La macroperación de Asuntos Internos de la Policía Nacional contra la delincuencia organizada en Tenerife, que acabó con la detención del empresario libanés Mohamed Derbah como jefe de la principal trama criminal de la Isla y salpicado al expresidente y ahora vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, el dirigente socialista Gustavo Matos, que se ofreció como mediador, ha sacudido al mando superior del Cuerpo de la Policía Nacional y a miembros del Gobierno de España.
Las ramificaciones del caso -que sigue bajo secreto sumarial en el juzgado de instrucción número tres de Arona, dirigido por Carmen Rosa Pino Abrante– y sobre todo las filtraciones a la prensa, en especial la cita en enero en la cafetería de El Corte Inglés de Santa Cruz de Tenerife, entre Gustavo Matos, Mohamed Derbah, y el exjefe de la Brigada Judicial de la Policía Nacional, Francisco Moar, también detenido en la operación, han ocasionado una crisis interna en la Dirección General de la Policía. Sobre todo, en el especializado y blindado departamento de Asuntos Internos.
En el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, están preocupados por cómo se han gestionado este caso. No tanto por la operación y la investigación previa, que se desarrolló como estaba previsto, con actuaciones ejecutadas con sigilo y discreción, sin filtraciones, como por el posterior desarrollo de los acontecimientos, donde se cruzan evidentes intereses políticos y policiales, tanto en Canarias como en la Península.
Las indagaciones de Asuntos Internos continúan aún. El caso no está cerrado, ni mucho menos. La información publicada el lunes por El Mundo, que desvelaba un informe de este departamento en el cual se reproducía y analizaba una conversación comprometedora entre Gustavo Matos y Mohamed Derbah -en la que el dirigente socialista se ofrecía a ayudar al capo libanes en sus problemas policiales- supone un quebranto de la confianza y lealtad interna entre los agentes y mandos de la Policía Nacional vinculados al caso.
Interior interpreta la filtración dentro de una guerra policial con agentes críticos con el Gobierno de Sánchez
La filtración interna es aún más grave porque afecta a agentes implicados en casos de corrupción muy graves, como el tráfico de drogas, el cohecho y el blanqueo de capitales.
Si de por sí ya es muy doloroso que en un departamento como Asuntos Internos tan celoso de su intimidad -con controles internos severos, con máximas restricciones en el acceso a pruebas, testimonios y documentación en las investigaciones en marcha- se abra una brecha en los protocolos de seguridad lo es más todavía en este caso porque los indicios, sospechas o consideraciones de los agentes se filtran para un uso político y periodístico malintencionado.
Y esto es lo que se ha producido con Gustavo Matos. Con la filtración del informe de Asuntos Internos se impacta de lleno, por de pronto, en la honorabilidad del expresidente del Parlamento de Canarias, que no está por ahora investigado ni imputado por ningún delito. El objetivo es más amplio. Trata de manchar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres -que aparece desde hace más de un año en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los multimillonarios contratos y compras cerrados por la trama del caso Koldo con Canarias y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El mando superior del Cuerpo de la Policía Nacional dispone de una Dirección Adjunta Operativa (DAO), un alto cargo del Ministerio del Interior, que coordina y supervisa las investigaciones, de máxima confianza de Grande-Marlaska, puesto que ahora ocupa el comisario José Ángel González, quien que a su vez coloca jefes en los distintos departamento para mantener un estricto control sobre la actividades de los inspectores y agentes. Con la filtración del informe de Asuntos Internos algo ha fallado en la cadena de mando y en la custodia de una información muy sensible.
En el Gobierno de España van conviviendo, con incomodidad, con los informes de la Guardia Civil – un instituto armado con menos porosidad política que la Policía Nacional, sobre todo tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, que mantuvo un pulso judicial con Marlaska tras su destitución- que cuestionan actuaciones de ministros y altos cargos, pero no esperaban que hubiera filtraciones en el otro cuerpo policial español.
La versión oficial de que la gestión del dirigente socialista «no implica delito» desacredita la investigación interna
El informe es tan comprometedor para Gustavo Matos como insólita la reacción desde la Dirección General de la Policía, cuando el mismo día en que se publicaba la información un portavoz autorizado sostenía que la cita del expresidente del Parlamento de Canarias con el líder de la mayor organización criminal que opera en Tenerife «no implica delito». Sobre todo cuando la juez de Arona aún no ha concluido la instrucción de la causa y la imputación de los implicados en al red criminal.
La respuesta de la Dirección General de la Policía es una amonestación a los agentes de Asuntos Internos encargados de redactar el informe. En ese documento, pese a la exculpatoria conclusión que traslada un portavoz oficial sobre el comportamiento de Matos, se llega a conclusiones que pueden derivar en responsabilidades penales para el dirigente socialista.
«Se evidencia su disposición [la de Matos] a intervenir en favor de Derbah», escriben en el informe de Asuntos Internos, según revela la información de El Mundo. «Derbah le advierte [a Matos] que llevar a cabo cualquier actuación en este momento, dadas las circunstancias actuales, podría generar sospechas y revelar su implicación en la maniobra, por lo que insta al cargo político a proceder con cautela y discreción».
El informe de Asuntos Internos refleja coacciones e intimidaciones de Derbah en su cita con Matos. Le manifiesta que, si no se logra frenar las actuaciones policiales en curso [agentes de la Policía Nacional husmeaban en los clubes de cannabis gestionados por el capo libanés en Tenerife al sospechar que eran una tapadera para el tráfico de heroína y cocaína] se producirá algo grave».
«Dicha afirmación, expresada en un tono categórico, podría interpretarse como una amenaza velada o una advertencia coactiva, lo que en el contexto de la investigación, refuerza la presunción de que Derbah busca ejercer presión sobre la autoridad política para que intervenga a favor de sus intereses», se constata en el informe filtrado de Asuntos Internos. El Gobierno, a través de su delegado en Canarias, defiende a Matos sin ninguna duda. El caso aún no está cerrado.
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