La dirección del PSOE evita de momento tomar ningún tipo de medida respecto a Miguel Ángel Gallardo. La jueza Beatriz Biedma acaba de comunicar la apertura de juicio oral contra el líder de los socialistas de Extremadura y contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, relacionadas con un plaza laboral pública adjudicada en la Diputación de Badajoz al familiar del presidente del Gobierno.
Fuentes de la madrileña calle de Ferraz, donde se encuentra el cuartel general del PSOE, evitan por el momento anticipar ningún movimiento, ya que la decisión de la jueza todavía es reversible. “Hay que esperar a que se resuelva todo lo que hay pendiente para ver si este auto va para adelante o no. Estamos hablando de que podría no haber juicio si la Audiencia Provincial así lo estima por los recursos que hay”, explican estos interlocutores a EL PERIÓDICO ante un caso de gestión interna muy compleja, ya que afecta al hermano del jefe del Ejecutivo y secretario general del partido.
Hasta el congreso celebrado a finales del año pasado en Sevilla, el código ético del partido dejaba poco margen de actuación. Gallardo debería dimitir o ser apartado. “Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”, señalaba el ordenamiento interno de los socialistas en su artículo 5.2.
Pero aquello se cambió sin darle ninguna publicidad hace unos meses. La nueva regla prescribe que las medidas se tomarán cuando el afectado por el proceso penal sea “condenado por la comisión de un delito doloso castigado con penas graves o menos graves que incluyan penas de prisión, inhabilitación o suspensión de empleo o cargo público de los previstos en el Código Penal y/o la normativa de legislación sobre partidos políticos mediante sentencia judicial”.
Todo este proceso judicial ahora puede verse también afectado por la decisión de Gallardo de entrar a formar parte de la Asamblea de Extremadura. Para llevarlo a cabo se han tenido que hacer movimientos – dimisión de una parlamentaria y hasta cuatro renuncias a ser diputado- que han abierto una hecho aflorar la guerra interna en el PSOE extremeño.
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