La Casa Blanca trabaja en un plan para repatriar a centenares de miles de migrantes procedentes de países violentos o directamente en guerra. Entre ellos, más de 200.000 ucranianos que llegaron a Estados Unidos huyendo de la invasión rusa. La propuesta, avanzada en exclusiva por The Washington Post, contempla destinar hasta 250 millones de dólares originalmente previstos para el programa de asistencia exterior con el fin de financiar estas «deportaciones voluntarias» que afectarían también a haitianos, afganos, palestinos, sirios, libios, sudaneses y yemeníes.
Los documentos filtrados, calificados como “preliminares” por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), revelan que el objetivo es ofrecer incentivos económicos, como estipendios de 1.000 dólares, a aquellos que acepten regresar por iniciativa propia a sus países de origen. Todo ello a pesar de las advertencias de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En el caso de Ucrania, Estados Unidos concedió el estatus de protección temporal en 2022 a quienes huían del conflicto. Ese mismo estatus, que impide la deportación de personas a naciones donde su vida o libertad corren peligro, lo disfrutan los haitianos desde 2010, cuando un terremoto devastó el país caribeño. En total, según los documentos revisados por este periódico, más de 700.000 personas —la mayoría haitianos— podrían verse afectadas.
La administración Trump defiende esta medida como parte de una estrategia más amplia para reducir la inmigración y “reasignar” los recursos federales. Una portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, confirmó la autenticidad de los documentos al diario, aunque los describió como “desactualizados”. La semana pasada, sin embargo, el Departamento de Estado y el DHS firmaron un acuerdo que incorpora las principales directrices del plan, incluido el uso de los 250 millones de dólares, sin especificar las nacionalidades incluidas.
El proyecto representa un giro respecto al uso tradicional de estos fondos, que hasta ahora se destinaban a programas de reasentamiento de refugiados. La propuesta de Trump busca en cambio redirigir ese dinero a vuelos chárter y billetes comerciales para facilitar las expulsiones, sin intermediación de organismos de la ONU.
“Estamos implementando la agenda del presidente”, declaró McLaughlin, en alusión al endurecimiento general de la política migratoria de la administración.
Diversas voces críticas, entre ellas antiguos funcionarios del Gobierno, han calificado el plan de “inhumano” y contrario a los principios fundacionales del sistema de asilo estadounidense. Denuncian que se trata de una utilización inapropiada de los fondos del Programa de Ayuda a Refugiados y Migrantes (MRA, por sus siglas en inglés), creados precisamente para ofrecer protección a personas desplazadas por guerras, desastres naturales o persecuciones.
Mientras el Departamento de Estado mantiene activas sus recomendaciones de no viajar ni a Ucrania ni a Haití por el elevado nivel de inseguridad, desde la Casa Blanca se ha presionado incluso a las autoridades ucranianas para que acepten a nacionales de terceros países deportados desde EEUU, según fuentes citadas por el Post.
El programa de retornos coincide con la ofensiva del Ejecutivo para reducir drásticamente la ayuda exterior, con medidas como el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y el cierre del 80% de sus programas, muchos de ellos centrados en países hoy en conflicto.
En un contexto político marcado por un endurecimiento general de la política migratoria, esta nueva iniciativa refleja el enfoque unilateral y restrictivo del equipo de Trump. El precedente inmediato fue la suspensión casi total de los programas de reasentamiento, con una única excepción: una cincuentena de sudafricanos blancos, a quienes el presidente considera víctimas de discriminación racial.
