«Ni se soluciona, ni se identifica cuál es el problema». El secretario provincial de UAGA en Huesca, Óscar Moret, le ha pedido este viernes al Gobierno de Aragón que atienda la crisis abierta por el reparto de peras procedentes de Sudáfrica y de naranjas de Egipto dentro del programa de almuerzos y meriendas escolares. «El proyecto es muy interesante, porque muchas familias no podrián permitirse comprar fruta en su día a día, pero nosotros nos preguntamos cómo se ha podido permitir que no se contemple el consumo de cercanía», ha señalado a la hora de reivindicar que se difundan los pliegos del programa que según el Gobierno de Aragón financia la Unión Europea y se lleva desarrollando desde hace 16 años.
La entidad agraria señala que se tiene que aclarar «con seriedad» el contenido de los contratos para ver dónde se ha producido «el error» y subsanar en la medida de lo posible el origen de los productos que se reparten. «Pase lo que pase, el consumo tiene que ser de cercanía y de origen europeo, y también, si es posible, de producción ecológica», ha indicado Moret.
La semana pasada los agricultores aragoneses dieron la voz de alarma por la presencia de fruta procedente de países terceros en el programa de reparto de frutas y leche en los centros educativos de Aragón. Desde la consejería de Agricultura señalaron en ese momento que el proyecto está sufragado por fondos FEAGA y que precisamente por eso tienen en cuenta el requisito de proximidad ya que según la legislación comunitaria eso supondría incurrir en casos de competencia desleal. Este programa ofrece de manera completamente gratuita fruta en 490 puntos escolares y leche en 130 puntos escolares, llegando a casi 100.000 escolares de todo Aragón.
Pese a las dudas sobre el origen de las piezas de fruta, Moret ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las familias indicando que no existen «ningún problema sanitario» porque los frutos superan «los parámetros establecidos» por la legislación comunitaria, pero defienden que la existencia de «una agricultura familiar que es necesario defender». Y ha puesto como ejemplo la situación que se está viviendo en la comarca de Calatayud, con centenares de explotaciones afectadas por el fuego bacteriano que se verían beneficiadas por un programa que se calcula en 600.000 euros. «Igual que se cambian las leyes se tienen que cambiar los pliegos de este programa para atender a las necesidades del sector», reitera Moret.
El sindicato agrario lamenta que esta situación se esté repitiendo desde hace 16 años. «No podemos generar incertidumbre con este tema, queremos saber quién se ha equivocado y tratar de buscar una solución pues es algo sencillo», ha considerado el responsable de fruta ante la sucesión de críticas que ha tenido que afrontar la consejería de Agricultura por este reparto.
Más de una treintena de entidades, tanto agrícolas como educativas, han denunciado que la llegada de fruta procedente de más de 10.000 kilómetros de distancia «es una vergüenza» que contrasta con la defensa del producto local y la educación ambiental que se realiza en los colegios. Frente a esta situación, desde los colectivos reclaman «avanzar hacia un modelo más justo, sostenible y coherente con los objetivos educativos y de salud pública del propio programa».
