El misterio rodea la muerte de Andriy Portnov, de 52 años, abogado ucraniano que fue asesor del ex presidente Viktor Yanukovich y también con Yulia Tymoshenko. Aunque él se defendía de la acusación, estaba considerado como prorruso, un «traidor». Pero también estaba siendo investigado por delitos económicos. ¿Será un ajuste de cuentas por deudas? ¿Un crimen político? Su entorno durante su vida en España serán relevantes para saber quién está detrás de este asesinato, ejecutado junto al Colegio Americano de Pozuelo, en Madrid. Acababa de dejar a sus hijos en el centro y conducía un Mercedes.
Andriy Portnov fue primer jefe adjunto de la Presidencia de Yanukóvich entre 2010 y 2014. También estuvo a cargo de la reforma del sistema judicial y fue miembro del consejo del Banco Nacional de Ucrania.
Yanukóvich fue expulsado de su cargo por manifestaciones masivas en Ucrania en 2014, después de que diera la espalda a la Unión Europea en favor de estrechar lazos con Rusia. Yanukóvich huyó entonces de Ucrania, y Portnov también abandonó el país en ese momento. Pero más tarde regresó.
En 2018, investigadores ucranianos sospecharon sobre la implicación de Portnov en la anexión de Crimea, y el Servicio de Seguridad de Ucrania abrió un caso de «traición», que fue posteriormente cerrado.
Salió de Ucrania definitivamente el 3 de junio de 2022 a través de un puesto de control en la región de Transcarpatia, según periodistas del programa Esquemas de Radio Free Europe/Radio Liberty. Partió hacia Hungría. Desde el EuroMaidan estuvo viviendo en Rusia, Austria, y luego regresó a Ucrania hasta que dejó su país tres meses después del inicio de la invasión de Rusia.
En aquel momento Portnov tenía 48 años y regían restricciones de viaje para los hombres en edad del servicio militar obligatorio. Otro misterio es cómo logró salir.
Vinculado a amigos de Lavrov
Del 27 de agosto al 5 de octubre de 2018, Portnov dirigió el canal de televisión prorruso NewsOne. Desde este medio Portnov buscó activamente desacreditar la Revolución de la Dignidad de Ucrania y las posteriores reformas proeuropeas en el país, así como promover agendas antioccidentales, involucrando bots de Internet, según una investigación de Internews Ucrania.
En marzo de 2022, salió a la luz, según se hace radiosvodoba.org citando al medio Schem, que la familia de Portnov poseía propiedades inmobiliarias en Moscú junto con amigos del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y también mostraron la fortaleza secreta de Portnov cerca de Kiev, por valor de 2,5 millones de dólares. Es decir, Portnov estaría relacionado con la cúpula del Kremlin. Las propiedades estarían a nombre de su madre y de su amante.
Afectado por la Ley Magnitsky
Andriy Portnov está bajo sanciones de Estados Unidos desde diciembre de 2021. Portnov fue incluido en la lista de personas bajo la llamada Ley Magnitsky. Esta lista incluye a altos funcionarios implicados en violaciones de los derechos humanos y corrupción a gran escala. Hasta 2014, Andriy Portnov fue responsable del poder judicial en la administración presidencial de Víktor Yanukóvich. En Estados Unidos se le acusa de tráfico de influencias en los tribunales ucranianos.
El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania no impuso sanciones a Portnov. En septiembre de 2021, en una entrevista concedida a Radio Liberty, Oleksiy Danilov lo explicó de la siguiente manera: «Tenemos muchas amenazas, además de Portnov, hay muchos, muchos otros como Portnov. Pero necesitamos tener argumentos, pruebas».
Combativo en los tribunales
Portnov era conocido como uno de los ex funcionarios ucranianos más combativo en los tribunales. Presentó una demanda por difamación contra varios medios de comunicación, entre ellos el Kyiv Independent, por una referencia a él como político «prorruso».
La demanda se refería a un artículo de Glib Kanievskyi, entonces periodista ucraniano y actualmente funcionario del Ministerio de Defensa, publicado en varios medios de comunicación, entre ellos el Kyiv Independent, en septiembre de 2023. Un tribunal de Kiev falló a favor de Portnov en septiembre de 2024.
En diciembre de 2024, los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil ucranianos lanzaron una petición para que se le impusieran sanciones, alegando corrupción continuada. La demanda logró 25.000 firmas, pero el Consejo de Ministros de Ucrania rechazó la petición, alegando que no había motivos suficientes para imponer sanciones.
