En un penúltimo intento de convencer al resto de Estados miembros, el Gobierno de Pedro Sánchez ha planteado una propuesta descafeinada para el reconocimiento del catalán en la Unión Europea.
Aunque se incluya en el reglamento sobre el régimen lingüístico, el catalán no estaría en igualdad de condiciones con las 24 lenguas oficiales actuales, sino que tendría un estatus de segunda división.
Solo se traducirían al catalán de forma obligatoria el 2,6% de los actos jurídicos comunitarios, no está claro que se usara en los plenos de la Eurocámara, no habría edición catalana del Diario Oficial de la UE y tampoco se traducirían los fallos del Tribunal de Justicia de la UE.
Además, España se haría cargo de todos los costes, mientras que el resto de idiomas los paga el presupuesto de la UE.
Ese semirreconocimiento parcial del catalán se retrasaría al año 2027, según el texto al que ha tenido acceso El ESPAÑOL.
Con estas concesiones en tiempo de descuento, el Gobierno de Sánchez espera arrancar un acuerdo en la decisiva reunión del Consejo de Asuntos Generales del 27 de mayo, en la que, en principio, se someterá a votación la oficialidad del catalán.
Fuentes oficiales de Exteriores aseguraron este viernes a EL ESPAÑOL que el próximo martes, España llevará «para adopción» al Consejo «la oficialidad plena del catalán, el euskera y el gallego».
Pese a todo, un gran número de Estados miembros mantienen dudas sobre el encaje legal, financiero y operativo de la decisión, y los propios servicios jurídicos del Consejo están en contra.
Sánchez está gastando todo su capital político en Bruselas, con una presión constante e intensa al resto de socios y llamadas a las capitales, para tratar de conseguir la oficialidad del catalán.
Se trata de uno de los pagos que exige Carles Puigdemont -fugado en Bélgica desde octubre de 2017- a cambio de no retirarle su apoyo y precipitar el fin de la legislatura.
Esta adopción requiere un apoyo unánime de los 27 Estados miembros, aunque las abstenciones cuentan como un sí. Así que lo que importa es que nadie se oponga.
Prórroga hasta 2032
Según la propuesta de compromiso circulada por el Ministerio de José Manuel Albares, el catalán, el gallego y el euskera se incluirían en el reglamento sobre el régimen lingüístico con efecto a partir del 1 de enero de 2027. De este modo, la UE pasaría a tener un total de 27 lenguas oficiales.
No obstante, Sánchez plantea activar inmediatamente una derogación que reduciría, y mucho, el alcance de este reconocimiento.
La propuesta señala que sólo sería obligatorio traducir al catalán, gallego y euskera los reglamentos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, es decir, un porcentaje mínimo de todos los actos jurídicos que la UE aprueba cada año y que sí se traducen a todas las lenguas plenamente oficiales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa en Bruselas
Entre 2020 y 2024, la UE ha adoptado un total de 12.065 actos jurídicos, de los que sólo 316 (el 2,6%) son reglamentos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo.
Esta derogación para el catalán, el gallego y el euskera -que se justifica por motivos prácticos- estará vigente por un periodo de cinco años, es decir, hasta 2032.
En ese momento, los Estados miembros evaluarían el impacto de este reconocimiento parcial y tendrían que decidir (también por unanimidad) si estas restricciones se suprimen o se prorrogan otros cinco años.
Además, el Gobierno de Sánchez se ha comprometido por escrito ante el resto de Estados miembros a asumir todos los costes del reconocimiento del catalán de la UE, aunque la Comisión de Ursula von der Leyen ni siquiera ha realizado todavía una estimación completa.
132 millones al año
Según la evaluación preliminar de Bruselas, España tendría que pagar 132 millones de euros al año.
Finalmente, Albares ofrece al resto de socios toda una serie de garantías de que el caso del catalán no va a servir como precedente para otras lenguas minoritarias, algo que preocupa, y mucho, a algunos socios como los bálticos, con el ruso, o a Chipre, con el turco.
Estos países temen que la petición española abra una caja de Pandora cuyas réplicas se agravarán con la entrada al club comunitario de Ucrania, Moldavia y los países de los Balcanes occidentales.
Según la declaración presentada por España, cualquier petición futura de oficialidad de otras lenguas regionales o minoritarias deberá examinarse caso por caso y deberá cumplir criterios muy estrictos.
Entre otros criterios, el idioma debe tener un origen histórico en el Estado solicitante, debe haber sido oficial durante al menos 20 años y este estatus oficial debe haberse establecido antes de la apertura de las negociaciones de adhesión.
Ni siquiera estas concesiones han servido para hacer cambiar de posición a los países más reticentes, aunque sí que es cierto que la mayoría han moderado el tono de rechazo.
Fuera de micro, todavía son muchos los Estados que insisten en que todavía no se ha realizado una evaluación en profundidad de las consecuencias legales, económicas y operativas del reconocimiento del catalán en la UE.
Al igual que en el resto de instituciones de la UE, también en el Consejo el Partido Popular Europeo (PPE) tiene una mayoría amplia.
Si finalmente se somete a votación, un solo voto negativo serviría para tumbar definitivamente la solicitud de Sánchez. Así que la hipótesis más probable que se contempla en Bruselas es que el ministro Albares decida en el último minuto retirar el punto de la agenda del Consejo de Asuntos Generales.
De esa forma, el reconocimiento del catalán volvería a meterse en un cajón, para intentar reactivarlo más adelante.
