La causa judicial abierta a raíz de la filtración del examen de oposición en RTVE abre nuevos campos para la investigación. Con dos trabajadores de UGT imputados por presunto delito de revelación de secretos, las acusaciones han puesto el foco en la actuación del sindicato implicado durante todo el proceso de oposición, y especialmente en el papel de sus dos miembros del tribunal durante la elaboración del examen, donde frenaron la aplicación medidas anti filtración. Está previsto que se incorporen a las actuaciones judiciales las actas de las reuniones del tribunal, claves para determinar lo ocurrido, y que se cite a declarar un miembro de Recursos Humanos que fue determinante para que estas medidas no se llegaran a aplicar.
EL PERIÓDICO ha tenido acceso a distintas actas de las reuniones. En ellas, se observa la oposición frontal de UGT a la hora de modificar la elaboración del examen. Hasta entonces, cada miembro del tribunal -cinco por parte de la empresa y cinco de sindicatos- tenía que elaborar 24 preguntas para hacer el test, y entre ellas se elegían las 120 finales de manera aleatoria (100 más 20 de reserva).
La idea era extremar las precauciones para el examen a informador, para el que había 5.000 aspirantes y cuya última convocatoria fue la de 2007. Así, se propuso ampliar sustancialmente el número de preguntas de cada miembro a más del doble, fijándolo en 60. De esta manera, cualquier vocal del tribunal enfrentaría serias dificultades para memorizar todas las preguntas, en caso de que tuviera intención de filtrarlas. Una medida a la que los miembros de UGT se opusieron hasta en cinco reuniones hasta lograr que no se aplicase.
Insistencia de UGT
En una primera reunión para diseñar el modelo de examen, el tribunal acordó por amplia mayoría aumentar esta medida. Todos votaron a favor, salvo los dos miembros designados por UGT, los únicos que se opusieron. En la siguiente reunión del tribunal, estos mismos miembros solicitaron volver a incluir el debate en el orden del día. En concreto, lo hizo Julián Pérez Olmos, que semanas después fue imputado en la causa judicial por ser el autor del documento filtrado a los opositores afines a UGT. Y la petición la hizo en nombre del sindicato.
«El vocal D. Julián Pérez Olmos, representante de UGT, indica que ellos como sindicato quieren tratar de nuevo el acuerdo de las preguntas a realizar por cada vocal», detalla el acta de la reunión, donde se acordó elevar una consulta al órgano encargado del proceso selectivo, la Comisión de Empleo -formada por sindicatos y empresa-, para conocer «la opinión que le merece» la medida.
Pero esta Comisión rechazó pronunciarse: «El tribunal es soberano«, se puede leer en el acta. «La Comisión de Empleo no debería pronunciarse en este tema, pues no forma parte de sus competencias», continúa. En la siguiente reunión de esa comisión, los miembros de UGT en el órgano volvieron a reclamar bajar el número de preguntas del examen. En esa ocasión, el órgano planteó cambiar el Manual del Comité de Valoración -del tribunal-, al considerar que era «un documento meramente informativo y no de obligado cumplimiento«, donde se «procede a hacer recomendaciones, no imposiciones». Bajo esta premisa, según el acta, la Comisión de Empleo «acuerda cambiar el rango del número de preguntas a modo de guía, anotando que el tribunal puede o no aplicar este consejo».
Este cambio, pese a no ser vinculante para los tribunales, sirvió a UGT para volver a solicitar al tribunal de examen de informador una bajada del número de preguntas. Y en este movimiento fue clave el papel de una trabajadora de Recursos Humanos, Raquel de la Ossa, que ejercía como secretaria tanto en la Comisión de Empleo como en el tribunal.
El tribunal convocó una reunión el 8 de agosto, con la ausencia de varios miembros que estaban de vacaciones. En el acta figura que de la Ossa dirigió el debate e informó de que «la Comisión de Empleo ha decidido incluir en el Manuel del Comité de Valoración» para que se hagan «como regla general, entre el doble y el triple de las que se hayan determinado como número total de preguntas (120 en este caso)». Ante estos argumentos, en los que no consta que se afirmara que era una recomendación no vinculante, los miembros del tribunal no pusieron objeciones a rebajar el número de cuestiones. «Se aprueba por unanimidad la realización de un total de 36 pruebas», relata el acto. La propuesta anti-blindaje aprobada inicialmente acababa de retirarse. De las 60 propuestas por el tribunal, la cifra pasaba casi a la mitad tras la insistencia de UGT.
Declaración ante el juez
Este asunto salió a relucir durante las declaraciones que tuvieron lugar este viernes en el juzgado 48 de Plaza de Castilla, donde declararon tres trabajadoras de de RTVE en calidad de testigos y César Moreno, dirigente de UGT y primer imputado por filtrar el contenido del examen, que se acogió a su derecho a no declarar. La acusaciones las ejercieron, por una parte la propia RTVE, representada en la Abogacía del Estado, y por otra la mayoría de sindicatos, CCOO, USO y CGT -los únicos sindicatos no personados son la propia UGT y el Sindicato Independiente–.
Durante la declaración de Cristina Ónega, testigo miembro del tribunal, las acusaciones populares le preguntaron por este cambio de criterio sobre el número de preguntas. Y en este punto, el juez encargado de la causa, Juan Ramón Reig Purón, se interesó por el asunto y llamó a aportar a la causa las actas de estas reuniones y a llamar a declarar a de la Ossa como parte de la instrucción, que podría dilatarse durante meses, y en la que se pueden citar a declarar a nuevos testigos. Una citación que afecta al área de Recursos Humanos, que estuvo muy señalada por algunos sectores de la corporación desde el primer momento.
En enero, la nueva presidencia de RTVE con José Pablo López al frente tomó medidas drásticas para afrontar el mayor escándalo que ha afrontado la corporación pública en su historia. Así, relevó al que hasta entonces era el responsable de Recursos Humanos, Jorge San José, que había sido acusado de connivencia con UGT, y anunció que la empresa se personaría en la causa judicial, además de abrir expediente a los imputados.
Al frente de RRHH situó a Ana Cerrada, a quien muchos vinculan también al sindicato UGT. Al inicio de su etapa, se produjeron polémicas contrataciones familiares de UGT que no habían aprobado la oposición, pese a la directriz del presidente de respetar de cerrar contratos únicamente a los aspirantes que hubieran superado la prueba.
