizamos políticamente ni las manoseamos. Queremos que exista un respeto a la legalidad en la UE, que no se presione a nuestros socios europeos para conseguir contentar a los socios parlamentarios de Sánchez», ha afirmado. Y ha añadido que la petición del Gobierno español en Bruselas supone «el mayor ataque al catalán» producido hasta ahora, porque genera «incertidumbre y un debate innecesario», informa Pilar Santos.
En una línea muy similar se ha expresado el ‘número dos’ del PPC, evitando contradicciones con la dirección nacional en un tema espinoso para los populares catalanes. Rodríguez se ha limitado a decir que la lengua no puede ser usada para «propósitos políticos». Según el popular, la votación no busca mejorar «la debilidad del uso social» de la lengua, sino que responde al «interés» de Pedro Sánchez de seguir contando con los votos de Junts en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, también ha hecho referencia al gasto que implicaría, así como a las «complicaciones en el funcionamiento» que se pudieran derivar de su aprobación.
Críticas de los partidos catalanes
Estas gestiones del PP han desatado las críticas del resto de partidos catalanes. ERC ha acusado a los populares de tratar de «boicotear» la votación, mientras que los Comuns creen que la formación liderada por Feijóo actúa bajo una lógica que va «en contra de la ciudadanía». La portavoz Aina Vidal lo ha tachado directamente de «lamentable» y «vergonzoso» y Lluïsa Moret, del PSC, ha dicho que «todo el mundo deberá explicar qué ha hecho y que no ha hecho» para lograrlo. La socialista, igual que el president de la Generalitat desde Tokio, ha optado por la prudencia respecto al resultado de la votación.
Pero más allá del PP, los republicanos han querido colocar el peso de la responsabilidad de todo este asunto en el PSOE. Para ERC son los socialistas quienes lideran el Gobierno y, por lo tanto, quienes pueden ejercer la influencia decisiva para convencer al resto de países de la UE que den luz verde a este asunto. «El PSOE tiene una tarea que debe cumplir», ha dicho la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany. También ha pedido que la oficialidad del catalán solo se someta a votación este martes si «es para ganar». ERC sabe que, si se llega a votar y se pierde, será un golpe difícil de encajar.
El silencio de Junts
Quien no ha querido pronunciarse aún sobre la cuestión ha sido Junts per Catalunya. Los posconvergentes, que han situado esta cuestión como una de sus principales exigencias a Sánchez, prefieren esperar a la votación del martes antes de fijar posición. Sin embargo, tratando y dea evitar posibles críticas futuras si no sale adelante la votación, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que «el Gobierno se ha volcado» y que, desde este punto de vista, «no cabe el reproche». Urtasun ha asegurado que el «conjunto» del Ejecutivo se ha empleado en la cuestión, no sólo el Ministerio de Exteriores, y ha culpado al PP de gran parte de las dificultades encontradas: «Tendrá mucho que ver si no sale».
