Finalmente serán tres los exaltos cargos de la presidenta madrileña que se sienten este lunes en el banquillo por la causa que investiga las muertes en residencias de mayores durante la pandemia. El tercer imputado es el doctor Antonio Burgueño y la noticia se ha conocido después de que se produjera un error en la comunicación de las asociaciones que han informado de ello a El País y que luego ha podido confirmar la SER.
De esta forma, el doctor Burgueño se une a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, autores de los conocidos ‘protocolos de la vergüenza’, en la imputación por parte del juzgado número 3 de Madrid . Deberán comparecer ante el juez en calidad de investigados este lunes 26 de mayo.
Burgueño fue elegido en 2020 por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso como coordinador de la crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid. Su nombramiento generó una inmediata reacción entre las filas de la oposición y entre los profesionales sanitarios, que condenaron la decisión de Ayuso de elegir a un férreo defensor de la sanidad privada para gestionar la pandemia. De hecho, en 2013, Burgueño fue el impulsor del “plan ahorro” para la sanidad pública que implicaba la privatización en la gestión de seis de los centros de la comunidad.
La actual ministra de Sanidad y coportavoz de Más Madrid, Mónica García, ya expresó su rotundo rechazo al nombramiento de Ayuso en 2020 rescatando la hemeroteca de Burgueño, concretamente recordando una intervención en la que el doctor tildaba de “entrañable” que la consulta de atención primaria costara entre 30 y 50 euros o calificara como un “entorno empresarial de inversión” la pública. “Es una vergüenza política”, denunció entonces García.
La Sra.Ayuso ha elegido a este señor para que dirija la crisis del coronavirus en Madrid 😡
El mismo que veía entrañable que la consulta de Atención Primaria costara 30-50 euros y que veía en la sanidad pública «entornos empresariales de inversión».
Es una vergüenza política. pic.twitter.com/4cMNIaNaLF— Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 12, 2020
Por su parte, José Ramón Arribas, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas en el Hospital La Paz-Carlos III, expresó también a través de las redes sociales su descontento con la elección del Ejecutivo autonómico. “Respetuosamente le solicitamos que reconsidere el nombramiento de Antonio Burgueño como coordinador frente a COVID-19, una persona que cuenta con el rechazo de gran parte de la sanidad madrileña”, instó a la lideresa madrileña.
Burguño, defensor de lo privado
Con este nuevo nombramiento, este lunes acudirá a los juzgados no solo quien estuvo al frente de la coordinación de la crisis sanitaria durante la pandemia del Covid-19 en la Comunidad de Madrid, sino también quien ha defendido a capa y espada el sistema privado de salud. “El pago directo de 30, 40, 50 euros del paciente al médico de cabecera redundaría en un modelo sanitario más entrañable (…) No podemos seguir ni con médicos ni empleados sanitarios funcionarios (…) Los hospitales no pueden seguir siendo propiedad del Estado”, fue una de las declaraciones defendidas por Burgueño.
Este facultativo proviene de la sanidad privada. Fue director médico de la aseguradora Adeslas, entre 1990 y 2001. Trabajadoresdel ámbito sanitario le acusan en redes de tener intereses ocultos precisamente por sus nexos con la sanidad privada. Asimismo, su hijo es Antonio Burgueño Jerez, jefe de Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad de Ribera Salud, una empresa pionera en la Comunidad Valenciana en la gestión privada de hospitales públicos.
Familiares de víctimas se concentrarán en el juzgado
Tras conocerse las tres imputaciones y su cita para declarar ante el juez este próximo lunes, desde las asociaciones 7291: Verdad y Justicia y Pladigmare han anunciado que se concentrarán este lunes 26 de mayo a las 11:00 horas en los juzgados de Plaza Castilla en respuesta a la decisión del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid que ha citado a declarar a dos exaltos cargos del Gobierno de Ayuso y al coordinador del plan de choque por las muertes en las residencias en la primera ola de la pandemia.
Al margen de ellos, ambas asociaciones han celebrado que los altos cargos de Ayuso sean llamados a declarar por primera vez como imputados, ya que hasta ahora las instrucciones jurídicas nunca se habían dirigido contra ellos. “Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en Ifema o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad”, emiten.
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