«La salud empieza en el plato» ha dicho este jueves la ministra de Sanidad, Mónica García. «La alimentación no es un trámite, es un derecho«, añadió Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales. Ambos han comparecido en rueda de prensa para hablar sobre el nuevo real decreto que elaborarán ambos departamentos para garantizar una alimentación saludable en hospitales y en residencias de mayores. Una normativa que todavía no contempla medidas concretas porque ahora echa a andar con la apertura del periodo de consulta pública. Al ministro Bustinduy le gustaría que la tramitación sea breve, pero no se ha atrevido a fijar una fecha.
«Un paciente bien alimentado se recupera antes» ha recordado Mónica García que, ha insistido, las personas más vulnerables, las que están hospitalizadas, las que son mayores y están institucionalizadas, deben comer bien. Productos frescos, de proximidad, más verduras y legumbres, menos azúcares y, a poder ser, cero alimentos ultraprocesados.
Los dos ministros se han remitido a la aprobación del real decreto de comedores escolares, un primer paso para garantizar que todos los niños y niñas tengan derecho a una alimentación saludable. Tras ese paso, dijo el titular de Derechos Sociales, su departamento recibió «muchas demandas» destinadas a que se acometa una regulación parecida en residencias y hospitales.
«Necesitamos poner en el centro la alimentación. En escuelas, en hospitales, en residencias…» ha indicado la titular de Sanidad que, aunque admitió que en muchos hospitales se come bien, no en todos los centros está garantizado lo que ambos ministros han llamado «un derecho universal» para pacientes y para personas mayores que viven en residencias. La apertura del periodo de consulta pública que arranca este jueves permitirá a la ciudadanía, organizaciones y profesionales hacer aportaciones a la norma. El plazo estará abierto hasta el 21 de junio.
Como en los comedores
Siguiendo la estela del real decreto de comedores escolares, que fue aprobado hace algo más de un mes por el Consejo de Ministros y fija unas frecuencias mínimas de verduras, frutas y pescados frescos en los menús de los centros educativos, limitando las frituras, los precocinados y las bebidas azucaradas, el Gobierno quiere ahora poner orden a la comida en otras instituciones donde, se ha remarcado, los pacientes son especialmente vulnerables.
En el evento organizado por los dos ministerios, titulado ‘La alimentación como pilar de la salud en hospitales y residencias’, ha participado también Beatriz Robles, profesora universitaria de Nutrición Humana y Dietética quien recordó que existen «datos incontestables» sobre la importancia de una buena alimentación en estos espacios. Uno de cada cuatro pacientes ingresados en los hospitales, dijo, tiene desnutrición, lo que implica más días de ingreso y mayor coste económico. En residencias, añadió, al menos un 28% de los mayores presentan desnutrición lo que supone más riesgo de infecciones.
Los titulares de Derechos Sociales y Sanidad en el acto / Derechos Sociales
Pablo Bustinduy anunciaba el 15 de mayo que su departamento, junto con el Ministerio de Sanidad, elaborará un nuevo real decreto destinado a garantizar que los menús de hospitales y geriátricos ofrecen «una alimentación digna, saludable y nutritiva», dado que en estos centros viven, de forma temporal o intemporal, personas enfermas. La normativa, ha señalado, responde a un «clamor social» y a las numerosas denuncias recibidas tanto por parte de los ciudadanos como de las entidades sociales y de colectivos de profesionales, a cerca de la calidad de los alimentos que se sirven en hospitales y residencias de ancianos.
«Todo el mundo ha vivido la experiencia de acompañar una persona en el hospital y alimentarse de máquinas de ‘vending’ y ha escuchado denuncias de trabajadores o familias de casos flagrantes en residencias. Esto no es aceptable», aseveró Bustinduy.
La patronal se opone
El proyecto del Gobierno para que esos menús que se sirven en hospitales o residencias de mayores sean más equilibrados no ha gustado a algunos sectores. Esta misma semana, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) -que representa a 1.800 centros residenciales con 126.000 plazas- expresaba»su más enérgica oposición al anuncio realizado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de establecer una regulación estatal sobre la calidad nutricional y composición» de las comidas que se sirven en estos centros. El ministro ha dicho que estará encantado de escuchar las aportaciones de la patronal en el periodo de consulta sobre el real decreto que comienza ahora.
Argumentan que es «una decisión alejada de la práctica real y «un intento de crear una alarma ficticia e injustificada que no se corresponde con la realidad del servicio que se presta en las residencias». Además, defienden que los centros cumplen con los estándares nutricionales establecidos y «se ajustan a las preferencias y necesidades individuales de los residentes». Opinan que la restricción del uso de determinados productos evidencian «un gran desconocimiento técnico». Citan el caso de los productos congelados que «permiten una gestión más eficiente de los recursos, fomentan un consumo más racional, más seguro y reducen significativamente el desperdicio alimentario».
