¿Votar o no votar? La pregunta repiquetea en la cabeza de los 21,4 millones de venezolanos en condiciones de elegir este domingo a 24 gobernadores, 260 legisladores estaduales y 285 diputados a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que es controlado desde 2020 por el madurismo. El interrogante tiene al menos tres respuestas posibles. De un lado, el Gobierno, que otra vez ha movilizado los recursos públicos y a sus principales referentes para llamar a sus seguidores a acudir a las urnas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participó el jueves del cierre de campaña y, una vez más, aseguró que existe en ese país un clima de guerra. «Estamos desarticulando una ofensiva terrorista». Los conspiradores, repitió, tienen lazos con la derecha colombiana y Miami. Las fuerzas de seguridad han capturado 50 personas, parte de ellos extranjeros, que, dijo Maduro, iban a realizar actos violentos en medio de la contienda. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, vinculó a algunos detenidos con María Corina Machado, quien encabeza la oposición radical. La policía detuvo a uno de sus principales colaboradores, Juan Pablo Guanipa, quien se encontraba en una situación de semi clandestinidad desde el pasado 28 de julio.
Más allá del lenguaje bélico, el «presidente obrero», como le gusta llamarse, aportó una novedad discursiva: desde que Donald Trump puso en marcha su política de deportaciones indiscriminadas y violentas, el Palacio de Miraflores creyó encontrar la oportunidad de mostrarse como «protector» de aquellos inmigrantes que, en el caso de los venezolanos, habían abandonado sus hogares por millones debido a las consecuencias del conflicto político interno.
Una situación se repite en Venezuela desde hace dos décadas. En 2005, la oposición se abstuvo de presentar candidatos a la AN y el oficialismo la pudo controlar por completo. En 2018 no quiso participar de los comicios presidenciales y Maduro compitió casi contra sí mismo. En otras oportunidades decidió unirse para derrotar al Gobierno. Pudo hacerlo en los comicios legislativos de 2015, de manera abrumadora, aunque no supo qué hacer con ese capital político. Intentó transitar la senda de la participación el año pasado con la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia. La Plataforma de Unidad Democrática (PUD) consideró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le arrebató la victoria y proclamó ganador a Maduro. Esa fue la fuente de una nueva etapa crisis que se saldó con más de dos mil presos y un aumento de la represión en las calles.
Argumentos contrastantes
Machado fue el gran aval de González Urrutia y por estas horas la principal voz que llama a no acudir a las urnas. «Yo ya voté el 28 de julio», dijo, en alusión a lo sucedido el año pasado. «No voto, yo desobedezco«, pidió. El Partido Comunista, exaliado del Palacio de Miraflores, tiene la misma visión que la dirigente de derechas. «El CNE carece de legitimidad tras encubrir los resultados de las elecciones presidenciales». Henrique Capriles fue candidato presidencial en dos oportunidades. En una perdió frente a Hugo Chávez. La segunda vez, ante Maduro, reclamó un recuento de los sufragios. Fue en 2013 y a partir de ese momento se agudizó el conflicto político. Capriles sabe que no hay reglas de juego justas. No obstante, es uno de los dirigentes opositores que, a pesar de estar inhabilitado por decisión judicial, creó un partido para competir este domingo. «¿Le vamos a dejar el camino a Maduro? ¿Nos quejamos de que robaron las elecciones o hacemos sentir nuestra voz? Respeto a los que no quieren votar pero aliento a los que sí quieren hacerlo».
El analista Luis Vicente León cree que la oposición en su conjunto enfrenta un dilema «legítimo» entre votar y no votar. «Este es uno de esos casos en los que ambas posturas tienen argumentos sólidos». Los abstencionistas «representan un sentimiento mayoritario de desconfianza y apatía hacia el voto como herramienta de cambio. A la luz de experiencias pasadas, sienten que participar es validar un sistema que consideran ilegítimo». Los que, como Capriles, llaman a sufragar, «no validan» al Gobierno, «lo enfrentan» desde «adentro, convencidos de que su presencia evita la pulverización total de la oposición». De esta manera, ese sector ha inscrito candidatos a las 24 gobernaciones, inclusive en los comicios «simbólicos» que se celebran en el Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados que es objeto de un litigio con Guyana.
Tensión bilateral
Venezuela se negó a acatar el pedido de la Corte Internacional de Justicia (CJI) de desistir de ese propósito que reaviva la tensión bilateral y tiene ramificaciones regionales. El Esequibo representa el 70% de la superficie del vecino país. Venezuela la reclama alegando razones históricas y con un marcado interés en las riquezas territoriales: petróleo, minerales ricos, madera. Caracas reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia con su vecino el Acuerdo de Ginebra que se suscribió en 1966 con la Corona Británica, antes de la independencia guyanesa, que establece bases para una solución negociada. Pero en 2018, Guyana interpuso una demanda contra Caracas ante la CIJ para resolver la controversia y el tribunal se declaró competente para pronunciarse sobre la situación.
En diciembre de 2023, el Gobierno llevó a cabo una consulta popular sobre la cuestión del Esequibo que si bien tuvo una baja participación arrojó un resultado que el Palacio de Miraflores festejó ruidosamente: un 95% promedio de los ciudadanos respondió positivamente a las cinco preguntas formuladas a la ciudadanía, entre las que se incluyó un rechazo «por todos los medios, conforme al derecho» a la pretensión de Guyana «de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del Derecho Internacional». También se dijo «sí» a «la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio». El proyecto de «incorporación al mapa venezolano» de esa extensión territorial contempla «el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana» a sus habitantes.
El petróleo como trasfondo
La embajadora de Estados Unidos en Georgetown, Nicole Theriot, expresó, como antes lo había hecho el secretario de Estado, Marco Rubio, el respaldo político y militar de la Administración Trump a Guyana. El auge de la retórica soberanista de Venezuela se mezcla con los intereses económicos. La economía de Guayana ha crecido de manera sorprendente a partir de la actividad petrolera, especialmente de la norteamericana ExxonMobil. Solo en el primer trimestre de 2024, el PIB de ese país aumentó un 49,7%. En 2023 la mejora había sido de 33 puntos. Trump, en tanto, acaba de confirmar la revocación de la licencia que le permitía a Chrevron, otro gigante norteamericano, para operar en suelo venezolano. Las gestiones de su enviado especial, Richard Grenell, que permitieron liberar de la cárcel al séptimo militar estadounidense, días atrás, no parecen alterar la decisión de Washington de ahogar económicamente a Maduro.
