Yolanda Díaz exige más pasos al ala socialista del Gobierno y reclama imponer sanciones a Israel por la ofensiva que mantiene sobre Gaza desde hace un año y medio, y tras el bloqueo del territorio palestino. Mientras Moncloa enfría la aplicación de cualquier embargo de armas a Israel y lo rebaja a un mensaje «simbólico», la vicepresidenta segunda y principal referencia de Sumar admitió que desde el Gobierno «no estamos haciendo suficiente«. «Hay que hacer más».
Díaz se pronunció así un día después de que el Congreso diera luz verde a tramitar la ley de embargo de armas a Israel, una proposición de ley abanderada por Sumar para impedir la compraventa de material militar con este país y prohibir su tránsito por puertos españoles, además de cancelar la colaboración en materia de entrenamiento militar o tecnología de defensa. Una norma de la que sacó pecho Díaz, que insistió en que «Israel es un estado genocida».
La también ministra de Trabajo se refirió al bloqueo de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, para recordar que «hay 14.000 niños hoy que están en riesgo de muerte por hambre». «En las guerras uno de los recursos que se usa es el hambre y es lo que está haciendo hoy el señor Netanyahu», criticó. En este punto, y a preguntas de un periodista, defendió que «no estamos haciendo lo suficiente, hay que hacer más«.
«Pido más, que cuando un estado vulnera la legalidad internacional, como hemos hecho con Rusia, se apliquen sanciones«, defendió Díaz, que insistió en dos ocasiones más sobre estas sanciones. «Sanciones a Israel ante una vulneración flagrante de la legalidad internacional», zanjó, después de recordar también la petición remitida para acelerar la puesta en marcha de la ley de embargo de armas a Israel que echó a andar en el Congreso.
Presión de los socios
Y es que este miércoles, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG solicitaron formalmente a la Mesa llevar la proposición para el embargo de armas por el trámite de urgencia para reducir a la mitad los plazos parlamentarios. Una solicitud que dependerá en última instancia de los miembros del PSOE en el órgano. La urgencia de los socios de Gobierno contrasta con Moncloa, que muestra cierto escepticismo sobre la viabilidad de la norma y asegura que su efecto es más «simbólico» que práctico.
Los socialistas terminaron apoyando la tramitación de la norma, pese a las dudas iniciales. El propio Gobierno -a través del Ministro de Economía- convino al Grupo Socialisista a rechazarla, al considerar que ya existían mecanismos para impedir la compra y el tránsito de material bélico en nuestro territorio.
Finalmente, y ante la presión de sus aliados, y también de su socio de coalición, el PSOE terminó permitiendo la tramitación. Una tramitación que sin embargo no garantiza que la norma vaya a aprobarse definitivamente, ante las reticencias de Junts, que durante el debate parlamentario ya avanzó que presentaría «numerosas enmiendas«, y la frialdad del propio PSOE, que también reclamó «un debate serio y rigusoro».
